Tegucigalpa, Honduras
El proceso de la municipalización del agua en el Distrito Central se ha convertido en una eterna y cansada historia para los capitalinos.
La falta de fondos para el pago del pasivo laboral de los empleados del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) ha sido la perenne excusa que ha atrasado el proceso.
Son más de 2,000 millones de lempiras los que se requieren para cumplir este compromiso laboral, detalló Roberto Zablah, miembro de la Comisión Interventora del SANAA. Sin embargo, el 2017 se avizora como el año en que finalizará esta fase en la mejora del servicio de agua de los pobladores del municipio.
La razón se debe a que las autoridades del gobierno central incluyeron dentro del presupuesto general de la República una partida de 1,300 millones de lempiras para honrar este compromiso financiero y la diferencia la asumirá el gobierno local.
“Ya tenemos presupuestados más de 700 millones de lempiras para aportar al pago de los empleados, el diálogo es fundamental para culminar este trabajo”, explicó el funcionario.
Firmas y actas
Según las autoridades edilicias, al concretarse el traspaso los recursos que cancelan los abonados servirán para atender de manera exclusiva el acueducto local. Y es que en la actualidad los fondos que se obtienen sirven para sostener de manera global a los 13 acueductos que administra el SANAA.
“El alcalde Nasry Asfura nos ha demostrado su capacidad administrativa, de manera que el servicio de agua que reciben los capitalinos mejorará de forma considerable cuando se finalicen estos procesos”, comentó el funcionario.
El delegado explicó que desde la llegada de él y de Cinthia Borjas a la comisión interventora del SANAA se han logrado firmar cinco de las trece actas de compromiso de traspaso de acueductos. Entre las municipalidades que se han comprometido con este proceso se enlistan las de La Entrada, Copán; Cane, en el departamento de La Paz, además de La Esperanza, en Intibucá. A esta lista se suman las corporaciones municipales de Copán Ruinas y La Paz.
“La primera comisión no comprendió la intención, perdió el norte de este trabajo”, expresó Zablah.
Ante este cuestionamiento, Nívida Hernández, presidenta de la junta de intervención del ente público, expresó que las cinco actas que se han firmado son el resultado del esfuerzo de los integrantes de la comisión anterior.
“En ninguna parte del decreto 46-2015 nos menciona que el trabajo de la comisión es la de transferir, nos manda a cumplir con la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento, hacerla efectiva, nuestra función es regularizar, desarrollar y mejorar la operación del sistema”, detalló la funcionaria.
La norma fue aprobada en 2003 y establece que los gobiernos locales deben ser los administradores de los acueductos. En junio de este año se inició el traspaso de algunas dependencias, aunque hubo cuestionamientos por parte de la comisión interventora.
Un acuerdo entre el gobierno central y la comisión interventora del SANAA establece que para realizar el traspaso del sistema a la comuna capitalina se requiere la entrega del resto de los acueductos que aún maneja el ente autónomo.
Hernández además mencionó que durante la gestión anterior se logró detectar al personal supernumerario, reducción de la deuda flotante y el pago a los proveedores.
Sin embargo, ambas entidades involucradas en el proceso coinciden en que la municipalización del agua es una solución ante el deficiente servicio que reciben los capitalinos.
