Tegucigalpa, Honduras
El Poder Judicial dejó por fuera de la comisión que nombrará a los jueces anticorrupción al magistrado coordinador de la Sala Penal, José Olivio Rodríguez, quien tiene una denuncia por presuntos actos de corrupción.
Esa fue la decisión que tomó ayer el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta.
El titular de la CSJ modificó el protocolo de creación de la comisión, aprobado el 3 de junio, que estipulaba que el coordinador de la Sala Penal iba a dirigir ese ente. Con el cambio se establece que cualquier magistrado de esa sala será el que presida la comisión. “El cambio se hizo a fin de no afectar ninguno de los elementos del proceso, el presidente (Argueta) dialogó con el magistrado (Rodríguez) y en mutuo acuerdo establecieron que sería de esta manera en aras de un proceso transparente y que no tenga la menor duda de la ciudadanía”, declaró el vocero del Poder Judicial, Melvin Duarte.
Señalamientos
El magistrado Rodríguez fue denunciado el 31 de abril ante el Ministerio Público por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de avalar una compra sobrevalorada de equipo para un taller automotriz en la regional de Olancho del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) durante el gobierno pasado.
EL HERALDO reveló en exclusiva una serie de publicaciones que, según las investigaciones del CNA, el magistrado dio su visto bueno para la compra de los sistemas como miembro de la Comisión Evaluadora de la licitación que se adjudicó a Grupo Visión.
El contrato tiene un valor de 76 millones de lempiras, pero de acuerdo al CNA, se pagaron 21 millones demás porque se inflaron los precios.
Rodríguez fue nombrado como secretario general de Infop, el 30 de noviembre de 2012, y en febrero de 2015 resultó electo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Ante la revelación de la supuesta participación de este magistrado en actos de corrupción, diversos sectores mostraron su descontento.
Lo anterior debido a que el funcionario tendría la coordinación del ente que estaría a cargo para hacer la selección de jueces en materia de corrupción y no lo consideraban ético.
La creación de juzgados anticorrupción está contemplado en el convenio constitutivo de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
Este convenio faculta a la Maccih a certificar a los jueces que serán parte de estas nuevas judicaturas, una de las cuales se ubicarán en Tegucigalpa y la otra en San Pedro Sula.
Integrantes
Argueta mencionó anteriormente que la conformación de los nuevos tribunales en materia de corrupción estaría lista para el mes de mayo.
Pero ayer ya se dio a conocer los nombres de las personas que integrarán la comisión reguladora del proceso de selección. De acuerdo a la designación, la comisión estará integrada por los tres miembros propietarios, el magistrado de la Sala Penal, Rafael Bustillo Romero, quien fungirá como presidente y sustituye a Rodríguez; la magistrada de la Sala Laboral de Contencioso Administrativo, María Fernanda Castro; y el vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Juan Jiménez Mayor.
A su vez, como miembros suplentes quedaron designados Alma Consuelo Guzmán, también magistrada de la Sala Penal; la oficial de Transparencia del Poder Judicial, Indira Toro Caballero, y el otro representante de la Maccih, Jan Michael Simon.
Por su parte, quien el representante de la sociedad civil, que fungirá como secretario de la comisión, fue nombrado Carlos Hernández y como su suplente estará Léster Ramírez, ambos son miembros de la Asociación para una Sociedad más Justa.
La Maccih, cuyo acuerdo fue firmado en enero de 2015, tiene la misión de depurar el sistema de impartición de justicia. Tendrá cuatro años de vigencia.
