'Es una pesadilla de la que quisiéramos despertar. Nos fuimos de la casa donde nos criamos, nos alejamos de nuestros amigos y vecinos, esto debe parar'.
Así resume “Esperanza” lo experimentado por su familia luego de huir de la zona donde por más de 30 años habían vivido producto de la inseguridad y la violencia, en su caso por extorsión y amenazas de muerte.
Esta misma historia de dolor y angustia la experimentaron 12,913 familias capitalinas entre 2004 y 2014. Al menos esto es lo que reveló el Estudio de Caracterización del Desplazamiento Interno presentado en 2015 por las autoridades de la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia (CIPPDV).
“El proceso de actualización del estudio de caracterización lo ha comenzado este año la CIPPDV”, dijo Norma Cerrato, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Justicia vía correo electrónico.
A través de este nuevo informe las autoridades de la institución gubernamental aseguran que se enlistarán nuevos casos, aunque se desconoce si subirán o descenderán las cifras.
Las nuevas estadísticas no son de preocupación para “Esperanza”, lo que sí le atemoriza es desconocer si su familia volverá a enfrentar la misma pesadilla, pues su nueva zona de residencia es cercana a la capital.
Su temor surge producto de investigar que el Distrito Central, durante el estudio de la CIPPDV, ocupó el primer lugar en las expulsiones con el 31% de los casos. El segundo lugar lo mantenía San Pedro Sula con el 21.5%, que equivale a 8,686 hogares desplazados.
También coincide con los datos del estudio estatal que reveló que el 95.3% de los hogares desplazados no presentan intenciones de retornar a la zona de donde fueron expulsados.
-Nuestra casa permanece en venta, no podemos regresar porque en algunas ocasiones que solo hemos ido para ver cómo está la propiedad hemos sufrido persecución.
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Intención de migrar fuera del país
El hogar de “Esperanza” ha comenzado a constituirse a unos kilómetros del casco urbano del municipio como ha sucedido con el 97% de las personas desplazadas, pues se ven obligadas a migrar a zonas cercanas para mantener sus trabajos, continuar estudios o permanecer cerca de familiares.
Dentro de los principales motivos para querer permanecer en el lugar de acogida están la seguridad y mejoramiento en sus condiciones de vida.
Solo una minoría indicó haber establecido vínculos familiares y compromisos laborales en su nuevo lugar de residencia, lo que es comprensible si se considera que para el 78.4% de la población objeto de estudio el desplazamiento es una experiencia reciente.
La familia de “Esperanza”, al igual, intentó buscar ayuda para salir fuera del país, pero “las autoridades nos dijeron que no contábamos con las pruebas necesarias para solicitar asilo”, dijo.
Esta misma intención de salir fuera del territorio nacional fue expuesta por un 50 por ciento de las personas que formaron parte del estudio de medición de los desplazados.
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Al no lograr encontrar una salida fuera de las fronteras patrias, a la familia de “Esperanza” no le quedó más que buscar una residencia en los alrededores de la ciudad.
-Para lograr un poco de tranquilidad nos vimos obligados a sacar un préstamo para comprar una nueva casa, a esta deuda se suma que, pese a haber huido, siempre pagamos 1,500 lempiras mensuales por el impuesto de guerra. Esto para que no nos quiten la casa donde antes vivíamos.
Esta familia, durante los últimos años, ha derramado lágrimas y ha sufrido desvelos y la pérdida de salud de los jefes del hogar, así como de los hijos.
-Jamás me imaginé esto, perdimos estabilidad económica y emocional, en ocasiones hasta llegamos a perder la fe, pues ha sido tanto el dolor. Mis papás son personas que aún no pueden dormir por la noche.
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Acciones policiales
A nivel de la capital uno de los casos de desplazamiento más visible en el último año se dio a nivel comunitario en el sector de El Hoyo o la Cantera, de la colonia Las Torres, donde 30 familias de un momento a otro se vieron obligadas a salir de sus casas por amenazas de la Mara 18.
En ese momento un grupo de integrantes de la asociación ilícita llegaron armados con AK-47 a una de las viviendas para enviar un aterrador mensaje: que de no abandonar la comunidad en 24 horas serían asesinados.
Otra situación similar se dio en la colonia Reparto Lempira, de San Pedro Sula, donde por medio de un letrero les amenazaban: “Les damos 24 horas para que desalojen esta zona”.
En lo que va del año, la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) ha recibido 5,803 denuncias por extorsión de las cuales se ha detenido a unos 3,308 antisociales. También se han judicializado 825 casos a nivel nacional.
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A esto se suman las denuncias que han realizado los comerciantes que equivalen al 45%; por parte de los transportistas, el 31%; profesionales en diferentes áreas, un 11%; y otros casos, un 13%.
En los últimos años, de acuerdo con datos de la FNA, en la capital se han logrado desarticular algunas bandas delincuenciales, como Los Pechugas, Los Pinochos, Los Benjamins, entre otros. Se continúa en la labor de eliminar más de 30 bandas de las que se tiene amplia información y de las que, pese a que se ha detenido a algunos miembros, aún quedan cabecillas.
Por su parte, Jair Meza, portavoz de la Secretaría de Seguridad, destacó que han comenzado a trabajar con el acompañamiento de instituciones gubernamentales, iglesias y organizaciones no gubernamentales en prevención de la violencia. “Al recibir una denuncia por extorsión se investiga y luego se brinda seguridad a las víctimas”, dijo Meza.
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No así en el caso de “Esperanza”, pues pese a que interpusieron la denuncia porque añoraban encontrar algún tipo de protección, esta nunca llegó, según confió.
-Nosotros en un primer momento buscamos ayuda de las autoridades policiales, pero con el transcurrir de los meses y al ver que no obteníamos respuestas desistimos. Hoy en día solo Dios ha sido el que nos ha mantenido coherentes y con fortaleza para seguir adelante...
