Tegucigalpa, Honduras
Del Poder Ejecutivo depende que entre en operaciones la Superintendencia para la Aplicación de Pruebas de Evaluación de Confianza, según miembros de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional.
La Superintendencia, que funcionará adscrita al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, debió entrar en funcionamiento en abril de 2015, pero factores como la falta de presupuesto y un recurso de inconstitucionalidad interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia contra las pruebas de confianza atrasaron su instalación.
Su inmediata operatividad ha sido planteada luego de que los miembros de la Comisión Especial para la Depuración de la Policía Nacional anunciaran que pedirán al Congreso la disolución de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP).
Incluso, el depurador Omar Rivera, afirmó que se necesita “pulverizar” a la DIECP por los malos resultados generados desde su creación en materia de depuración policial. El presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, Francisco Rivera, declaró que no ha llegado al Congreso ninguna solicitud para la aprobación del presupuesto requerido para el funcionamiento de la nueva Superintendencia.
“Entiendo que la misma depende del Poder Ejecutivo y en el momento que introduzcan una iniciativa para aprobar el presupuesto de la Superintendencia, se aprobarán en este Congreso”, dijo Rivera.
El congresista señaló que en cuestiones de presupuesto la Comisión no actúa de oficio, tiene que haber una solicitud debidamente justificada y en la que se identifiquen las fuentes de financiamiento.
La Superintendencia practicará las pruebas de confianza no solo a los miembros de la Policía sino también a todos los funcionarios que componen los operadores de justicia, y hasta los empleados del Poder Ejecutivo que el Presidente designe.
Una urgencia
Ante la validación de las pruebas de confianza de polígrafo, psicométricas, patrimoniales y toxicológicas a todos los funcionarios de los operadores de justicia se requiere de una institución especializada, sostiene el diputado Walter Banegas.
Afirmó que por falta de certificación de los operadores de justicia, tanto la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial han reportado resultados mediocres, sobre todo en la lucha contra la corrupción.
Por esta razón, urgió poner en funcionamiento la Superintendencia y darle otro rol a la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial.
De acuerdo con la ley creada al efecto, la Superintendencia será un ente con independencia técnica, funcional, administrativa y presupuestaria.
Sectores de la sociedad confían en que quien dirija esta institución sea una persona de sobrada experiencia profesional, amplios conocimientos y sólida moral.
