La evidencia de que horrendos crímenes se cometían contra la vida humana fue encontrada la tarde del lunes en una supuesta clínica ginecológica que ubicada en Comayagüela, ciudad gemela de la capital de Honduras.
En reacción a la denuncia de EL HERALDO, elementos de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) allanaron hoy un local en donde se practicaban abortos.
El operativo inició a eso de las 10:00 AM en Comayagüela, donde los agentes inspeccionaron un local en el cual se interrumpen embarazos a jóvenes y mujeres que cancelan alrededor de seis mil lempiras por el servicio.
Los militares y detectives requisaron el lugar luego de que una paciente hiciera su ingreso en busca del médico para practicarse un aborto.
Al centro ingresó un vehículo tras el que se cerró el paso a los medios presentes. Minutos después salió el mismo automóvil y se presume que en su interior venía la paciente que pretendía practicarse un aborto.
Fuentes oficiales confirmaron a EL HERALDO que el médico responsable de los delitos fue detenido, al igual que personal que se encontraba en el interior al momento de la requisa.
El médico general fue identificado como Gustavo Francisco Carías, sospechoso de practicar los abortos.
A eso de las 3:00 PM, una móvil de Medicina Forense y fiscales de turno se presentaron a la escena, como evidencia de que en el interior de la clínica habían sido hallados restos de un indefenso ser humano al cual no se le permitió vivir.
Agentes que participan en la operación informaron que en efecto, al menos un feto fue hallado dentro del local.
Minutos después, a las 3:32 PM, un técnico de Medicina Forense trasladó el cuerpecito sin vida a la unidad, que luego sería transportado hacia la morgue del Ministerio Público.
EL HERALDO reveló hoy la existencia de dichos locales disfrazados como clínicas de maternidad.
Un aborto es la expulsión o extracción de su madre de un embrión o feto de menos de 500 gramos de peso, que se alcanza a las 22 semanas.
El Código Penal de Honduras establece que 'quien intencionalmente cause un aborto será castigado: 1. Con tres (3) a seis (6) años de reclusión si la mujer lo hubiese consentido; 2. Con seis (6) a ocho (8) años de reclusión si el agente obra sin el consentimiento de la madre y sin emplear violencia o intimidación;
3. Con ocho (8) a diez (10) años de reclusión si el agente emplea violencia, intimidación o engaño'.
La ley señala además una multa de 15 mil a 30 mil lempiras al médico que, abusando de su profesión, causa o coopera en el aborto.
Las mismas sanciones se aplicarán a los practicantes de medicina, paramédicos, enfermeros, parteros o comadronas que cometan o participen en la comisión de aborto.
Mientras la mujer que produzca su aborto o consienta que otra persona se lo cause, será sancionada con reclusión de tres a seis años
