Tegucigalpa, Honduras
Con una asignación presupuestaria de 14,532 millones de lempiras operan este año las instituciones encargadas de la defensa y seguridad en Honduras.
El año anterior, la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa Nacional, Gabinete de Defensa y Seguridad, Ministerio Público (MP) y Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) ejecutaron un presupuesto de 11,690 millones de lempiras.
Eso significa que este año se les incrementó el presupuesto en 2,842 millones de lempiras.
Además, a través del sistema de la tasa de seguridad, hasta el 31 de julio de este año se desembolsaron más de 1,253 millones de lempiras, los que se distribuyeron en la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa Nacional, Corte Suprema de Justicia y Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación (DNII).
Con esta fuerte inversión financiera, que suma 15,700 millones, el Estado enfrenta los homicidios que se registran en las principales ciudades del país, el combate al crimen organizado y las diversas medidas preventivas en materia de seguridad.
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El crimen
Según Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), desde que ese ente inició con el análisis en 2005 se registró una tasa de 37 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Dichas cifras alcanzaron una tasa de 86.5 por cada 100 mil habitantes en 2011 donde ese año se contabilizaron 7,104 homicidios a nivel nacional.
Sin embargo, en 2012 empieza una disminución en la tasa de homicidios hasta llegar al 2015 con una tasa de 60 por cada 100 mil habitantes.
Para la funcionaria, las causas por las que inicia una reducción en las muertes violentas y en especial en los homicidios es porque se implementan nuevas estrategias en materia de seguridad como mandar a los militares a las calles.
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Otra de las medidas que se implementan es que se activa la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) para hacerle frente al tema del delito.
Migdonia Ayestas aseguró que en el primer semestre de este año el Observatorio de la Violencia contabiliza una tasa parcial de 29.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero falta validar con los operadores de justicia algunos datos.
En el primer semestre del año anterior se contabilizaron 2,658 homicidios y en el primero de este año se contabilizaron 2,565, lo que representan 93 casos menos en comparación al año anterior.
Si se mantiene la tasa parcial, para el fin de año se proyecta una tasa anual de 60 homicidios por cada 100 mil habitantes, cifra que sería igual con lo que cerró la tasa el año anterior.
De acuerdo a datos del Sistema de Estadística Policial (Sepol), la tasa de homicidios que se registra es de 57.53, por lo que la tendencia es a la baja.
Las autoridades policiales estiman que a final de año se puede llegar a una tasa de 55 homicidios por cada 100 mil habitantes.
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Se debe elevar
Mientras que Omar Rivera, representante de grupos de sociedad civil y miembro de la Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional, considera que “el Congreso Nacional debe aumentar el presupuesto del sistema de seguridad y justicia para el ejercicio fiscal 2017”.
“Se deben fortalecer las capacidades de la institucionalidad estatal, lo que implica incrementar y distribuir de forma equitativa el presupuesto de las instituciones que conforman el sistema de seguridad, defensa y justicia del país”, detalló Rivera.
Explicó que “se debe continuar fortaleciendo las capacidades de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para que enfrenten al crimen organizado, redes transnacionales, carteles del narcotráfico y la delincuencia común.
Además, se deben incrementar las asignaciones del Ministerio Público; así como garantizar el cumplimiento constitucional de transferir el tres por ciento del Presupuesto General al Poder Judicial.
Del mismo modo, es del criterio que “se deben hacer sostenibles recursos a las nuevas unidades recién creadas, tal es el caso de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII)”.
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“Solo el MP necesita más de 500 millones de lempiras para enfrentar la carga extraordinaria que ha generado recientemente en el marco de la lucha contra el crimen organizado, narcotráfico y corrupción estatal”, dijo.
En tanto, la Secretaría de Seguridad necesita más recursos para financiar el pago de salarios de los tres mil nuevos agentes de escala básica que van a graduarse del Instituto Tecnológico Policial en La Paz y el Poder Judicial necesitará más recursos para mejorar la apertura de los juzgados anticorrupción y antiextorsión, entre otros”.
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Actitudes de odio
Por su parte, el comisionado nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, aseguró que el país vive una época excepcional caracterizada por una violencia generalizada que aumenta por las actitudes de odio e intolerancia entre los mismos hondureños.
Herrera Cáceres cuestionó que hay gente que provoca el odio e intolerancia que divide a grupos y separa a grandes sectores de la población.
Agregó que quienes pregonan el odio y la intolerancia no solamente desvalorizan su propia dignidad sino que pretenden negar la dignidad de los demás e introducir prejuicios, hostilidad y discriminación.
Ante esa situación, el titular del Conadeh exhortó a todos los servidores del Estado y a los miembros de la sociedad hondureña a mantener y levantar, con brazo firme y con un propósito decidido, el estandarte de la dignidad humana. Recomendó que las actitudes de odio y de intolerancia se deben contrarrestar con la fraternidad, la solidaridad, la lealtad y la unidad, que son los valores de la Bandera Nacional.
Hizo énfasis en que la solidaridad es un instrumento para avanzar por el camino del desarrollo sostenible y de la democracia real en Honduras.
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