Tegucigalpa, Honduras
La iniciativa de ley sobre financiamiento político contempla la cancelación de la inscripción de los partidos que acepten dinero ilícito.
Juan Jiménez Mayor, vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), dijo que el proyecto, elaborado en consenso con la clase política, contempla 70 artículos.
En entrevista a EL HERALDO detalló que dentro de esta normativa hay novedades como la creación de una unidad técnica especializada en el financiamiento, transparencia y fiscalización de fondos de partidos políticos.
“Esta unidad tiene una serie de funciones muy importantes, puede sancionar a partidos, candidatos y movimientos que no rinden cuentas, o que rinden cuentas de manera tardía o rinden cuentas falseando información”, aseguró.
Detalló que se crea un catálogo de sanciones que “pueden ir desde multas hasta la cancelación de inscripción de un partido”.
Otra innovación es que por primera vez en el país se legislaría para fijar un tope o techo de gastos de campaña y aportes a los partidos.
Enumeró también que la unidad puede levantar el secreto bancario y fiduciario de operaciones que puedan estar vinculadas al financiamiento electoral.
Apuntó que inclusive esta unidad podrá requerir a un medio de comunicación información sobre publicidad contratada por cualquier candidato.
La normativa también expone limitaciones para quienes deseen aportar a un partido.
Jiménez indicó que entre las prohibiciones está que no pueden ser aportantes quienes tengan relación de contratos con el Estado, tampoco las congregaciones religiosas, entre otros.
Otro aspecto relevante es que se plantea equidad en la pauta publicitaria “y la suspensión de la publicidad estatal durante el tiempo que dure la campaña”.
Plazo
Sin embargo, este proyecto de normativa aún no ha sido aprobado en el Congreso Nacional, y existen puntos que podrían retrasar que se convierta en ley.
Según Jiménez, uno de los puntos en conflicto es el techo y el otro es el mecanismo de designación de la unidad fiscalizadora que sería por el Congreso Nacional.
Sobre este último punto Jiménez dijo que la Maccih ha ofrecido al Congreso tener participación en la designación del titular de la unidad fiscalizadora.
A su criterio esta unidad debe estar comandada por un experto electo por el Congreso Nacional, “y no debería ser un político el que esté al mando de esta institución”.
Sobre el techo de inversión en campañas y aportes, Jiménez confirmó que plantearon una cifra a la clase política, pero no quiso revelarla.
La iniciativa de financiamiento debería ser aprobada antes del 11 de septiembre, día en el que se hará la convocatoria a las elecciones internas que se realizarán el 12 de marzo del siguiente año.
“Si me pregunta si el pleno va a tener una posición favorable, yo espero que sí, creo que el país necesita una ley de este tipo”, comentó.
Jiménez mencionó que el plazo para aprobar esta ley era de tres semanas, justo antes de que se realice la convocatoria.
