El secretario de Defensa, Samuel Reyes, calificó como falso el artículo publicado por el importante diario británico The Guardian donde asegura que la ambientalista hondureña Berta Cáceres apareció en una supuesta “lista negra” de militares hondureños antes de su muerte.
Según el reportaje, el listado donde estaba escrito el nombre de la ambientalista fue distribuido a agentes especiales de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) entrenados por agentes del FBI solo meses antes de que asesinaran a Cáceres.
En consecuencia, Reyes brindó declaraciones a los medios de comunicación este miércoles y aseguró que los detalles dados a conocer en el artículo divulgado por ese importante rotativo es completamente falso.
'Las Fuerzas Armadas de Honduras son una institución que están en constante adiestramiento en todas las categorías y dicha capacitación está orientada a brindar un mejor servicio al pueblo”, explicó el funcionario.
Asimismo, recordó que desde hace dos años se cuenta con seis batallones de la policía militar ubicados estratégicamente, al mismo tiempo, que aclaró que no existe un séptimo, tal y como lo da a conocer la publicación.
En relación al asesinato de Cáceres, donde se involucra a un miembro activo de la institución (oficial con baja deshonrosa) dijo que “nuestra institución ha puesto toda su voluntad en aclarar esta situación, poniendo a la orden de los tribunales correspondientes toda la información precisa'.
Artículo integró de The Guardian traducido al español:
Berta Cáceres, defensora del medio ambiente asesinada, apareció en una lista negra distribuido a agentes especiales entrenados por USA meses antes de su muerte, segú un exsoldado.
Se dan listas que ofrecen los nombres y fotografías de los activistas sociales y medioambientales a dos unidades de élite, con órdenes de eliminar cada objetivo, de acuerdo con el sargento primero Rodrigo Cruz, 20.
El comandante de la unidad de Cruz, un teniente de 24 años de edad, abandonó el lugar en lugar de cumplir con la orden. Cruz – que pidió ser identificado por un seudónimo por temor a represalias – hizo lo mismo, y huyó a un país vecino. Varios otros miembros de la unidad han desaparecido y se teme que hayan muerto.
“Si me iba a casa, me matarían. Diez de mis antiguos colegas están desaparecidos. Estoy 100% seguro de que Berta Cáceres fue asesinada por el ejército, “Cruz dijo a The Guardian.
Cáceres, dirigente indígena lenca que ganó el prestigioso Premio Ambiental Goldman en 2015 para una campaña contra la presa hidroeléctrica de Agua Zarca, fue asesinada a tiros en su casa en marzo. Antes de su asesinato, se había informado de 33 amenazas de muerte vinculadas a la campaña y había advertido a los delegados internacionales de derechos humanos que su nombre estaba en una lista negra.
Según Cruz, el nombre de Cáceres apareció en una lista dada a una unidad de policía militar en la Fuerza Interinstitucional de Seguridad (Fusina), que el verano pasado recibió entrenamiento de 300 marines y agentes del FBI.
Cinco hombres han sido detenidos por su asesinato, incluyendo el mayor Mariano Díaz Chávez, un importante servicio activo en el ejército de Honduras. Díaz había participado anteriormente en operaciones militares conjuntas entre Estados Unidos y Honduras en Irak, y se informaron en los medios locales que ser un graduado del curso de élite de operaciones especiales Tesón que se enseña en parte por las fuerzas especiales de Estados Unidos. Díaz era un instructor de la policía militar cuando fue arrestado, pero desde entonces se ha dado una baja deshonrosa.
Annie Bird, director del grupo de derechos y Ecología que documenta violaciones de los derechos humanos en Honduras, dijo: “El testimonio de Cruz sugiere que escuadrones de la muerte están apuntando a la oposición política, pero el sistema de justicia es tan roto, y directamente el control de personas implicadas en la corrupción, que hay hay nadie [en Honduras] que puede investigar de manera creíble “.
The Guardian entrevistó Cruz varias veces por teléfono y videollamada, y habló con varias personas – académicos, líderes comunitarios y activistas – que han entrevistado a Cruz y confirmó su identidad y antecedentes militares.
Cruz se alistó en el ejército en diciembre de 2014, y después de tres meses de entrenamiento básico, se transfirió al 7º Batallón de la policía militar, que fue creada en 2013 para sustituir a una fuerza de policía civil inmersa entre acusaciones de corrupción y abuso.
Completó dos campos agotadoras de formación especializada, incluyendo el curso Tesón, donde recibió instrucción de asesores militares extranjeros, entre ellos estadounidenses, colombianos e instructores que hablaban un idioma extranjero, que Cruz no pudo identificar. El año pasado, el curso Tesón se convirtió en el objeto de una intensa controversia cuando surgieron imágenes que muestran un aprendiz se ven obligados a comer la cabeza de un perro.
Durante su formación, Cruz fue hospitalizado dos veces con la deshidratación, pero completó el curso y en octubre del año pasado, Cruz y otros 15 hombres de su batallón fueron recogidos para servir en el grupo de trabajo Xatruch – una de las dos fuerzas de múltiples agencias en Honduras implementa en especialistas antinarcóticos y las operaciones de lucha contra las pandillas.
La fuerza Xatruch cubre la costa del Caribe, que se ha convertido en una importante estación de paso para los carteles de la droga de contrabando de cocaína desde Sudamérica a los EE.UU.. El segundo grupo de trabajo, Fusina, opera a nivel nacional.
A mediados de diciembre, el comandante de Cruz reunió a sus subordinados después de un partido de fútbol del martes por la noche y les mostró varias hojas de papel con los nombres, fotografías, direcciones y números de teléfono de cada objetivo. Una lista fue asignada a su unidad; el segundo a una unidad similar en Fusina.
“El teniente dijo que no estaba dispuesto a seguir adelante con el fin de que los objetivos eran gente decente, luchar por sus comunidades. Dijo que la orden vino de los jefes de personal [y] que estaba bajo la presión del comandante Xatruch a cumplir “, dijo Cruz.
Unos días más tarde, el teniente salió de la base y no ha sido visto desde entonces. No era la primera vez que Cruz había visto las listas. Unas pocas semanas antes en Punta Piedra, una ciudad en la costa del Caribe, hojas de papel similares habían caído en el chaleco de su comandante en el jeep, que condujo Cruz.
“Sólo los tenía en la mano durante 20 o 30 segundos, pero me di cuenta de algunas caras como líderes del Bajo Aguán [región]. No he dicho nada “, dijo Cruz.
La región del Bajo Aguán – en el que se basa el grupo de trabajo Xatruch – ha sido escenario de una serie de disputas por la tierra violentos entre los poderosos magnates de aceite de palma y los agricultores locales. Más de 100 personas, principalmente campesinos, activistas han sido asesinados, muchos a manos de las fuerzas de seguridad estatales o privadas.
Entre los nombres que figuran en la lista negra visto por Cruz fue el de Juan Galindo, un activista que habían huido de la región después de recibir amenazas, pero fue asesinado en noviembre de 2014 después de volver a casa desde el exilio a visitar a su madre enferma.
Cruz también reconoció a Johnny Rivas y Vitalino Álvarez, miembros de alto perfil del Movimiento Campesino Unificado (Muca). Ambos hombres estaban entre 123 activistas en el Bajo Aguán, nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2014 de que exige medidas de protección urgentes.
Álvarez, de 52 años, que ha sobrevivido a cuatro intentos de asesinato desde 2010, dijo: “Ha habido una estrategia sistemática para eliminar a los líderes sociales más beligerantes. Desde que mataron a Berta, los rumores son ahora soy parte superior de esa lista “.
Grupos de derechos humanos han condenado el apoyo estadounidense a las fuerzas de seguridad de Honduras en medio de crecientes pruebas que implican a la policía y militar en los abusos sistemáticos. En abril, los activistas advirtieron al Congreso que escuadrones de la muerte se dirigen a activistas de la oposición, al igual que lo hicieron durante la “guerra sucia” en la década de 1980.
Los EE.UU. ha dado a Honduras un estimado de $ 200 en la policía y la ayuda militar desde 2010 como parte de sus esfuerzos para detener el crimen organizado y la migración de indocumentados, según cifras del Departamento de Defensa y estatales. Además, Honduras comparte el fondo de $ 750 millones de la Alianza para la Prosperidad aprobado por el Congreso el año pasado por violenta Triángulo Norte de América Central.
Ambos paquetes de ayuda incluyen las condiciones de derechos humanos, pero tampoco se ha restringido, aunque más reciente informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado dice que “los homicidios ilegítimos y arbitrarios y otras actividades delictivas por parte de miembros de las fuerzas de seguridad” siguen siendo uno de los problemas más graves del país .
Ni el Ministerio de Defensa de Honduras ni el Departamento de Estado de Estados Unidos respondieron a repetidas solicitudes de comentarios por The Guardian.
Después de lugarteniente de Cruz abandonó a mediados de diciembre, los otros miembros de su unidad fueron redistribuidos por separado. Cruz trabajó durante unos 10 días con el comandante del grupo de trabajo Xatruch.
Durante este breve despliegue, Cruz dijo que se despertó en medio de la noche para el transporte de bolsas de plástico negras al río Tocoa, en el Bajo Aguán, donde los colegas vaciaron los restos humanos sobre el puente.
También describió haber visto una “sala de tortura” cerca de una instalación militar en la ciudad de Bonito Oriental. “Yo no vi a nadie, pero no había sangre fresca, un martillo, clavos, una cadena y pinzas en la habitación.”
Poco después, Cruz y sus colegas fueron todos enviados en excedencia. Ahora cada vez más ansiosos por su propia seguridad, huyó Cruz, cruzando la frontera ilegalmente como sus documentos de identificación estaban todavía con el ejército. Ahora está en la clandestinidad y han informado de su familia que los policías militares han cuestionado sus vecinos sobre su paradero.
Lauren Carasik, director de la Clínica Internacional de Derechos Humanos en el Western New England University, dijo que los EE.UU. deben dejar de hacer la vista gorda a la ilegalidad.
Esto es preocupante evidencia de fumar arma que refuerza las llamadas que los EE.UU. debe retirar la ayuda militar de Honduras, donde ha habido un baño de sangre desde el golpe de 2009 “.
La violencia en Honduras aumentó dramáticamente después de un golpe de estado apoyado por los militares en julio de 2009 obligaron al presidente Manuel Zelaya del poder. Defensores del medio ambiente llevaron la peor parte de la represión después de que el nuevo gobierno de derecha licencia cientos de mega-proyectos, incluidas las minas y presas hidroeléctricas en zonas ambientalmente sensibles. Al menos 109 activistas fueron asesinados entre 2010 y 2015, por lo que Honduras uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores del medio ambiente.
Un número creciente de políticos estadounidenses han expresado su preocupación por la situación.
En agosto de 2015, 21 miembros del Congreso escribieron a la secretaria de Estado, John Kerry, aumentando las preocupaciones específicas sobre el apoyo estadounidense a Fusina, que en repetidas ocasiones se ha acusado de violaciónes de derechos humanos.
La semana pasada, la Ley de derechos humanos Berta Cáceres en Honduras, pidió suspender la ayuda estadounidense de seguridad hasta violaciónes de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad alto – se introdujo al Congreso por el Representante Hank Johnson.
“Proporcionamos millones de dólares en asistencia de seguridad a Honduras pero se han encontrado estas mismas fuerzas para atacar y matar a activistas ambientales, laborales y de derechos humanos, como Cáceres sin ninguna respuesta efectiva de las autoridades”, dijo Johnson.
La hija de Cáceres, Bertita Zúñiga, dijo que el testimonio de Cruz reforzó las llamadas de la familia para una investigación internacional independiente para encontrar a los autores intelectuales.
“Esto nos muestra que escuadrones de la muerte están operando en las fuerzas armadas, que están siendo utilizados para deshacerse de los planes de gobierno de oposición. Nos muestra que violaciónes de los derechos humanos son una política de Estado en Honduras “.
