Cuantiosos bienes fueron asegurados
La banda de “Los Rapiditos”, dedicada al delito de la extorsión a miembros del transporte público, fue desmantelada como parte de una minuciosa operación policial y de inteligencia.
Según los informes a los que tuvo acceso EL HERALDO, la denominada Operación Medusa tuvo apoyo de agencias internacionales especializadas en el combate a este tipo de delito.
De acuerdo al organigrama que consta en un informe especial de la Unidad Nacional Antipandillas de la Policía, esta banda tiene dos cabecillas ligados a la mara 13, los cuales han sido identificados únicamente por sus alias y se encuentran prófugos.
Estos dos líderes tenían como coordinadores para el cobro del impuesto de guerra a dos sujetos, el primero identificado por la Unidad como Rigoberto Avilés Zúñiga, alias “Monster”, de ocupación motorista.
El segundo coordinador era Roger Orlando Martínez Rodríguez, alias “Roger”, con identidad 0801-1974-03689 y de ocupación “desempleado”.
Ambos sujetos coordinaban los cobros de extorsión y, por tanto, tenían cobradores a cargo. En el caso de Rigoberto, alias “Monster”, tenía a su mando a cuatro cobradores, de los cuales hay dos prófugos y dos capturados. Los detenidos son Junnis Mauricio Elvin Flores, alias “El Negro” y Denis Martínez, alias “Dragón”.
Por su parte, Roger Orlando Martínez tenía a su cargo cinco cobradores de impuesto de guerra, todos capturados.
Estos son Rubén Antonio Ávila, alias “Talega”; Santos Alexander Ávila Reyes, alias “Spoiler”; Sergio Fernando Meza García, alias “Checho”; Deiby Ander Torres Lagos, alias “El Indio” y Norman Javier Robledo Calero, alias “Pinga Macho”.
Las labores de seguimiento se realizaron en coordinación con la Dirección Nacional de Investigación Criminal a través de la Unidad Nacional Antipandillas y personal de la Fuerza Nacional Antiextorsión.
Todas estas unidades, bajo la coordinación de la Unidad de Fiscalías contra el Crimen Organizado, recaudaron los indicios necesarios para desarticular la estructura delincuencial.
“Los Rapiditos”, según la Policía, eran los responsables de los cobros de extorsiones a propietarios y motoristas de vehículos de transporte público en Tegucigalpa.
Destaca la Policía que producto de la Operación Meduda se logró obtener orden de captura contra 12 integrantes.
La Fiscalía emitió requerimiento judicial a la unidad policial para recaudar los indicios necesarios sobre las extorsiones, tales como escuchas de celulares, actuaciones de vigilancia y seguimiento de personas, entre otras.
En el caso del transporte público, los investigadores determinaron que las exigencias oscilan desde 50 lempiras diarias a 5,000 lempiras semanal por cada diez buses.
Entre las modalidades de entrega descubiertas destaca que la Mara Salvatrucha o 13 exige el dinero de forma directa en los medios de transporte o utiliza a los mismos conductores para que recojan el dinero y lo entreguen durante el recorrido de los “rapiditos”.
Además se detectó que el dinero se depositaba en cuentas bancarias o mediante transferencias monetarias.
Para obligar al pago, los pandilleros recurrieron a llamadas intimidatorias a los teléfonos celulares de los propietarios de buses, secuestro de transportistas y homicidios de empleados del rubro.
“En un inicio, las extorsiones a los buses y rapiditos que cubren la ruta Carrizal, Cerro Grande y anillo periférico se desarrollaban mediante el uso de transportistas para la recolección de dinero, para ser entregado a integrantes de las maras o pandillas, situación que llevó a la negativa de los afectados, obligando a las estructuras a cambiar de modalidad, empleando a integrantes de la organización delincuencial a recaudar el dinero ilícito por intermedio de cobradores, quienes con el pasar del tiempo iniciaron su participación en activos de las rutas de buses, incrementado su patrimonio económico de manera injustificada, provecho de la actividad ilícita”, cita textualmente el informe que vincula a esta red de cobradores de impuesto de guerra.
Cuantiosos bienes fueron asegurados
Luego de presentar los suficientes elementos probatorios, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado obtuvo auto de formal procesamiento contra Rigoberto Avilés, Rubén Ávila Zepeda, Roger Orlando Martínez Rodríguez, Norman Robledo Calero, Deybis Ander Torres Lagos, Santos Ávila Reyes, Junnis Mauricio Elvir Flores, Denis Alberto Martínez Mondragón, quienes se dedicaban a extorsionar, desde 2009, a buses rapiditos de la Bambino, El Carrizal, ruta anillo periférico y bulevar Fuerzas Armadas, entre otras.
Se mantienen prófugos de la justicia Herminio Zúniga Durón, Víctor Manuel Juárez Reyes, Mario Alexander Pérez y Manuel Felipe Bran Ayala.
Después de atar varios elementos, se comprobó que estos habían adquirido bienes valorados en varios millones de lempiras.
Fue así que la Fiscalía solicitó una medida cautelar de aseguramiento de las siguientes cuentas bancarias: 015010201116072 a nombre de Zúniga Durón.
Cuenta 00701010350559 a favor de Zúniga Durón y Mario Pérez.
Cuentas 0703010026237 y01500159866 y 007010103442266 a nombre de Mario Alexander Pérez.
Cuenta 0701010026257 a nombre de Mario Alexander Pérez y Karen Yamileth Cuello Rivera, todas aperturadas el 2012.
Asimismo, se comprobó que a nombre de Mario Alexander Pérez estaban los siguientes vehículos: Camioneta Patrol, comprado en agosto de 2012, cuatro autobuses Hyundai, modelo County, comprado entre diciembre de 2010 y noviembre de 2011, así como dos turismos modelo 110, y Eon, modelo 2013.
A nombre de Herminio Zuniga Durón: dos autobuses modelo County, un autobús modelo Coaster y una propiedad en Cerro Grande, lote No. 7, 42 A, tercera etapa.
A nombre de Rigoberto Avilés Zúniga: dos autobuses Toyota modelo LH-202L-REMDE, cinco buses amarillos, uno blanco marca Thomas, tres motocicletas, un Toyota Corolla, un triciclo marca Bajaj. A Víctor Manuel Reyes Juárez, dos autobuses Toyota Coaster.
A Mario Alexander Pérez: un autobús Toyota Internacional, un Blue Bird y un turismo Hyundai blanco placa PCV9663 y una propiedad en El Guayabo, aldea de Soroguara.
Se estima que las ocho personas a las que se les dictó el auto formal procesamiento con prisión preventiva, se dedicaban a extorsionar un promedio de 180 unidades, lo que les generaría una ganancia de 12,312,000 al año.
Por otro lado, Fescco está a la espera del resultado que se derive de la investigación financiera patrimonial para presentar requerimiento fiscal por el delito de lavado de activos.
