Aunque la familia Rivera Maradiaga o mejor conocida como Los Cachiros renunciaron a los bienes incautados por la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (Fescco), un sector de la población hondureña considera que ese patrimonio debería de ser destinado por parte del Estado a causas sociales como la educación pública.
En la actualidad, la infraestructura educativa se encuentra deteriorada y hasta obsoleta en distintas partes del país, en particular en las áreas rurales, donde la inversión es escasa o casi nula por lo que los estudiantes carecen de condiciones dignas para recibir el pan del saber.
Otra parte de la hondureñidad es del criterio que la fortuna que poseía esta banda de narcotráfico en cuanto a inmobiliario podría ser empleada para fines que favorezcan a la sociedad y la generación de más fuentes de empleo.
La mayoría de las ocasiones la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) subasta las propiedades que se le privan a quienes se dedican a actividades ilícitas como el tráfico de drogas, por lo que en esta ocasión podría recurrir a que el Estado las ceda para la instalación de escuelas, colegios o espacios recreativos sin restricción de acceso, conforme a especialistas.
EL HERALDO reveló este lunes en su edición impresa que Los Cachiros notificaron al Ministerio Público (MP) sobre la abdicación a la riqueza confiscada, la cual está valorada en 800 millones de dólares y que está conformada en 118 bienes inmuebles, entre propiedades y empresas, 11 sociedades mercantiles, 26 vehículos y 71 cuentas bancarias, respectivamente.
Si bien es cierto, es inédita en los procesos de privación de dominio la propuesta de “ceder” este supuesto patrimonio ilícito, la misma es objeto de estudio para saber qué tipo de implicaciones podría generar si es aceptada.
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