“Amenaza las finanzas y el ambiente”: ASJ denuncia contrato energético

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó este martes una denuncia por irregularidades en un contrato energético que fue “revivido” en 2024.

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En horas del mediodía de este martes, el equipo legal de la ASJ presentó una denuncia ante el Ministerio Público luego de encontrar irregularidades cometidas por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) con una empresa térmica en la adjudicación de un contrato energético.

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En su nota de prensa, el organismo de sociedad civil señala que “un polémico contrato fue ‘revivido’ en 2024 bajo el nombre de ‘Brassavola’, con modificaciones radicales en tecnología, duración y ubicación, lo que sugiere una preocupante falta de transparencia y rendición de cuentas”.

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En su informe la ASJ advierte que este polémico contrato energético podría trae un grave impacto financiero para la ENEE.

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“El impacto financiero de estas decisiones es alarmante, con una alta dependencia en la generación térmica que ha llevado a una tarifa eléctrica nacional significativamente más cara que la de los países vecinos”, indica.

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La ASJ expuso estas supuestas irregularidades luego de analizar exhaustivamente contratos de energía, contrataciones de emergencia y solicitudes de información por medio del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

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A criterio de la ASJ, las prácticas de la ENEE a la hora de otorgar contratos amenazan la estabilidad financiera y el bienestar ambiental del país.

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“Durante la presidencia de José Manuel Zelaya, se declaró emergencia en el subsector eléctrico, dando paso a contratos directos, incluyendo uno otorgado a la empresa Comercializadora de Electricidad Centroamericana de Honduras S.A. (CECHSA) por 150 MW a base de carbón. A pesar de las advertencias del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre la inadecuación de estos contratos, el Congreso Nacional los aprobó, generando un precedente perjudicial”, subraya.

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“El contrato con CECHSA, firmado en 2008, estuvo marcado por irregularidades desde su concepción. A pesar de los indicios de sobrecostos significativos (según el TSC era en exceso de los USD 1,560 millones durante la duración del contrato), este se mantuvo vigente durante años, sin entrar nunca en operación y en 2014 estuvo en proceso de cancelación”, agrega.

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La ASJ expone que el contrato nunca entró en operación durante 14 años, lo cual ocasionó un déficit en el Sistema Interconectado Nacional, lo cual obligó al país a depender del Mercado Eléctrico Regional.

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El informe indica que el contrato sorprendentemente “revivió” bajo el nombre “Brassavola” con modificaciones radicales en tecnología, duración y ubicación, indicando que esto supone una preocupante falta de transparencia y rendición de cuentas.

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La ASJ advierte que el impacto económico de estas decisiones es alarmante, las cuales han hecho que la tarifa eléctrica nacional sea significativamente más cara que la de los países vecinos. El informe indica que esto ha generado una presión financiera insostenible que supera los 10,815 millones de lempiras, lo cual representa el 35% de presupuesto de compras de la ENEE y el gobierno.

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Luego de la investigación y la respectiva denuncia ante el Ministerio Público, la ASJ instó al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a realizar una auditoría exhaustiva de los contratos otorgados a CECHSA y otras empresas al Congreso Nacional a no aprobar contratos que consideran lesivos para las finanzas del país.

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“La ASJ insta al TSC a realizar una auditoría exhaustiva de los contratos otorgados a CECHSA y otras empresas, al Congreso Nacional a no aprobar contratos lesivos para las finanzas del país, y a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) a no permitir que los costos de generación se trasladen a los usuarios finales, y a la ENEE a culminar el proceso de depuración de contratos”, indica.

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El organismo de sociedad civil también hizo un llamado al Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a condicionar los financiamientos otorgados al país y a instituciones como la ENEE.

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La investigación y posterior denuncia presentada por la ASJ ha sido tomada por las autoridades energéticas en Honduras como un “ataque político” que responde a “intereses oscuros”.

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