Santa Ana, Honduras
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) demandó el martes justicia para 184 dirigentes populares que desaparecieron en la década de 1980 a manos del ejército y la policía por participar en movimientos revolucionarios.
'Exigimos justicia, porque se los llevaron de sus hogares, centros de estudio y sus trabajos y nunca volvieron', dijo el activista de derechos humanos, Aníbal Puerto, al leer un manifiesto del Cofadeh en un acto celebrado en el Hogar contra el Olvido, un parque construido en honor a los desaparecidos en un paraje de Santa Ana, 10 km al sur de la capital.
'Honduras, a través de organismos de Derechos Humanos, reporta 184 desaparecidos' de 1979 a 1989, entre obreros, intelectuales estudiantes, hondureños, salvadoreños, costarricenses y de otras nacionalidades por ser 'motores de cambio', añadió Puerto.
A los dirigentes populares 'los despareció el Estado de Honduras', que aplicó una doctrina de seguridad nacional consistente en secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer a quienes veía como sus adversarios ideológicos, explicó.
Cofadeh fue fundado en 1982 por familiares de personas desaparecidas a manos de escuadrones de la muerte entrenados por agentes estadounidenses y asesores argentinos con el pretexto de detener al comunismo, representado en esa época por organizaciones de izquierda.
A la ceremonia asistieron más de cien activistas y los representantes de la Unión Europea, Ketil Karlsen, y de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas para Honduras, Omar Gómez.
Karlsen lamentó que ninguna autoridad del gobierno asistiera al acto, a pesar de que el Congreso aprobó en 2002 declarar el 30 de agosto como Día Nacional del Detenido Desaparecido.
Puerto criticó que el Estado hondureño mantenga una postura de protección de los responsables de las desapariciones, quienes se han convertido en prósperos asesores del gobierno y empresas.
Una treintena de militares y policías fueron acusados por los delitos ante los tribunales en 1994 pero todos salieron en libertad porque los jueces alegaron falta de pruebas.
La coordinadora del Cofadeh, Bertha Oliva, recordó que el Honduras fue el primer estado condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, por la desaparición forzada de los dirigentes populares Manfredo Velásquez y Saúl Godínez.
Gómez, por su parte, abogó por que el estado de Honduras logre erradicar el 'horrendo crimen' de la desaparición forzada y ayude a dar con los restos de los desaparecidos.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) demandó el martes justicia para 184 dirigentes populares que desaparecieron en la década de 1980 a manos del ejército y la policía por participar en movimientos revolucionarios.
'Exigimos justicia, porque se los llevaron de sus hogares, centros de estudio y sus trabajos y nunca volvieron', dijo el activista de derechos humanos, Aníbal Puerto, al leer un manifiesto del Cofadeh en un acto celebrado en el Hogar contra el Olvido, un parque construido en honor a los desaparecidos en un paraje de Santa Ana, 10 km al sur de la capital.
'Honduras, a través de organismos de Derechos Humanos, reporta 184 desaparecidos' de 1979 a 1989, entre obreros, intelectuales estudiantes, hondureños, salvadoreños, costarricenses y de otras nacionalidades por ser 'motores de cambio', añadió Puerto.
A los dirigentes populares 'los despareció el Estado de Honduras', que aplicó una doctrina de seguridad nacional consistente en secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer a quienes veía como sus adversarios ideológicos, explicó.
Cofadeh fue fundado en 1982 por familiares de personas desaparecidas a manos de escuadrones de la muerte entrenados por agentes estadounidenses y asesores argentinos con el pretexto de detener al comunismo, representado en esa época por organizaciones de izquierda.
A la ceremonia asistieron más de cien activistas y los representantes de la Unión Europea, Ketil Karlsen, y de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas para Honduras, Omar Gómez.
Karlsen lamentó que ninguna autoridad del gobierno asistiera al acto, a pesar de que el Congreso aprobó en 2002 declarar el 30 de agosto como Día Nacional del Detenido Desaparecido.
Puerto criticó que el Estado hondureño mantenga una postura de protección de los responsables de las desapariciones, quienes se han convertido en prósperos asesores del gobierno y empresas.
Una treintena de militares y policías fueron acusados por los delitos ante los tribunales en 1994 pero todos salieron en libertad porque los jueces alegaron falta de pruebas.
La coordinadora del Cofadeh, Bertha Oliva, recordó que el Honduras fue el primer estado condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, por la desaparición forzada de los dirigentes populares Manfredo Velásquez y Saúl Godínez.
Gómez, por su parte, abogó por que el estado de Honduras logre erradicar el 'horrendo crimen' de la desaparición forzada y ayude a dar con los restos de los desaparecidos.
