Gobierno incumple sentencia a favor de los buzos misquitos

Tegucigalpa, Honduras. El Estado hondureño apenas ha cumplido un aproximado del diez por ciento de la sentencia del caso Lemoth Morris y otros, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le ordenó indemnizar a 42 buzos misquitos y tomar medidas para que los hechos no se repitan.

Por la indiferencia, sobre todo en lo que respeta a tomar acciones para la no repetición Honduras está al borde de una nueva demanda internacional por parte de otro grupo de buzos misquitos, lisiados en los últimos años.

De acuerdo con la abogada Leila Reyes, experta en derechos humanos e indígenas y conocedora también del cumplimiento de la sentencia, “en el caso de los buzos misquitos, de un cien por ciento creo que lo más que se ha avanzado es un diez por ciento o menos. Este caso está muy lejos de poderse cumplir porque no hay una suficiente coordinación de las instituciones ya nivel superior”.

El Estado se ha limitado a cumplir las medidas más prácticas, más factibles, las superficiales que son el pago de indemnizaciones, pero no el resto. Son seis tipos de medidas de reparación, pero la más grande, la más importante es la garantía de no repetición, la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables y las medidas de rehabilitación.

En La Mosquitia el Estado tiene una deuda estructural con los pueblos indígenas y está muy lejos de que las medidas ordenadas por la Corte Interamericana puedan ser adoptadas tal cual, lamentó.

Incluso, recordó que en el cumplimiento de la parte económica se tenía muchos problemas. Uno de los familiares de Lemoth falleció y no contaba con su tarjeta de identidad. En el accidente sufrió una lesión muy grave en el cuello y murió y nunca se le pagó.

Ella es del criterio que no se ve voluntad estatal para evitar la no repetición de los hechos, las condiciones con las que siguen trabajando los misquitos en los barcos pesqueros siguen siendo totalmente inhumanas. Hay naves que solo tiene capacidad para 40 pescadores y llevan 120, los equipos de buceo son antihigiénicos y nadie los supervisa, critica.

EL HERALDO buscó la versión de las autoridades de la Procuraduría General y de la Secretaría de Derechos Humanos, quienes son las que lideran el cumplimiento de la sentencia, pero resultó imposible contactarlas.

Cansados de tanto marginamiento y olvido, el 5 de noviembre de 2004, un grupo de 42 buzos misquitos que sufrieron accidentes debido a las sumersiones profundas que realizaron y que les generaron el síndrome de descompresión demandaron internacionalmente al Estado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió una petición de la Asociación de Miskitos Hondureños de Buzos Liciados (Amblih), la Asociación de Mujeres Miskitas Miskitu Indiang Mairin Asia Takanka (Mimat) y el Consejo de Ancianos Almuk. El 18 de diciembre de 2007, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) fue acreditado como co-peticionario.

La Comisión concluyó que el Estado es responsable por la violación al derecho a la integridad personal de 34 buzos misquitos que sufrieron accidentes debido a las sumersiones profundas. Asimismo, consideró que se violó el derecho a la vida de 12 buzos que fallecieron momentos después de dichos accidentes.

Las violaciones anteriores “fueron resultado de la omisión e indiferencia del Estado frente al problema de la explotación laboral por parte de empresas pesqueras y la realización de actividades de buceo en condiciones peligrosas”.

Además, se consideró que se violó el derecho a la vida de siete buzos miskitos, luego de que la embarcación en que viajaban explotara, así como por la desaparición de un niño de 16 años mientras trabajaba en una embarcación pesquera.

Además, el Estado es responsable por la violación al principio de igualdad y no discriminación debido a los múltiples factores de vulnerabilidad de los buzos, al no contar con mecanismos administrativos, judiciales y de otra índole para responder adecuada y efectivamente a las violaciones declaradas. También se encontró la violación al derecho a la integridad personal de los familiares de las presuntas víctimas, concluyó la CIDH.

El 24 de mayo de 2019 la Comisión presentó el caso a la Corte IDH solicitando declarar la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a la vida, a la vida digna, a la integridad personal, a los derechos de los niños, a las garantías judiciales, a la protección judicial, al trabajo y sus condiciones justas, equitativas y satisfactorias, a la salud, a la seguridad social, y al principio de igualdad y no discriminación.

El 23 de octubre del 2019 la Corte le notificó la demanda al Estado hondureño. El 15 de junio de 2020, el Estado mediante un escrito contestó oponiéndose a las violaciones alegadas ya las solicitudes de medidas de reparación.

Una vez que se convocó a audiencia pública, el Estado, el 25 de marzo de 2021, presentó ante el tribunal un documento con fecha 24 de marzo de 2021 denominado “Acuerdo de solución amistosa”.

El 31 de agosto de 2021 la Corte IDH emitió su sentencia señalando que el Estado violó los derechos a la vida, a la vida digna, a la integridad personal, a las garantías judiciales, a los derechos del niño, a la igual protección de la ley, a la protección judicial, a la salud, al trabajo y sus condiciones justas, equitativas y satisfactorias, a la seguridad social, ya la igualdad y no discriminación en perjuicio de las 42 víctimas.

El tribunal de justicia internacional le ordenó al Estado brindar la atención médica y psicológica integral y especializada a las víctimas del caso y sus familiares, conceder becas educativas para las víctimas, sus hijas e hijos, nietas o nietos; establecer un programa de proyectos productivos para las víctimas y sus familiares; entregar viviendas a las víctimas y sus familiares, elaborar y difundir un documental televisivo sobre los buzos misquitos, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, de desagravio y compromiso de no repetición.

Así como publicar y difundir la sentencia, pagar las cantidades fijadas por daño inmaterial y daño material, pagar la cantidad fijada por concepto de gastos y costas, incorporar a los buzos y sus familiares a los programas sociales dirigidos a personas que viven en situación de exclusión. social, adoptar las medidas tendientes a garantizar una adecuada regulación, fiscalización y supervisión de la actividad de las empresas pesqueras industriales en territorio misquito.

Igualmente, implementar las medidas de fortalecimiento del sistema de salud de La Mosquitia desde la perspectiva del desarrollo social inclusivo; diseñar e implementar una campaña de sensibilización y concientización de la sociedad hondureña sobre la situación de los misquitos; realizará una investigación exhaustiva de los hechos, identificación, juzgamiento y sanción de los responsables de los accidentes sufridos por las víctimas y emprenderá una búsqueda exhaustiva del paradero de las víctimas que permanecen desaparecidas.

Hasta ahora el Estado solo ha cumplido con el reconocimiento de su responsabilidad en un acto público, el pago de una parte de las indemnizaciones, otorgamiento de becas y la entrega de viviendas, las cuales 39 se habían dado antes de la emisión de la sentencia quedando pendiente tres.

Eleazar López, presidente de la Amblih, explicó que a los 42 demandantes y sus familias el Estado les han dado algunas cosas. A unos ya les pagaron la indemnización y también les dieron becas a los hijos y nietos, pero en cuanto a las otras medidas para reducir los accidentes hay un total incumplimiento, aseguró.

Debido a que no se han tomado acciones de supervisión de la pesca industrial a través del buceo, en cada temporada aparecen nuevas víctimas. “Hace poco, en septiembre, atendí a un buzo recién afectado por el síndrome de descompensación”, recordó.

“La gente no entiende. Nosotros ya estamos discapacitados, ellos ven nuestra situación y siguen exponiéndose al peligro porque aquí no hay otra alternativa para llevar alimentos a la familia”, lamentó López.

Por su parte, la abogada Claudia Herrmannsdorfer, del equipo Jurídico por los Derechos Humanos, que formó parte de la representación legal de los buzos misquitos, explicó que en lo pecuniario se ha avanzado, aunque eso es simbólico, pero por otro lado no se ha cumplido ni con la publicación de un documental ya que una propuesta fue rechazada porque no se le daba voz a las víctimas y familiares.

Manifestó que en cuanto a la implementación de las medidas estructurales hay atraso, no hay logros. “Es que estas requieren de un mayor presupuesto del Estado. En educación, salud, rehabilitación, en supervisión de las empresas pesqueras y en investigación para llevar a la justicia a los culpables falta mucho que hacer. Ahí el Estado tiene una responsabilidad”.

Como hay incumplimiento, y los accidentes continúan, otro grupo de buzos misquitos, afiliados a otras organizaciones ya están hablando de otro litigio y esto es preocupante, advirtió la profesional del derecho.