Tegucigalpa, Honduras
La podredumbre en la Policía Nacional alcanza niveles inimaginables. Ahora uno de los asesores legales de la dirección de esta entidad reclama el inmueble del Cuartel General de Casamata como propiedad del ex director policial Salomón de Jesús Escoto Salinas, manifestando que se le tiene que pagar al oficial retirado una millonaria cantidad de lempiras por concepto de alquiler.
La corrupción en la Policía, que ya salpica a exmiembros de cúpulas anteriores y presentes, a mandos intermedios y de escala básica, ahora embarra a abogados y asesores legales de esa entidad.
Los informes y comunicaciones a lo interno muestran que la Policía no solo se volvió una amenaza para el ciudadano, sino que también desde adentro atentan contra sus bienes inmuebles.
Estos hechos igualmente evidencian la falta de diligencia de un Ministerio Público que no solo ha perdido varios expedientes de casos relacionados con los policías, sino que las denuncias que aún conserva las mantiene archivadas.
Dueños
En el Oficio-DGPN-(D.RR.MM.)-0119-2015, con fecha 26 de noviembre del 2015, el entonces director de logística del “Estado Mayor Policial”, comisionado general Quintín Antonio Juárez García, le comunica al director de la Policía, general director Félix Villanueva Mejía, que en esa fecha se presentó en la oficina de Recursos Materiales de la Dirección General el abogado Mario Tejeda Cáceres, defensor jurídico y asesor legal de la dirección policial, “solicitando que se le prestaran las escrituras viejas de los inmuebles que ocupan la unidad departamental de prevención No. 1 de (La) Ceiba, la escritura de El Boquerón, donde está ubicada la misión de la Policía en Olancho, así como también la escritura del inmueble que ocupa el Cuartel General de Casamata, aduciendo que los inmuebles antes mencionados no pertenecen a la Policía”.
Juárez le informa a su superior que al preguntarle a Tejeda Cáceres a quién a pertenece el Cuartel General de Casamata, el asesor de la Dirección de la Policía le “presentó una escritura a nombre de mi general director Salomón de Jesús Escoto Salinas manifestando que la Policía le tiene que pagar todos los años que ha utilizado las instalaciones”.
Ante esta situación, Juárez García dice que se tomó la molestia de revisar los archivos de Recursos Materiales, encontrando 360 escrituras de todos los inmuebles de la Policía a nivel nacional y las escrituras del Cuartel General de Casamata pertenecen a la Policía Nacional desde que la Policía tenía el nombre de C.E.S. y que en 1980 fueron registradas a nombre de la Fuerza de Seguridad Pública y en 2003 a nombre de la Policía Nacional.
El oficial le solicita al director de la Policía que realice “investigaciones más a fondo porque el abogado Tejeda ya tiene denuncias de cambiar escrituras de los terrenos de la Policía a nombre de otras personas y oficiales retirados para que se apropien de ellos de manera ilícita”.
El oficio con firma de Juárez García y sello de la oficina de la Dirección de Recursos Materiales, directorio estratégico de la Policía Nacional, Secretaría de Seguridad, fue recibido en la Dirección General de la Policía el mismo 26 de noviembre de 2015 a las 16:00 horas (4:00 PM) por el policía Flores.
EL HERALDO le consultó a Juárez García, ahora subdirector de la Policía, sobre el reclamo que le hizo Tejeda Cáceres acerca de que el Cuartel General de Casamata es propiedad de Escoto Salinas y el oficial respondió que no tenía ningún conocimiento de eso.
“Yo creo que deberían ir al IP (Instituto de la Propiedad) para ver a nombre de quién está esta propiedad”, recomendó.
Al saber que sobre esa situación él le envió un oficio a Villanueva Mejía, el 26 de noviembre del año pasado, Juárez García reaccionó: “¡Por escrito está eso! Ningún comentario, me agarra como en curva”. Luego agregó: “Habría que ver la legitimidad del oficio”.
Posteriormente sostuvo que hace como dos semanas llegó a entrevistarlo sobre ese caso la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial) y “nosotros dimos nuestras declaraciones”.
Al cuestionarle entonces si está al tanto del caso, el oficial respondió: “No, no, es que hay una denuncia de eso y de un montón de cosas más y yo lo que les dije fue que fueran al IP para ver a nombre de quién está la propiedad”.
Él consideró que no cree que alguien tenga el valor de acreditarse una propiedad del Estado. Explicó que todas las propiedades de la Policía eran parte de las Fuerzas Armadas, pero cuando dejaron de pertenecer a ella “se empezaron a desmembrar esas propiedades para ponerlas a nombre de la Secretaría de Seguridad”.
Negligencia
En otra comunicación interna queda expuesto cómo la Policía dejó vencer los términos para despedir al asesor legal de la Dirección General que anda con escrituras reclamando el inmueble de Casamata para el exdirector Escoto Salinas, así como de otros bienes policiales para personas particulares.
Al final es separado de la institución pagándole todos sus derechos laborales, pero increíblemente, días después es recontratado siempre como asesor legal de la Dirección General de la Policial con el salario que tenía antes, que era de 34,950 lempiras.
Así se establece en el oficio- DGPN-(D.RRHH.)-0036-2015, que el 21 de diciembre de 2015 el comisionado general Javier Leopoldo Flores Milla, entonces director de Recursos Humanos de la Policía, le remite a Villanueva Mejía informándole “sobre la situación actual del defensor jurídico y asesor legal de esa Dirección General, abogado Mario Tejeda Cáceres, con tarjeta de identidad 1201-1947-00084, a quien no se le aplicó ninguna sanción administrativa por la falta grave cometida porque el expediente investigativo llegó demasiado tarde y ya había prescrito el caso, según lo manifiesta la Ley de Servicio Civil”.
Flores Milla le manifiesta a su superior que se citó a Tejeda Cáceres para notificarle que la Policía Nacional prescindió de sus servicios en vista que la Fiscalía le está llevando una investigación por el supuesto delito de falsificación de documentos públicos y otros en perjuicio de la Policía Nacional.
“La cancelación de su acuerdo como defensor se hizo por jubilación, liquidándole todos sus derechos como manda la ley (prestaciones y cesantías), dice el oficio.
Igualmente, Flores Milla manifiesta que el jefe de Finanzas de la Policía Nacional, comisionado Marco Tulio Cruz Aguilar, le informó que la Fiscalía solicitó orden de captura contra Tejeda Cáceres y que un juez con jurisdicción nacional ya la dictó porque el profesional del derecho “presentó a Recursos Materiales una escritura pública del inmueble que ocupa el Cuartel General de Casamata y que, según la nueva escritura, el inmueble es propiedad del ex director general de la Policía Nacional, general director Salomón de Jesús Escoto Salinas, quien está cobrando a la Policía Nacional una cantidad millonaria por el alquiler del edificio”.
Asimismo Flores Milla hace del conocimiento de Villanueva Mejía que al mencionado abogado luego de ser despedido pagándole todos sus derechos “se le extendió un contrato de trabajo por dos años más como defensor jurídico y asesor legal de esa Dirección General de la Policía Nacional a partir del 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017, con el mismo salario de L 34,950.00 mensuales que tenía anteriormente”.
EL HERALDO llamó a Villanueva Mejía para conocer su versión sobre la situación legal de los inmuebles de la institución, pero resultó imposible localizarlo.
Sin embargo, el comisionado Juárez García dijo que el director está fuera del país y que en su lugar está él. Sobre el despido y luego la recontratación de Tejeda Cáceres, Juárez García aseguró que ese profesional del derecho estuvo en la Policía, pero “ya causó baja”.
En cuanto a la recontratación, manifestó: “Ahí no le sabría decir... No sé quién lo recontrataría. ¿Está trabajando entonces? ¿Dónde está trabajando que ya días no lo miro? Yo pensé más bien que ya estaba retirado”, expresó Juárez García, mostrándose sorprendido.
Denuncia
EL HERALDO consultó a Yuri Mora, relacionador público del Ministerio Público, sobre la existencia en esa entidad operadora de justicia de algún expediente contra Tejeda Cáceres, y después de varios días, el comunicador respondió que en la Secretaría General y en la Fiscalía contra la Corrupción no existía nada; sin embargo EL HERALDO constató que en la Fiscalía contra la Corrupción sí existe la denuncia número 1442-2014 contra Tejeda Cáceres, acusado de cometer los delitos de falsificación de documentos públicos, violación a los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad.
Pero, a pesar de que el Ministerio Público tiene una denuncia contra el asesor legal de la Dirección General de la Policía, en los registros digitales de los Juzgados de Letras de lo Penal y en los Juzgados con Jurisdicción Nacional, ambos ubicados en Comayagüela, no se registra ninguna acusación judicial contra el profesional del derecho.
Antecedentes
De acuerdo con las comunicaciones internas, Tejeda Cáceres desde hace varios meses reclama bienes de la Policía, aduciendo que son propiedades de oficiales y particulares.
Así se deja entrever en una nota que también el jefe departamental de La Ceiba, subcomisionado Willy Martín Núñez Morales, le manda a Villanueva Mejía el 26 de mayo de 2015 donde le da a conocer que en esa fecha se apersonó a la unidad departamental de La Ceiba el abogado Mario Tejeda Cáceres, defensor jurídico de la Policía Nacional y asesor legal de la Dirección General, “con un supuesto dueño del inmueble que ocupa esta unidad departamental, argumentando que él es el legítimo propietario del inmueble”.
El oficial informa que el asesor legal de la Dirección General de la Policía y el acompañante, de quien no da su nombre, “revisaron todas las instalaciones físicas manifestando que estaban deterioradas y que la Policía Nacional le tendrá que pagar los daños ocasionados y el tiempo que tenemos de ocupar el inmueble”.
En la comunicación, Núñez Morales recuerda que cuando estuvo asignado en la DNIC de Tegucigalpa, “en investigaciones que se realizaron se encontraron irregularidades en relación con el cambio de algunas escrituras de terrenos que pertenecen a la Policía Nacional y fueron traspasadas a otras personas, hechas por el abogado Tejeda Cáceres”.
De igual manera informa que ante la situación, se comunicó con el director de Recursos Materiales para reportarle lo sucedido y “confirmamos que en los archivos hay escrituras que constan que este inmueble es propiedad de la Policía Nacional desde los años 60, 70, 80 y 2003”.
El jefe departamental recomienda a Villanueva Mejía nombrar un buen equipo para que investigue cuál es la intención del abogado Tejeda Cáceres, quien ya tiene “denuncias en la DNIC de haber cambiado la escritura de algunos inmuebles para traspasárselos a otras personas, tal es el caso que ocupa el Cuartel General de Casamata, se lo estaba traspasando a nombre del ex director general Salomón Escoto Salinas”.
La comunicación fue recibida en la Dirección General de la Policía el 26 de mayo de 2015 a las 14:00 horas (2:00 de la tarde) por el policía Flores.
EL HERALDO buscó la versión de Tejeda Cáceres, así como la del ex director policial Escoto Salinas, pero ninguno de ellos contestó las llamadas telefónicas.
Igualmente, las autoridades de Instituto de la Propiedad (IP) y de la Procuraduría General de la República no facilitaron información sobre la escritura del Cuartel General de Casamata inscrita en el 2003, para verificar si esta, u otra posterior, está a nombre de personas particulares.
La DIECP confirmó a El HERALDO que sí tiene abierta una investigación sobre la supuesta enajenación de bienes inmuebles de la Policía a favor de oficiales y personas particulares
Exjefe de RR HH dice no recordar nada
No sabe “absolutamente nada” sobre si el inmueble del Cuartel General de Casamata es o no propiedad del exdirector de la Policía, Salomón de Jesús Escoto Salinas, dijo el comisionado general (retirado) Javier Leopoldo Flores Milla.
Al enterarse que hay un oficio donde él, cuando era jefe de Recursos Humanos de la Policía, le informó al director Félix Villanueva Mejía que el asesor legal de la Dirección General de la Policía, Mario Tejeda Cáceres, había sido despedido por supuesta falsificación de documentos públicos y que nuevamente había sido recontratado para el mismo puesto, Flores Milla dijo: “Yo no recuerdo, sinceramente, con tantos documentos que pasan por ahí, no recuerdo”.
¿Quién firma ese documento?, preguntó el oficial. Al saber que presuntamente tiene su rúbrica, él respondió: “Yo no recuerdo sinceramente haber leído un documento de esos y no sé la firma que tiene, o sea la rúbrica que tiene, no sé si es la mía o es que alguien firmó por”...
“Tendría que ver cuál es la rúbrica, si es la mía realmente, porque no recuerdo haber leído un documento de esos”, añadió.
El oficial retirado dijo que le gustaría ver el oficio para verificar si es su firma, porque la suya tiene unas claves y pidió que le llevaran el documento a la Secretaría de Seguridad, pero él nunca llegó a la verificación.
Más bien uno de los policías en la primera caseta de ingreso a la Secretaría de Seguridad manifestó que Flores Milla ya había sido retirado de la institución policial y que no tenía que llegar a hacer nada ahí
