Los exviceministros de Salud, Javier Pastor y de Trabajo, Carlos Montes, seguirán recluidos en el Primer Batallón de Infantería.
Un juez con jurisdicción nacional dio a conocer la resolución de la audiencia inicial que se celebró el viernes y las partes presentaron las pruebas en los Juzgados de lo Penal de Comayagüela.
La tarde del sábado, solo asistieron los fiscales, abogados defensores y la juez que conoce el caso, pues no era necesaria la presencia de los imputados.
Barbara Castillo, vocera de los tribunales, fue la encargada de transmitir a los medios de comunicación que a Pastor y a Montes se les dictó el auto de formal procesamiento con prisión preventiva, ya que el Ministerio Público les acusa de cometer los delitos de lavado de activos y cohecho pasivo impropio en perjuicio del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y la administración pública.
La resolución se dio a conocer en las instalaciones de los Juzgados de lo Penal en Comayagüela, sin la presencia de los imputados debido a que permanecen recluidos en las celdas de la instalación militar.
Después de que el juez emitió la resolución, la defensa de los imputados tiene tres días para apelar la determinación.
Además de eso, en un lapso menor a los 60 días se realizará la audiencia preliminar donde el juez que conoce el caso podrá determinar si el caso se eleva a juicio oral y público.
Observadores
Como observadores en este caso asistieron miembros de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), entre ellas la abogada Ludim Merary Ayala, quien aseguró que estaba complacida porque se presentaron los medios probatorios que llevaron a la juez a dictar el auto de formal procesamiento.
“Se les ha dictado la medida de prisión preventiva, por lo que van a continuar siendo custodiados en el Primer Batallón de Infantería”, aseguró Ayala.
Con esta resolución, el proceso continúa, por lo que como país estamos avanzando y se van a sentar precedentes con la justicia hondureña, prosiguió.
Recordó que con la resolución que se dio a conocer en contra de los dos exfuncionarios de la administración pública, significa que “hay un proceso activo y que hay medios probatorios suficientes para que se pueda llegar a un juicio oral y público, donde se puede demostrar que hay indicios fuertes de la comisión de los delitos que se les imputa a los dos procesados y que son responsables de los mismos”, aseguró.
Mientras que la abogada defensora de los dos exfuncionarios salió evadiendo a los medios de comunicación.
Los dos exfuncionarios fueron presentados el viernes en una kilométrica audiencia inicial que empezó a las 9:00 de la mañana y finalizó a las 6:00 de la tarde.
El viernes, Melba Vásquez, madre de Javier Pastor, denunció ante los medios de comunicación y ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), que su hijo había sido golpeado por órdenes de un fiscal.
En respuesta, el Ministerio Público ordenó investigar la supuesta agresión.
Posteriormente, la fiscalía aseguró que Pastor no sufrió ningún tipo de agresión física y que, más bien, el ex viceministro se rebeló ante la autoridad porque no quería ser trasladado en paila a la audiencia inicial que se celebró ayer.
Montes y Pastor habrían recibido soborno de proveedores del IHSS para agilizar el trámite de pagos por la adquisición de bienes y servicios, según consigna el requerimiento en su contra.
Los dos exfuncionarios, así como el exdirector del Seguro Social Mario Zelaya, integraban el Comité de Inversiones, que tomaba decisiones sobre la priorización de pagos a proveedores.
Montes fue detenido el lunes en Tegucigalpa y después que el juez le dictó detención judicial fue enviado a las celdas del batallón.
Ese mismo día, las autoridades realizaron allanamientos en la casa de Pastor en San Pedro Sula, pero no pudieron darle captura.
Al día siguiente, éste se presentó voluntariamente en los tribunales de justicia.
El delito de lavado de activos es castigado con una pena de 15 a 20 años de prisión, sin posibilidad de aplicación de medidas sustitutivas, mientras por el delito de cohecho la condena es de uno a cuatro años.
El Ministerio Público ha identificado unas 400 personas responsables del latrocinio al Seguro Social, en el caso de corrupción considerado ya como el más grande en la historia de Honduras.
