¿Qué es la Ley de Justicia Tributaria y por qué es tan polémica?

Tegucigalpa, Honduras.- La propuesta de la Ley de Justicia Tributaria, conformada por 70 artículos y presentada en mayo de 2023 ante el Congreso Nacional, ha suscitado suspicacias, enredos políticos e incertidumbre jurídica en Honduras.

La propuesta, que nació hace más de un año y cinco meses, sigue sin contar con el respaldo de 65 diputados (mayoría simple), que son los necesarios para su aprobación y entrada en vigor.

Actualmente, solo cuenta con el apoyo de al menos 43 diputados de la bancada oficialista Libertad y Refundación (Libre).

En Honduras esto ha generado un ambiente tenso porque hasta el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, instó a aprobar esta normativa, violentando la Constitución, que dicta que la institución castrense debe ser apolítica.

Mientras que la oposición política teme que esta ley sea aprobada por la mitad más uno de los presentes en el Congreso Nacional al confirmar el quórum. La normativa contempla varios artículos y, según el gobierno, busca poner “fin a la corrupción y a los abusos de los sistemas de exoneraciones y exenciones en las alianzas público-privadas”, afirmó la presidenta Xiomara Castro.

En términos técnicos y explicado por expertos, la Ley de Justicia Tributaria es la fiscalización del Estado a los generadores de riquezas privados y públicos en Honduras.

De acuerdo con el dictamen discutido el pasado martes en el Congreso Nacional -la sesión se suspendió por protestas de la oposición, que está en contra de la iniciativa-, esta ley pretende “eliminar los regímenes de exoneraciones fiscales vigentes, establecer el marco normativo e institucional adecuado para controlar los abusos de las empresas exoneradas”, entre otras cosas.

También se contempla “cambiar el principio de renta territorial a mundial para evitar el desvío de utilidades y ganancias de grandes empresas a paraísos fiscales y eliminar la posibilidad de condonar deudas tributarias para evitar la legalización de la evasión fiscal”, dice parte de la normativa.

El diputado Ramón Barrios sintetizó que con esta ley se busca “equiparar las obligaciones de pagar impuestos”, pues desde el gobierno se ha manifestado que 10 familias hondureñas, las más poderosas económicamente, están exoneradas de pagar impuestos al generar sus propias riquezas.

“La corrupción público-privada construyó un sistema tributario que cobra más impuestos a los pobres y beneficia a una pequeña élite económica”, afirmó Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, quien ha sido fuertemente cuestionado por su postura y por no permitir la opinión de la oposición en torno a la iniciativa.

Argumentó que “como consecuencia, el pueblo hondureño, por medio del Gobierno, habrá dejado de recaudar L. 628,939,000,000.00 (seiscientos veintiocho mil novecientos treinta y nueve millones de Lempiras), es decir, (US $ 25,157,560,000.00, más 25,000 millones de dólares de los Estados Unidos) entre junio de 2009 y diciembre de 2025, debido a las exoneraciones fiscales”.

Además, sugirió que como los congresistas no querían aprobar la Ley de Justicia Tributaria “vamos a preguntarles a ustedes (refiriéndose a los hondureños) y van a ser ustedes los que nos van a decir en las elecciones generales si están de acuerdo con la Ley de Justicia Tributaria”.

Desde el oficialismo, que es quien presentó la propuesta, aseguran que solo buscan que todos los generadores de riquezas paguen impuestos, pero desde la oposición externan que con esa ley se perderán empleos debido a diferentes situaciones y que las empresas poco a poco se irán del país.

A juicio de Marlon Lara, congresista por el Partido Liberal, esta ley no se aprueba porque contempla varios factores que implican un costo de vida más caro en Honduras y que la inversión se vaya.

“Quita todos los incentivos al sector maquila, elimina las órdenes exentas de compra para la importación de combustible, lo cual va a encarecer el precio de la energía eléctrica; esto aumentará el costo de todos los productos que son producidos por energía”, expuso Lara.

Añadió que esto implica que “sacarán a Honduras de la competitividad a nivel internacional al tener altos precios en sus productos, porque la competitividad de los países depende de los incentivos fiscales que generan; si no hay esa generación de incentivos fiscales, entonces los productos hondureños quedarán fuera de competencia”.

Al consultar a los congresistas sobre cuáles son los artículos más polémicos, coincidieron en que los 70 “están manchados con trampas”.

En el capítulo II, por ejemplo, se habla sobre la creación del Régimen de Incentivos a la Inversión para el Desarrollo (RINDE) para incentivar la producción. Sugiere que este régimen sea administrado por el Servicio de Administración de Rentas (SAR).

Otro artículo que ha causado cuestionamientos es el 21, que habla de los beneficios fiscales vigentes.

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22 de la presente Ley, los obligados tributarios que están liberados de forma total o parcial del pago de la obligación tributaria continuarán gozando hasta la finalización del beneficio fiscal otorgado conforme a la Ley que le dio origen”, dice la propuesta.

No obstante, habla de una excepción cuando la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas “cancele estos beneficios de conformidad con los casos y los efectos establecidos en el Código Tributario y la prohibición de no simultaneidad establecida en la presente Ley”.

Además, en las consideraciones se propone el principio de renta territorial a mundial para evitar el desvío de utilidades y ganancias de grandes empresas a paraísos fiscales.

Esto está establecido en el artículo 51, en el que se habla de reformas al código tributario. “Honduras se rige por el principio de renta mundial, que consiste en que las personas naturales y jurídicas residentes o domiciliados en Honduras serán sujetos de gravamen sobre sus rentas de fuente hondureña y/o extranjeras originadas del trabajo, del capital o la combinación de ambos. Se faculta al Poder Ejecutivo para aprobar Convenios para evitar la doble tributación siguiendo el procedimiento requerido en la Constitución de la República”, cita el numeral 1.

Para el precandidato a la presidencia del país por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, la aprobación del proyecto implicará un aumento en el costo de la energía eléctrica, afectando directamente a las familias hondureñas. Además, dijo que “será una carga adicional para la industria y el comercio”.

Acusó que “no podemos permitir que Mel y Xiomara sigan aumentando los impuestos mientras saquean el país. La verdadera solución radica en fomentar la inversión, crear empleo y un desarrollo económico sostenible. ¡Menos impuestos y más empleos!”.

Los analistas políticos consultados por EL HERALDO están claros en que Honduras necesita una mejor política fiscal, pero sostienen que detrás de esta ley que promueve Libre hay intereses ocultos.

“Para Libre, este proyecto de Justicia Tributaria es uno de sus pilares fundamentales. Puede haber intereses ocultos para saber dónde se está manejando el dinero”, analizó Miguel Villatoro, investigador del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

“Hay que revisar técnicamente ese dictamen, hay que dar tiempo para que los 128 diputados revisen y den su opinión”, sugirió.

Para el analista Raúl Pineda Alvarado, todo lo que provenga de Libre debe ser analizado con cautela, pues siempre esconden algo, aunque reconoce la importancia de una ley tributaria.

“El crecimiento económico del país es muy modesto. El gobierno de Honduras volvió a tocar este tema porque traman algo y quieren desviar la atención; a ellos no les interesa la situación de los hondureños”, manifestó Alvarado.

Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, ha instado a los diputados a aprobar la ley, lo que ha creado un ambiente político más hostil.

“Es inaceptable que el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, actúe como militante de Libre; al referirse a la Ley de Justicia Tributaria, demuestra que está interesado en la agenda de Libre en vez de en la soberanía de la nación”, lamentó el diputado nacionalista, Jorge Zelaya.

Para aprobar esta ley se necesitan 65 votos de los 128 diputados, pero temen que Libre haga algún tipo de trampa porque no cuentan con los votos suficientes.

La diputada Fátima Mena, del Partido Salvador de Honduras (PSH), denunció que la Ley de Justicia Tributaria podría ser aprobada con la mitad más uno de los presentes, ya que el “modus operandi” que ha estado utilizando el oficialismo es bajar el quórum.