“¿A dónde le mando el dinero? ¿a qué número de cuenta? ¿de qué banco dice?”... preguntaba angustiada a su extorsionador una sexageneria, que en medio de su nerviosismo buscaba auxilio en la Unidad Antiextorsión de la Dirección Nacional de Servicios Especiales (DNSEI).
En aquella escena se reflejaba el impacto picológico en la víctima, el desafío de los extorsionadores al seguir usando sin mayor restricción la telefonía móvil para cometer sus fechorías, asimismo, el perfeccionamiento de sus operaciones al burlar al sistema financiero abriendo cuentas bancarias para que las víctimas les depositen las cuotas.
Desesperada por las constantes llamadas telefónicas del delincuente, la atribulada mujer pedía en la guardia de la DNSEI que los agentes la atendieran lo más pronto posible. Un equipo de respuesta inmediatamente auxilió a la dama.
En medio de las calamidades con que operan, los investigadores comenzaron un seguimiento al número telefónico de donde llamaba el extorsionador, así como al número de cuenta bancaria donde el delincuente pidió se le depositara el dinero.
Afectados
De acuerdo con conocedores de este problema social, los pequeños y medianos comerciantes y los transportistas son las principales víctimas de los extorsionadores, en tercer lugar están las personas particulares.
Fueron los miembros de una pandilla, con la complicidad de agentes y oficiales de la Policía Preventiva y de Investigación, quienes a partir del año 2002 comenzaron a extorsionar a la ciudadanía.
Ante la desidia gubernamental y la corrupción policial, el problema se agudizó a través de los años hasta volverse muy complejo, ya que los delincuentes cada día buscan hacer más sofisticadas sus actuaciones.
Actualmente la extorsión no solo la realiza la mencionada pandilla, que con los años se volvió una verdadera organización criminal, sino que ahora los delincuentes comunes- que no pertenecen a ninguna mara, aprovechándose del miedo que hay en la población, han convertido la extorsión en un modus vivendi.
El impacto que deja la extorsión en la economía es alarmante, en los últimos años más de seis mil negocios, tanto del sector formal como informal han tenido que cerrar por este problema.
De acuerdo con empresarios del sector transporte- taxis y buses únicamente de la capital- anualmente pagan unos 50 millones de lempiras por concepto de extorsión.
En esta ciudad existen 120 puntos de taxi y cada uno cancela semanalmente entre 3,000 y 4,000 lempiras. Asimismo, existen alrededor de cien rutas de buses, y en cada una los extorsionadores exigen cuotas arriba de los 4,000 lempiras semanales.
En cuanto a la forma de pago, los transportistas explicaron que para evitar ser detectados, los extorsionadores han puesto recaudadores entre los mismos taxistas, despachadores, conductores y cobradores de buses.
Estas personas recogen el dinero en los puntos de taxi y terminales de buses, luego las depositan en cuentas bancarias, días después retiran el dinero, lo entregan personalmente, o si no lo traspasan a una segunda cuenta, que corresponde al extorsionador.
Asimismo, los agentes antiextorsión han encontrado en sus investigaciones que las víctimas depositan el dinero en un banco ubicado en Tegucigalpa o Comayagüela, pero los extorsionadores mandan a sus parientes a que lo retiren en Danlí o Comayagua, burlando así a la banca.
¿Por qué no pone la denuncia en la Policía? se le preguntó a un empresario del transporte. “Es que los mismos policías son los extorsionadores, mientras no haya una verdadera depuración no confiamos en ellos. Ante el temor hemos tenido que acomodarnos a esta situación”, lamentó.
Por el miedo y la desconfianza que la sociedad siente por los policías, la DNSEI conformó en marzo de este año la Unidad Antiextorsión, con personal seleccionado cuidadosamente.
De acuerdo con las capturas realizadas, el proyecto está respondiendo a las exigencias de la ciudadanía.
En el año 2011, la DNSEI apenas detuvo a 17 extorsionadores, sin embargo, solo entre marzo y agosto del 2012, la Unidad Antiextorsión ha capturado y remitido a los tribunales de justicia a 81 extorsionadores.
Entre los capturados hay policías, militares, delincuentes comunes, pandilleros, taxistas, despachadores, conductores y cobradores de buses, entre otros.
De acuerdo con uno de los oficiales de este departamento investigativo, es razonable el temor de algunos transportistas, porque la Unidad Antiextorsión ha capturado a policías involucrados, pero estos inmediatamente fueron sacados de la institución y hoy enfrentan procesos judiciales.
Sobre por qué el sector transporte, a pesar de ser el más afectado, es el que menos denuncias interpone, el oficial explicó que puede ser por tres razones: la desconfianza en la Policía, el miedo a los delincuentes y otro aspecto detectado es que estos empresarios entre ellos se extorsionan.
Incumplimiento
Entre tanto, uno de los altos oficiales que coordina las operaciones de la Unidad Antiextorsión lamentó que los muchos números de telefonía móvil que no fueron registrados según el decreto legislativo 234-2011, publicado en enero del 2012 sigan vigentes. A través de este decreto el
Congreso Nacional dio un plazo de 90 días a las empresas de telefonía móvil para que registraran los números de todos sus abonados y aquel que no fuese enlistado sería sacado de servicio. Este plazo venció el 14 de mayo, pero la Comisión de Telecomunicaciones lo extendió hasta el 14 de julio, recién pasado.
De acuerdo con este oficial, en la última quincena de julio las denuncias por extorsión descendieron, sin embargo, en agosto se dispararon debido a que los delincuentes detectaron que los números que poseían sin registrar seguían vigentes permitiéndoles continuar amenazando y coaccionando a las víctimas.
A criterio de este investigador, tampoco ha servido de nada que el Poder Legislativo, a través del decreto 16-2012 reformara el artículo 222 del Código Penal incrementado de 15 a 20 años la pena al delito de extorsión, y una multa de 50 salarios mínimos (unos 15,000 dólares), si por otro lado las telefónicas siguen facilitando los medios para la comisión de este delito.
En cuanto a la utilización del sistema financiero por parte de los extorsionadores, consideró que ahora los bancos deben estar más atentos a los movimientos que realicen algunos cuentahabientes, a quienes se les deposita dinero que minutos después es retirado. Ese tipo de acción es sospechosa.
Para él, la extorsión es un problema de seguridad pública que requiere de un gran esfuerzo del Estado y de la sociedad para combatirlo. Además, lamentó que las víctimas por miedo no acudan a la Policía a interponer las denuncias.
Con el fin de evitar que los afectados tengan que comparecer en los procesos judiciales frente a sus victimarios, recomendó que se apruebe la figura del negociador, donde la víctima al interponer la queja autoriza que uno de los agentes actúe como negociador y sea este quien lo represente ante los tribunales de justicia.
Modus operandi
Expertos extranjeros que han estudiado el problema de la extorsión, aseguran que los delincuentes a través del tiempo y utilizando la facilidad de los modernos aparatos de comunicación han ido perfeccionando su actuar delictivo. Primero, el extorsionador visitaba directamente a la víctima y cara a cara, la intimidaba y le exigía la entrega de cierta cantidad de dinero.
Luego pasó a la práctica indirecta, vía teléfono llaman a las personas y tras amenazarlas que conocen donde vive y que le harán daño a la familia le exigen que entregue el dinero en un lugar determinado, o piden que se lo depositen en una cuenta bancaria.
En este caso, según las investigaciones, algunos extorsionadores forman parte de grupos organizados que conocen la vida familiar y económica de la víctima, otras veces son familiares de los afectados o personas allegadas que por su cercanía conocen el estado familiar, laboral y económico del perjudicado.
Esta modalidad de extorsión también es efectuada por sujetos que aprovechándose de la alarmante situación de violencia y el miedo que actualmente vive la ciudadanía, realizan llamadas a la suerte, utilizando una guía telefónica.
Otra forma que utilizan los delincuentes para aproximarse a las víctimas es a través de anónimos, le mandan una nota o le tiran un teléfono móvil en el corredor o patio de la casa y si no contestan comienzan a rondar en moto o en carro la vivienda para coaccionar.
Cada vez los delincuentes vuelven más sofisticadas sus actuaciones, los investigadores tienen que volverse más rígidos en el protocolo para recabar pruebas y así evitar que los jueces los dejen libres.
Uno de los obstáculos que tienen los detectives es la rapidez para obtener la información telefónica y bancaria.
Ante tal situación, los investigadores sugieren al Poder Judicial nombrar jueces dedicados las 24 horas del día, a atender los casos de delitos de extorsión y chantaje.
