Las 10 claves del requerimiento fiscal contra el juez Marco Vallecillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -El juez Marco Antonio Vallecillo pasó sus primeras horas bajo arresto luego de ser detenido por su presunta implicación en actividades ilícitas.

Vallecillo, de 34 años, enfrenta cargos por extorsión en perjuicio de un testigo protegido de la Fiscalía, a quien presuntamente solicitó un soborno de tres millones de lempiras para favorecerlo judicialmente.

A continuación las 10 claves del requerimiento fiscal y la carrera judicial del juez Marco Vallecillo.

El 25 de julio de 2024, el testigo protegido de la Fiscalía se acercó a su abogado, Reinaldo Leiva Suazo, para consultar sobre la posible interposición de un requerimiento fiscal en su contra por parte de la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (Uferco).

En esa misma fecha, Leiva Suazo se comunicó con Nelson Omar Sierra para que investigara el asunto en los juzgados con el juez Marco Vallecillo.

El 30 de julio, Leiva y Sierra informaron al testigo que había una propuesta en la que se mencionaba que “el fiscal general había ordenado ofrecerle la oportunidad de convertirse en testigo protegido; en caso contrario, se presentaría un requerimiento fiscal en su contra en el Juzgado de Criminalidad Organizada, que es coordinado por el abogado Marco Vallecillo”.

Al día siguiente, los acusados Nelson Sierra y Reinaldo Leiva le indicaron al testigo que no había otra alternativa, por lo que lo citaron en un bufete en la colonia Palmira de Tegucigalpa.

El testigo solicitó a los imputados una información sobre el asunto, ya que no le habían entregado documentos relacionados, como el requerimiento fiscal. Además, mencionó que había un ofrecimiento para ser excluido del caso Cisco a cambio de una propuesta económica de 1.5 millones de lempiras por adelantado y 1.5 millones de lempiras por el documento de exclusión.

“Ante la manifestación de que revisaría la propuesta, le informaron que tenía una cita con la abogada María Tejada en el Ministerio Público el 5 de agosto a las 7:00 a.m. para hacer una supuesta declaración sobre la información que el testigo protegido poseía respecto a otros casos en los que se desviaron fondos del Estado a través de ONG y Ebal Díaz”, sostiene el requerimiento fiscal.

El 16 de agosto, los tres imputados intercambiaron comunicación con el testigo protegido mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto a través de las aplicaciones WhatsApp y Signal.

Su objetivo -de acuerdo a la acusación-era hacerle creer que el plan preconcebido estaba casi concretado y que debía asistir a las 10:00 a.m. a la cita con el fiscal general de la República, acompañado por el imputado Reinaldo Leiva.

Una vez que el testigo protegido salió de la reunión con el fiscal general, los imputados acordaron encontrarse en un restaurante de la colonia Alameda alrededor de las 4:00 p.m.

Según las investigaciones, al lugar acudieron el abogado Reinaldo Leiva, Nelson Omar Sierra y el testigo, quien les preguntó por qué no estaba presente el juez Vallecillo, ya que la entrega del dinero se realizaría personalmente a él.

El testigo mencionó que ya había entregado dos millones de lempiras, pero que no se había cumplido la promesa de una resolución favorable.

Debido a la ausencia de Marco Vallecillo, acordaron que la entrega del dinero se pospondría para el sábado y que el testigo debía estar atento a la hora que indicara el juez para recibir los tres millones de lempiras.

Estos fondos se distribuirían equitativamente entre el fiscal general (Johel Zelaya), la abogada María Tejeda y el mismo Marco Vallecillo. Se hizo creer al testigo que el juez Vallecillo se reunía en el despacho del fiscal general y que redactaba las resoluciones del Ministerio Público.

El pasado sábado, los imputados continuaron con el plan de recibir el dinero que exigían “en concepto de extorsión con la finalidad de lucrarse”.

Por la mañana, Nelson Omar Sierra se comunicó con el testigo, informándole que el abogado Vallecillo había aceptado que la reunión se llevara a cabo en una estación de gasolina en la colonia Loarque, al mediodía.

El testigo llegó a la gasolinera a las 12:16 p.m. En el lugar, ya estaba estacionada una camioneta Prado color dorado, en la que se encontraba el imputado Nelson Sierra quien se subió inmediatamente a una camioneta Lexus color champán para esperar la llegada de Vallecillo.

Minutos después, llegó una camioneta Prado color blanca de la cual se bajó Vallecillo y se dirigió hacia la camioneta Lexus.

En seguida el juez Vallecillo, según el requerimiento fiscal, despojó al testigo de sus dos teléfonos y regresó a su camioneta blanca a guardarlos.

Una vez que retornó a la camioneta donde se encontraba el testigo y el dinero que iba a recibir, permaneció en el interior del vehículo durante 30 minutos y expresó que la gestión la hizo para que no tuviera problemas y que el Ministerio Público hiciera un cierre administrativo a su favor.

Minutos después los vehículos fueron interceptados por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) que detuvieron a Nelson Sierra y Marco Vallecillo, quien se encontraba en el interior de la camioneta Lexus junto al testigo protegido.

Los sospechosos fueron remitidos a las oficinas de la ATIC, donde la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia preparó el requerimiento fiscal.

La acusación fue interpuesta ante el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, circuito que hasta ese momento era coordinado por el propio juez Marco Vallecillo.

La Fiscalía ha imputado al juez Marco Vallecillo, a Nelson Sierra y a Reinaldo Leiva por el delito de extorsión.

El artículo 373 del Código Penal establece las penas de prisión para este delito.

“Quien, mediante violencia o intimidación y con ánimo de lucro, obligue o intente obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, será castigado con una pena de prisión de 10 a 15 años y una multa de 500 a 1,000 días, sin perjuicio de las sanciones adicionales por actos de violencia física o intimidación”, señala el apartado legal.

La norma también prevé agravantes específicas, que implican un aumento de las penas en un tercio cuando el culpable es un funcionario o empleado público que actúa abusando de sus funciones.

En este caso, además de las penas correspondientes, se impondrá una inhabilitación especial para el ejercicio de cargos u oficios públicos, con una duración de 15 a 20 años.

El juez Vallecillo compareció el domingo en una audiencia de declaración de imputado. Aunque él solicitó públicamente que su declaración fuera pública, el juez asignado al caso se lo impidió.

En ese sentido, se le dictó la medida de detención judicial, que cumple en el cuartel de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional.

No obstante, la defensa legal de Vallecillo solicitó que fuera cambiado a un recinto más seguro.

El juez encargado del caso contra Vallecillo ha programado la audiencia inicial para el viernes 23 de agosto.

Los fiscales cuentan con al menos ocho pruebas documentales que, presuntamente, implican a Vallecillo y sus coacusados en el delito de extorsión.

Entre las pruebas documentales se incluyen un informe de investigación de la ATIC, los padrones fotográficos, la declaración administrativa del testigo protegido, un acta de seriado de dinero, un acta de inspección del dinero, dos actas de diligencias de investigación fechadas el 5 de agosto, las actas de registro personal y las actas de decomiso.

Los agentes de tribunales han solicitado al juez que reciba la declaración de la víctima (el testigo protegido) bajo las formalidades de prueba anticipada.

La declaración anticipada será pronunciada por el testigo la tarde de este lunes frente al juez del caso y al imputado Marco Vallecillo.

Los abogados defensores de Marco Vallecillo establecieron que tienen una serie de pruebas para demostrar que es inocente de los cargos que le imputan.

En declaraciones a sus abogados, Vallecillo afirmó que el dinero no le pertenecía a él, sino al esposo de una alta funcionaria del Poder Judicial.

En ese sentido, el juez Vallecillo solicitó que la audiencia inicial sea pública porque tiene contemplado declarar detalles del destino del dinero.

Además, es muy probable que se presenten pruebas documentales y mensajes de texto intercambiados por Vallecillo con otros personajes.

Sobre el particular, el diputado liberal Jorge Cálix fustigó en una publicación a la presidenta Xiomara Castro que “el esposo de una altísima funcionaria del Poder Judicial trafica con la justicia a la vista y paciencia del gobierno que usted dirige. Y no, no me refiero a la magistrada Sonia Marlina Dubón ni a su esposo, el abogado Enrique Flores Lanza. No puedo decir absolutamente nada de ellos en ese sentido.”

Nació en Tegucigalpa el 22 de octubre de 1989 y estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Entre 2016 y 2022, ocupó el cargo de juez del Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán.

A mediados de 2022, solicitó una licencia sin goce de sueldo en el Poder Judicial y fue nombrado secretario privado del entonces director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Jorge González.

Mientras ocupaba ese cargo, un grupo de diputados de Libertad y Refundación (Libre), entre ellos Carlos Zelaya y Rafael Sarmiento, solicitaron a la presidenta Xiomara Castro que lo nombrara director del Instituto Nacional Penitenciario (INP).

Sin embargo, su nombramiento en el INP fue bloqueado por las autoridades del Poder Ejecutivo.

A principios de este año, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, lo nombró coordinador del Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.