Tegucigalpa, Honduras
La familia Rivera Maradiaga, integrante de la supuesta banda de narcotraficantes Los Cachiros, notificó al Ministerio Público ( MP) que renuncia a los bienes, valorados en 800 millones de dólares, que le fueron incautados, es decir, que no los peleará en juicio de privación de dominio.
El fiscal general del MP, Óscar Fernando Chinchilla, recibió una nota de parte de los abogados de los Rivera Maradiaga hace dos meses, en la que se le establece que el clan “no buscará reclamar las propiedades que fueron congeladas”, dijo una fuente a EL HERALDO.
Lo anterior también podría ser parte de un arreglo al que llegaron Javier Eriberto (42) y Devis Leonel Rivera Maradiaga (38), líderes de esa organización criminal que se entregaron en enero de 2015 a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus sigas en inglés) para ser enjuiciados en ese país por tráfico de drogas.
La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado ( Fescco) incautó entre 2013 y 2014 bienes equivalentes a 18,320 millones de lempiras que estaban a nombre de miembros de la familia Rivera Maradiaga y que, según el ente acusador, fueron obtenidos mediante ganancias de la venta de cocaína por más de una década.
La fortuna incautada está conformada por 118 bienes inmuebles, entre propiedades y empresas, 11 sociedades mercantiles, 26 vehículos y 71 cuentas bancarias.
Análisis jurídico
La Ley sobre Privación Definitiva de Bienes de Origen Ilícito no establece ningún procedimiento mediante el cual un caso se cierra debido a que la parte demandada renuncia a los bienes en litigio.
La propuesta de “ceder” este supuesto patrimonio ilícito es inédita en los procesos de privación de dominio, por lo que la misma es objeto de estudio para saber qué tipo de implicaciones podría generar si es aceptada.
Negociaron
Cuando Javier Eriberto y Devis Leonel Rivera Maradiaga se entregaron a Estados Unidos, trascendió extraoficialmente que su rendición era parte de un acuerdo para que no se declararan en comiso (a favor del Estado) los bienes que les fueron incautados a ellos y a sus parientes.
Si el Estado se queda con estos bienes producto de la “entrega voluntaria” que harían Los Cachiros, no habría declaratoria de que los mismos son producto de una actividad ilícita y, por lo tanto, quedaría sin probarse algún nexo de los Rivera Maradiaga con el crimen organizado, al menos en este caso.
Esto, según expertos consultados por EL HERALDO, serviría como parte de una defensa de Los Cachiros en un posible juicio en materia penal por tráfico de drogas que se pueda entablar contra ese clan en Honduras.
El juicio de privación de dominio es separado de un proceso legal-penal y por ello se realiza mediante leyes diferentes.
La pérdida de un bien se puede producir por sentencia judicial en caso de una declaratoria de comiso a favor de Estado.
De igual manera, mediante un justo título, o sea la escrituración de una propiedad por venta, donación o pagos.
“La Ley de Privación de Dominio no habla sobre la renuncia de un bien, solamente de un proceso penal en el que se define si el Estado tiene derecho sobre él o se entrega a su dueño”, indicó una fuente experta en el tema.
En los procesos penales existen medidas desjudicializadoras como un juicio abreviado o la estricta conformidad, que reducen los tiempos del juicio y bajan las penas.
“Pero en un proceso de privación no hay delito, eso solo es materia penal, en la privación solo hay medidas cuando no se puede justificar un bien, pero eso no constituye un delito en sí, por lo que definitivamente el juicio de privación no se puede detener por el ofrecimiento de renuncia de un bien”, acotó la fuente.
Inició el juicio
El Juzgado de Privación de Dominio emitió una comunicación edictal en septiembre de 2015, en la que hizo un llamado a los Rivera Maradiaga y a otros, que serían sus testaferros, para que se apersonaran en el juicio de privación de los bienes que están a sus nombres.
El edicto se hizo en virtud de que se desconoce el paradero de la mayoría de los miembros citados.
En el caso de Javier Eriberto, tendrá que ser notificado en una prisión en Brooklyn, y Devis Leonel Rivera Maradiaga en una prisión de Florida.
También fueron citados Marlene Isabel Cruz Quintanilla, José Ángel Maradiaga López, José Ignacio Maradiaga López, Javier Antonio Banegas Lazo, Ángela Concepción Reyes López, Cristóbal, Napoleón y Javier Enrique Turcios Espinoza.
De igual manera son llamados los herederos de Juan Gómez Meléndez, Nixon Yadir Manzanárez Murillo, Wilmer Alexander Maradiaga y Midence Oquelí Martínez Turcios.
El juicio por estos bienes podría comenzar a finales del presente año.
Cartel
Los Cachiros fueron declarados en abril de 2014 como organización criminal por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) y señaló que cinco empresas de su propiedad eran parte de este emporio ilícito.
Como narcotraficantes fueron designados por la Ofac Santos Isidro Rivera Cardona (padre), Esperanza Caridad Maradiaga López (madre), Maira Lizeth Rivera Maradiaga (hermana), Santos Isidro Rivera Maradiaga (hermano) y Bismarck Antonio Lira Jirón (líder de una célula nicaragüense para Los Cachiros), además de Javier y Devis Rivera Maradiaga.
En consecuencia, la Fescco procedió, entre otras, a la incautación de empresas también designadas por la Ofac, propiedad de la familia Rivera Maradiaga: Ganaderos Agricultores del Norte, S. de R.L. de C.V; Palma del Bajo Aguán, S.A.; Minera Mi Esperanza, S.A.; Inmobiliaria Rivera Maradiaga, S.A. de C.V; e Inversiones Turísticas Joya Grande, S.A. de C.V.
Los Cachiros, según investigaciones de Estados Unidos, controlaban el 90 por ciento del tráfico aéreo de cocaína en Honduras.
El intento de EL HERALDO por conseguir, por medio de la oficina de Relaciones Públicas, una reacción del Ministerio Público sobre esta petición no prosperó.
