Cada 28 horas se denuncia un asalto en el transporte público de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El chofer subió al rapidito de forma apresurada, encendió el radio para escuchar un repertorio de canciones de reguetón y empezó a conducir, pues ya era la hora de su turno. No dijo nada, se subió callado; de vez en cuando miraba el retrovisor para asegurarse de que todo fuera en orden.

Cuando salió del punto de buses de El Carrizal-Centro la primera persona en subirse fue Sara, una mujer de 47 años que viajaba con su nieto. Miró a su alrededor y se sentó en la tercera fila de asientos, justo detrás del conductor.

-¿Cómo está?, preguntó el equipo de EL HERALDO Plus. -Muy bien, gracias, respondió de forma desconcertada y casi cortante. No era la primera vez que una extraña le hablaba, pero sí la única en la que no le habían robado nada.

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Sara viaja diariamente en el transporte público y eso le ha dejado varios traumas, como la vez en la que asaltaron a todo el bus en el que viajaba o la otra en la que a punta de amenazas y armas le quitaron un anillo que caminaba en su mano derecha. “Llevaba un anillo en mi mano y de los nervios no podía sacarlo. El hombre me dijo: ‘Quitátelo, si no te vamos a cortar el dedo’; como pude me lo quité”, contó. En ninguno de los casos denunció a los asaltantes.

Desde entonces, subirse a un bus o taxi es “casi una experiencia religiosa”, como menciona la canción de Enrique Iglesias. En el transporte público nadie quiere vivir esa experiencia, pero es más común de lo que parece. En menos de diez minutos una o varias personas se suben, los intimidan, amenazan, les piden sus pertenencias y luego se bajan como si nada pasó.

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En los últimos cinco años y 17 días (desde 2017 hasta el día 17 de 2022), la Secretaría de Seguridad registró 1,603 denuncias de asaltos en buses amarillos, ejecutivos (rapiditos), taxis y taxis VIP. La cifra puede ser peor: existe un subregistro de casos que no son denunciados por miedo. “Aquí hubo un caso de un compañero que lo asaltaron en la unidad; él denunció, detuvieron a los asaltantes y a los dos días los dejaron libres solo para que lo mataran”, contó un transportista que pidió mantenerse en el anonimato, “porque así como saltan las ranas, saltan los sapos”.

Para los conductores del transporte público sufrir un asalto es el pan de cada día, “ocurre a diario... si no nos asaltan a nosotros, lo hacen con nuestros pasajeros”, dijo otro transportista, mientras esperaba su turno para recorrer media ciudad en su rapidito.-¿Y en esos casos qué hacen? -Nada. ¿Qué vamos a hacer si están armados? Orillarnos y dejarlos que se bajen.

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Desde enero de 2017 hasta el 17 de enero de 2022, Seguridad recibió una denuncia cada 28 horas, lo que prácticamente se traduce a un asalto cada día dentro de buses o taxis. EL HERALDO Plus conoció de varios casos de asaltos en el transporte público, pero ninguno denunció. ¿Por qué? Temor, desconfianza de las investigaciones y, especialmente, el acostumbrarse a la impunidad.

Según expertos en seguridad, esto también se refleja en la disminución de denuncias en los últimos años. Para la población es más fácil perder sus pertenencias que llamar a la muerte. Por ejemplo, en 2017 hubo 453 reportes de asalto en buses amarillos, rapiditos, taxis y taxis VIP, mientras que en 2018 la cifra cayó a 443.

En los siguientes dos años también hubo una baja en las denuncias, especialmente en 2020, cuando el país entró en toque de queda por la pandemia del covid-19. En ese año solo se contabilizaron 122 casos (uno cada cinco días). Para 2021 los asaltos nuevamente se reportaron de forma más constantes, al punto que cada dos días se reportaba un incidente dentro de buses y taxis.

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Según los reportes, seis de cada diez asaltos ocurrieron en buses amarillos, las unidades de transporte que desde 2010 están siendo sustituidas por rapiditos. Solo en 2017, las autoridades reportaron 220 incidentes en los también conocidos como “buses grandes”, por su capacidad para transportar a 60 o 65 personas. Ahora es extraño verlos en las ciudades.

En 2018 la cifra aumentó a 300, mientras que en 2019 hubo 252 denuncias. Para 2020 la cifra cayó a 79 y en 2021 hubo un nuevo pico de casos. En los primeros 17 días de 2022 las únicas seis denuncias corresponden a asaltos en buses amarillos.

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus también contabilizó 456 denuncias de asaltos en taxis, las unidades de transporte que en su tiempo fueron denominadas “seguras” y que ahora sirven de medio para concretar robos y hasta secuestros exprés. En taxis VIP, Seguridad solo contabilizó dos denuncias, una en 2019 y otra en 2020.

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Los rapiditos -que tomaron ese nombre por ser más veloces que los buses amarillos- tampoco quedan exentos de este tipo de incidentes, pues según los reportes acumulan el ocho por ciento de los casos. En 2015 se habló de la instalación de botones de pánico y cámaras dentro de estas unidades, así como el pago del servicio con tarjeta, pero fue hasta 2017 que el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) afirmó que primero debía concluirse el censo.

En 2020 EL HERALDO conoció que 100 buses del Distrito Central contaban con esa tecnología financiada por los transportistas; al consultar con algunos conductores dijeron desconocer la iniciativa.

Este rotativo intentó dialogar con las autoridades del IHTT para conocer cómo avanzaba el proceso, pero desde la Oficina de Relaciones Públicas aseguraron que aún no se había nombrado a los nuevos funcionarios y que estaban en transición. Lo mismo ocurrió en la Secretaría de Seguridad, donde -aunque ya se eligió a las autoridades- no han dado entrevistas a medios de comunicación porque no han sido juramentadas.

Para el experto en temas de seguridad y general en condición de retiro Luis Alonso Maldonado Galeas, el problema de que este proyecto piloto no se haya desarrollado radica en que los transportistas esperan que el Estado invierta recursos para “resolver su misma responsabilidad”. “Los empresarios del transporte deben proveerse su propia seguridad y la Policía Nacional debe dar una seguridad en términos generales, me refiero a la seguridad en las terminales de salida y llegada, en la rutas, pero sin descuidar la misión general de darle seguridad a toda la población”, consideró.

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En 2012, el gobierno ordenó a los militares andar en las unidades de transporte para reducir la delincuencia y criminalidad en uno de los años más violentos. La iniciativa no fue del todo acertada porque la población también tenía desconfianza de las fuerzas de seguridad.

La ordenanza, que actualmente no está en vigencia, se aplicó en varios departamentos, pero con mayor fuerza en Cortés y Francisco Morazán. Casi 10 años después, estos puntos geográficos todavía son los más afectados por la delincuencia.

Los datos de la Secretaría de Seguridad muestran que de cada diez asaltos en unidades de transporte, seis ocurrieron en Francisco Morazán y en Cortés. Estas cifras también contribuyeron para que en 2019 se creara la Fuerza de Seguridad de Transporte Urbano, una unidad que supuestamente trabajaría en las principales ciudades pero que a la fecha solo funciona en Francisco Morazán, donde solo la capital, Tegucigalpa, reportó 991 asaltos en el transporte público en los últimos cinco años. San Pedro Sula figura como la más afectada por estos incidentes, con 445 casos.

En la sultana del sur, Choluteca, también se contabilizaron 16 asaltos en el transporte público: un caso en San Marcos de Colón, uno en Pespire y 14 en la cabecera departamental, Choluteca. De los 18 departamentos, solo 14 reportaron uno o más asaltos en unidades de transporte.

Según la Fuerza de Seguridad de Transporte Urbano, cada día realizan de 30 a 45 operativos en puntos estratégicos, pero “se están moviendo” cada dos semanas o un mes debido a las constantes denuncias, sin contar el enorme subregistro de casos que no son reportados por miedo a represalias que impliquen hasta perder la vida.

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