Al menos 13 policías hondureños suspendidos de forma temporal por la Comisión Especial para la Depuración Policial serían reincorporados a la institución al vencer el plazo para encontrar indicios que los vinculen a crímenes de alto impacto.
Así lo informó German Licona, abogado de uno de los oficiales separados, la tarde este lunes al citar una resolución de la propia comisión depuradora. 'Ellos tienen forzosamente que ser reinstalados inmediatamente', enfatizó.
La decisión obedece a que venció el plazo de cuatro meses de investigación y, al no haber indicios de responsabilidad, los señalados tienen que asumir sus cargo, explicó.
Entre los oficiales favorecidos con la medida están José Edgardo Ayala Lopez, Kenneth Obdulio, Héctor Caballero Velásquez, Nancy Yesenia Cano Reyes, Marco Tulio Aguilar y José Ventura Flores Maradiaga.
Cabe recordar que estos uniformados salen implicados en las muertes del zar antidrogas Julián Arístides González y el exasesor en seguridad, Alfredo Landaverde, según un informe al que EL HERALDO tuvo acceso exclusivo y que The New York Times también hizo eco a mayor detalle.
La obligación es que 'nuestros clientes sean reintegrados a sus actividades, no tienen nada que ver en estos asuntos que los han vinculado', reclamó.
Al referente que los casos han trascendido a nivel internacional, el apoderado legal defendió que 'en ningún momento ha habido informes internacionales, son noticias que les hicieron llegar a medios de comunicación'.
Reacción de la depuradora
Minutos después de conocerse la medida, Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial, sostuvo que ''ninguno de los que aparecieron mencionados en los supuestos informes de inteligencia policial que fueron hechos públicos en EL HERALDO y The New York Times, ha sido ratificado en su cargo'.
'Los sospechosos de haber ejecutado estos crímenes estaban suspendidos por 120 días para que las autoridades correspondientes los investigaran', recordó Rivera, en referencia a que el Ministerio Público (MP) no arrancó ninguna investigación.
En ese sentido, el depurador aclaró que 'finalizado ese plazo, y como no existió acción penal, corresponde administrativamente dar por terminada la suspensión y proceder a que la Comisión Especial los evalúe para determinar su idoneidad para formar parte de la nueva estructura orgánica'.
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