Por lentitud del gobierno no entregan cientos de casas para afectados por Eta e Iota

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los contratistas que tienen a cargo los proyectos de viviendas para las familias que fueron afectadas por los fenómenos naturales de Eta y Iota demandan a la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) y al gobierno central completar el proceso de entrega.

Algunos de los inversionistas han puesto de sus propios recursos para poder avanzar, según confesaron a EL HERALDO, debido a que el nuevo gobierno determinó parar los fondos mediante los cuales se estaban ejecutando más de 2,200 viviendas para las familias que habitan en zonas de riesgo a fenómenos naturales. La inversión en la construcción supera los 1,200 millones de lempiras, establecen datos de la UCP.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus visitó cada una de las zonas donde se ejecutan las viviendas que deben ser entregadas de forma gratuita a las familias, pero muchas están abandonadas y en otros se trabaja a medio vapor.

El proyecto Anexo Tulipanes, ubicado en Villanueva, Cortés, y que es ejecutado por la empresa Corporación de Bienes y Servicios, S.A. de C.V. (Corbise), es quizás el más avanzado, debido a que ya hay gente ocupando las viviendas.

Cuando el equipo de EL HERALDO Plus llegó al proyecto, había una división de lámina: en un lado estaban los condóminos que ya fueron habitados y en otro los que se encuentran en proceso de construcción.

Al solicitar ingresar a las obras, sin concluir, el guardia consultó al ingeniero a cargo, pero no dio permiso para hacer fotografías al interior de la zona de construcción. Tampoco detallaron cómo va el avance.

Tras una comunicación con ejecutivos de la empresa constructora, informaron que están empeñados en terminar las obras y que, a pesar de que ha habido retrasos en los pagos - como en todos los proyectos- de a poco siguen avanzando.

Un pequeño informe, al que tuvo acceso la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus, detalla que de los 324 módulos habitacionales que se comprometieron a construir, 234 ya fueron culminados y entregados a la UCP.

Además, hay 36 unidades que están en construcción con un avance del 80% y otros 54 que se edifican con una proyección de entregarlas en marzo del 2024.

El proyecto será entregado con todos los servicios, de los cuales gozan 354 personas que fueron instaladas en los módulos A, B, C y D, establece la información proporcionada.

En la actualidad la UCP adeuda 24.1 millones de lempiras a Corbise, que corresponde a 54 viviendas que ya fueron entregadas por completo, por lo cual urgen avanzar para terminar las obras y que les paguen la deuda.

“Gracias a Dios aquí estamos bien, la casita está bonita, tiene dos cuartos, la salita y la cocina, solo que pagamos mucha luz, hasta 800 lempiras al mes”, expresó María Lara, quien anduvo un año deambulando con sus hijos mientras le daban la morada prometida, ya que la lluvia destruyó su vivienda durante Eta y Iota.

Otra madre de familia, que prefirió no dar el nombre, aseguró que están mejor que antes, todo es de llevarse bien con los vecinos, aunque los niños no están yendo a la escuela, porque queda muy lejos.

Más adelante, siempre en Cortés, está el proyecto Residencial Los Prados, ubicado en Choloma, donde el avance es mínimo. Según los guardias, quienes no dejaron entrar a la obra, la empresa constructora tiene como seis meses de estar detenida, “nadie está trabajando” aseguraron.

EL HERALDO Plus trató de buscar a alguien de los encargados, pero ni la UCP ni en la zona permitieron contactar a algún representante, sin embargo están detenidos.

Mientras que el proyecto Residencial Hernández, de Choluteca, edificado por la constructora Consorcio del Pacífico Sur y que tenía como plazo enero de este año para entregarlo, todavía no es recibido por la UCP.

El equipo de periodistas de EL HERALDO Plus comprobó que el proyecto ya está culminado y más bien las viviendas se están deteriorando, debido al retraso de los pagos, mientras las familias se preguntan: ¿cuándo les entregarán sus casas?

“Le pedimos al gobierno y a las personas involucradas, que hagan toda la gestión necesaria para que estos proyectos se puedan entregar los más pronto posible, porque la gente todos los días vienen a que se las entreguen así como están, pero se les dice que todavía el gobierno no las ha recibido”, demandó Milciades Ordóñez, gerente de la empresa a cargo de la obra.

Al mismo tiempo, Ordóñez destacó que el proyecto prácticamente está terminado, solo falta alrededor de un 5% en detalles, pero todas las obras se detuvieron por falta de fondos que no son manejados por la UCP y la Secretaría de Finanzas.

Explicó que lo que falta por ejecutar se debe a la carencia de fondos, pero al recibir el dinero proyectan terminar en un mes y medio. Luego, las autoridades podrán entregar las viviendas a las familias beneficiadas.

El problema es que los fondos estaban en un fideicomiso del Instituto de la Propiedad (IP) y luego eran desembolsados a la UCP, ahora les han dicho que la Secretaría de Finanzas (Sefin) traspasará los recursos nuevamente al IP.

Destacó que estos proyectos son de una dimensión enorme, con una millonaria inversión, pero ellos, como empresa, están perdiendo, ya que el contrato era de 208 millones de lempiras, pero el presupuesto ya sobrepasó los 240 millones, es decir, pierden más de 30 millones, pero su propósito es cumplir.

En el proyecto Comunidad San Francisco de Asís, de Macuelizo, Santa Bárbara, edificado por la constructora M.R. Molina & Asociados, las familias están desesperadas por poder entrar a las viviendas que ya están terminadas.

Cuando la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus llegó, el proyecto avanzaba a paso lento en el pavimentado de las calles, la instalación del agua y ver cómo se soluciona el problema que tienen con los postes de la energía eléctrica, debido a que los instalados son de madera y la Empresa de Energía Eléctrica (ENEE) ahora exige que sean de concreto.

El padre Leopoldo Serrado, integrante de la Fundación Hermanos Franciscanos de la Misericordia, declaró que las obras llevan un ritmo lento, pero no se han estancado. Sin embargo, desde hace más de un año las casas debieron ser entregadas a las familias.

Las razones del retraso es que las empresas constructoras no avanzan en los plazos establecidos, pero no tienen recursos. Ellos solo trabajan de acuerdo a los desembolsos del gobierno.

Él, con apoyo de otras organizaciones, ha hecho que las familias que resultaron afectadas con el derrumbe de la aldea La Reina, en Protección, Santa Bárbara, sobrevivan en pequeñas moradas donde habitan niños, adultos y ancianos.

El religioso demandó que aprueben el proyecto de electrificación, porque a pesar que ya está el alambrado, la ENEE se niega a realizarlo, tampoco pueden instalar el agua potable porque no se puede usar el pozo que hizo la UCP ya que no tienen energía eléctrica.

Además, hace más de un año las autoridades del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) prometieron construir una escuela, ya que es una comunidad grande, pero tampoco han regresado. Los niños reciben clases en la iglesia, el salón comunitario y en un quiosco, además les han quitado maestros.

Se quejó que este gobierno “es sordo”, porque han hecho muchas solicitudes, les prometieron que les iban ayudar, llegaron ministros que les iban a dar alimentos y bonos, pero nada ha llegado hasta el momento.

Mientras que en el sector de Lomas del Diamante, al sur de la capital, las familias que fueron instaladas en las casas contenedores siguen clamando por ayuda, que los saquen de ese lugar y que les entreguen la vivienda de bloque prometida.

René Flores -quien reclama el derecho de propiedad de los predios, pero que en el gobierno anterior fue negado por el IP- demandó al Estado de Honduras, sustentado en documentos ancestrales que tenían los nativos de la zona, a quienes los sacaron personas invasoras.