Tegucigalpa, Honduras
El Ministerio Público analiza presentar requerimientos fiscales por asociación ilícita o “ley antimaras” contra funcionarios y exfuncionarios investigados por casos de corrupción, dijo el fiscal general Óscar Fernando Chinchilla.
“No es tan fácil encasillar estos casos, por eso estamos estudiando mucho dentro del Ministerio Público a efecto de poderlos aplicar, de hecho, cuando se han judicializado casos de maras y pandillas por asociación ilícita, hemos encontrado ese punto de que la jurisprudencia exige acreditar presupuestos, pero sí se está trabajando en este tema”, indicó el fiscal.
Chinchilla hizo esta revelación durante la presentación a la sociedad civil y operadores de justicia del informe Judicialización de la corrupción pública 2008-2015, de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ).
Muchos requerimientos fiscales por casos de corrupción se entablan por delitos como abuso de autoridad, que se sanciona con penas de tres a seis años de cárcel, lo que permite al imputado conmutar la sanción.
El artículo 332 del Código Penal sanciona con pena de 20 a 30 años de prisión a los jefes o cabecillas de maras o pandillas y “demás grupos” con el propósito de cometer algún delito.
En agosto de 2002 se hizo la reforma del artículo 332 del Código Penal, mediante el cual se aplicaron penas de tres a seis años para quienes se asociaran para delinquir, una figura penal dirigida principalmente para líderes de pandillas.
Como panelistas participaron en el evento, además de Chinchilla, el coordinador de reforma penal de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), Jean Simmons; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, y el presidente de ASJ, Carlos Hernández.
A juicio de Hernández, es claro que para que se cometan actos de corrupción los funcionarios se agrupan para planificar los hechos punibles.
“Cuando uno analiza los últimos casos de corrupción es evidente que se asociaron, es evidente que se juntaron para cometer un delito y, ojalá podamos avanzar para crear jurisprudencia”, consideró.
Pero en julio de 2015 ese numeral se reforma para endurecer la pena.
Pérdidas millonarias
Según el informe de ASJ, durante el período 200-2015 el MP recibió 3,471 denuncias de corrupción, de los que solo 283 culminaron en requerimientos fiscales.
La pérdida patrimonial para el Estado provocada por casos de corrupción fue de 179 millones de dólares (3,939 millones de lempiras).
De este valor, 118 millones de dólares (cerca de 2,700 millones de lempiras) corresponden al efecto generado por el latrocinio en perjuicio del Instituto Hondureño de Seguridad Social.
De los 283 acusaciones presentadas, solamente hubo una sentencia condenatoria de siete años de cárcel contra el exgerente del Seguro, Ramón Bertetty, por cohecho, en el caso de la compra sobrevalorada de ambulancias.
Por su parte, Jean Simmons consideró inconcebibles que mediante medidas alternas muchos corruptos eludan pagar su culpa en prisión.
