Honduras es el país más peligroso del mundo para los ambientalistas

Tegucigalpa, Honduras.- Con un promedio de 18 asesinatos de defensores ambientales y de territorios por año y una tasa de 15.6 homicidios por cada millón de habitantes, Honduras se ha convertido actualmente en el país del mundo con más crímenes contra estos activistas, según un estudio de Global Witness 2023.

El documento precisa que entre el 2012 y el 2023 en este país se registraron 149 asesinatos de ambientalistas y defensores de la tierra, dejando un promedio de 18 crímenes por año; esto ubica a Honduras en el mundo como uno de los territorios más letales para quienes protegen la vida humana y de la naturaleza.

Según Daniel Cáceres, director del observatorio de derechos humanos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), estos crímenes no cesan y van desde asesinatos, criminalización, vigilancia y patrullaje y seguimiento de supuestos agentes estatales, de terceros y por miembros del crimen organizado, hasta vigilancia por medio de drones, detenciones arbitrarias amenazas a muerte incluyendo a familiares.

Solo en el 2023, un total de 18 defensores fueron asesinados y en lo que va del 2024 ya van cuatro víctimas.

El último hecho fue el asesinato de Juan López, ambientalista y regidor de la municipalidad de Tocoa, Colón. Este crimen se registró el 14 de septiembre reciente.

Una semana antes, el Conadeh le advirtió al Estado sobre las amenazas y riesgos que estaba viviendo López, pero al parecer no se atendieron las advertencias, lamentó Cáceres.

Para Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), normalmente los defensores de territorio son los más expuestos, porque al vivir en comunidades o ciudades pequeñas, los perpetradores fácilmente les conocen los movimientos y sus puntos vulnerables.

Conocen su casa, sus familias, con quienes se relacionan y, como los victimarios tienen hasta relación con el Estado, incluso les intervienen hasta sus teléfonos, expuso.

Según Meza, como estos defensores no tienen una protección estatal fácilmente son intimidados y desestabilizados psicológicamente con tácticas, como hacerles ruido en la noche, enviarles delincuentes en moto o vehículo para que pasen continuamente por las casas o un seguimiento.

Lo más terrible es que la mayoría de las víctimas tienen miedo de ir al mecanismo de protección porque esta instancia se está utilizando políticamente.

“Si usted ve los mensajes de la ministra Angélica (Álvarez), son mensajes políticos y de odio contra la oposición política o contra personas que se oponen, dicen ellos, a la refundación del socialismo democrático”, cuestionó.

Para Meza, el Estado es cómplice de todos los atropellos que viven actualmente los ambientalistas y defensores de territorios, porque protege a las empresas que operan y contaminan el ambiente y desprotege a quienes cuidan la naturaleza y su biodiversidad.

“El Estado te mató porque no te protegió”, decía una pancarta con el rostro de López, cuando su cuerpo era llevado al panteón.

El 14 de septiembre, mientras el partido en el poder traía gente de todo el país a la capital para gritar que la presidenta Xiomara Castro “no está sola”, uno de los suyos era acribillado a tiros en Tocoa.

López no solo era un defensor ambiental, sino también un regidor municipal por parte de Libertad y Refundación (Libre) que exigía ética y moral en los políticos de su partido. Dos días antes de su asesinato le había solicitado la renuncia a Adán Fúnez, alcalde de Tocoa, también de afiliación de Libre.

En un narcovideo que sacudió las bases de ese ente político, Fúnez, junto con un grupo de capos de la droga, aparece negociando un soborno de 650,000 dólares (unos 13 millones de lempiras) con Carlos Zelayas, exdiputado de Libre y exsecretario del Congreso Nacional, hermano del expresidente Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Castro.

Esa turbia negociación con criminales enfureció a mucha gente de Libre, entre ellos López, quien pidió la renuncia de Fúnez, a quien ya había enfrentado por permitir la destrucción ambiental del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escalera.

Perseguido por el Ministerio Público y amenazado por desconocidos, por su defensa ambiental y por su moral política, López había buscado protección en el Conadeh y en el Mecanismo de Protección de la Secretaría de Derechos Humanos, pero el gobierno no fue capaz de protegerlo.

Desde el 2015, el Estado hondureño cuenta con un mecanismo y una fiscalía de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, pero según un estudio de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) denominado “Defensores sin defensa” ambas entidades estatales son totalmente inoperantes.

El Mecanismo de Protección, creado en 2015, fue politizado y polarizado a partir del 2022 por la exministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, y por la actual secretaria, Angélica Álvarez. Ahora los defensores y defensoras amenazados no confían en esa instancia, destaca la investigación.

Este estudio reveló que en el mecanismo existe una asignación del presupuesto desproporcional entre beneficiarios. Seis casos -seis funcionarios públicos- absorben el 83% de los recursos. Estas son personas que ya cuentan con medidas de protección especial desde el propio Estado, generándose una sobreprotección a unos pocos y una desprotección a muchos.

Por otro lado está la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (Feproddhh) creada en 2018. Este ente, entre el 2018 y el 2020, recibió 199 denuncias, no obstante, nunca presentó un requerimiento fiscal.

Igual, el informe de la ASJ señala que esta misma fiscalía entre el 2018 y el 2023 recibió 266 denuncias, pero de estas solo judicializó tres agresiones contra operadores de justicia, lo que significa que el 98 por ciento de los casos están en la impunidad, o han sido traslados a otras fiscalías.

Para German Chirinos, consejal del Mecanismo de Protección por parte de la sociedad civil y beneficiario de medidas otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es lamentable la situación del sistema de protección porque no está respondiendo al objetivo de proteger a las personas que se dedican a la defensoría de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia.

En el caso de Juan López, él tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana y del Mecanismo, pero entonces ¿por qué andaba desprotegido? En este sistema se realizan análisis de riesgo y se hacen comités técnicos, pero las medidas de protección muchas veces se cumplen parcialmente, en otros casos no se cumple ninguna, criticó.

“Siento que no hay voluntad política de parte de los funcionarios o de parte de las distintas secretarías de Estado que conforman el mecanismo -fustigó-, en este caso nosotros como concejales lo decimos, lo repetimos, pero verdaderamente no ha habido respuesta”.

Siempre “se alega que no hay presupuesto, que el presupuesto se lo llevan cinco medidas de protección, porque se les aprobaron desde hace varios años medidas bastante onerosas y que no han podido ser quitadas”, deploró Chirinos. Gracias a la CIDH, este defensor anda con protección de escoltas policiales.

“Yo soy concejal, pero también soy beneficiario y tengo medidas cautelares de la Comisión Interamericana. Y soy una persona que estoy en un riesgo tremendo. A mí en el mecanismo se me celebró el comité técnico el 7 de agosto del año pasado y hasta el día de hoy las medidas aprobadas en aquel momento no han sido cumplidas”, recordó.

Entre tanto, el fiscal general del Estado, Johel Zelaya, dijo que no se dejará presionar para emitir requerimientos contra una determinada persona, haciendo alusión a Fúnez, a quien el sacerdote Carlos Orellana responsabilizó del asesinato de López.

“Los señalamientos los hacen, pero nosotros no nos vamos a dejar llevar por redes, ni por discursos. Siento a veces que muchas declaraciones y muchas redes sociales apuntan a X personas, sabiendo quiénes pueden estar atrás de este asesinato”, dijo Zelaya tras reunirse con Rebeca Raquel, presidenta del Poder Judicial, para abordar el caso del ambientalista.

Se está trabajando las 24 horas para dar con los responsables. “No desviemos la atención. Vamos a llegar al verdadero criminal, sea intelectual o material. No nos vamos a dejar llevar por redes sociales, los requerimientos se presentan en los tribunales, no en las redes sociales; tampoco me voy a dejar presionar diciendo: fulano o sutano”, declaró el fiscal.