Tegucigalpa, Honduras
En la medida que se avanza en la evaluación y se baja en las escalas de la Policía Nacional, el proceso de depuración y certificación de los agentes se vuelve “más complejo”.
Ese es el criterio de los miembros de la Comisión Especial de Depuración de la Policía, quienes iniciaron el proceso de arriba hacia abajo, es decir, con los directores generales y van a concluir la depuración con los agentes.
Otro de los aspectos que analizan los depuradores es el tiempo que se pueden tardar en concluir el proceso, en el que hasta la fecha se han cancelado de la institución a 221 oficiales de los 700 que han sido evaluados.
“Según el Decreto de Emergencia tenemos nueve meses para concluir con la depuración, pero consideramos que debe ser un proceso permanente”, manifestó Omar Rivera.
Desde ayer, la Comisión inició la evaluación de 497 subinspectores luego de evaluar a 241 inspectores, de los cuales 64 fueron cancelados y 163 ratificados.
Luego de este paso, se va a continuar con la evaluación de los suboficiales III, II y I. También con los clases III, II y I, al igual que con los policías, que en estas siete escalas son alrededor de 9,500 uniformados.
“El proceso se vuelve más complejo porque se debe hacer un abordaje que dé prioridad a identificar a los miembros de redes de corrupción e integrantes de bandas del crimen organizado, por lo que ahora habrá que ‘escanear’ de lado a lado, hasta proceder en contra de aquellos que actúan ilícitamente”, dijo Rivera a EL HERALDO.
Consideró que los resultados de la aplicación de pruebas de confianza y la información que suministre la población a través de las denuncias será fundamental para evaluar e investigar a los agentes de la escala básica, porque en la Secretaría de Seguridad no se cuenta con suficiente información de cada uno de ellos.
“Es por eso que la información que suministre la población de las acciones ilegales de los malos policías en las diferentes regiones será fundamental para continuar con la profilaxis en la Policía Nacional”, enfatizó.
Por su parte, Alberto Solórzano, también integrante de la Comisión de Depuración, dijo que entre los retos que tienen está “concluir la evaluación de los agentes en la escala básica, definir mecanismo para la recertificación de oficiales ratificados y la entrega de los expedientes al Ministerio Público en los cuales hubiese supuestos indicios de responsabilidad en ilícitos, para la respectiva investigación”.
