Los contratos de publicidad con los que se beneficiaron los hijos de Gustavo Sánchez

Una empresa de dos hijos del ministro de Seguridad, adjudicó contratos con el INAMI y Senprende. Pese a la documentación, Sánchez negó los hechos

Por conceptos de servicios publicitarios, dos hijos del ministro de Seguridad, Héctor Gustavo Sánchez, fueron beneficiados con contratos con el Estado, pese a que la ley prohibe que familiares de funcionarios públicos sean proveedores del Estado. A continuación, más detalles.

Foto: El Heraldo

Semanas atrás, la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, fue la primera en exponer esta anomalía en el foro televisivo “Frente a Frente”. “A mí se me colocó allá para hacer una veeduría y si yo quiero ver, por ejemplo, cómo están las licitaciones de publicidad, ¿las puedo saber yo? Creo que sí. Y si encuentro que parte de esas licitaciones se las dan a los hijos del general Sánchez Velásquez, ¿parece correcto?”, mencionó.

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Por su parte, la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus constató que cuando el Instituto Nacional Para la Atención a Menores Infractores (INAMI) fue intervenido por la Policía Nacional, la institución contrató una agencia publicitaria perteneciente a Valeria Loret Sánchez y Gustavo Sánchez Jr., hijos del actual ministro y exdirector de la Policía (enero de 2022-junio 2023).

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Se trata de la sociedad mercantil Kraken Digital Studio, una sociedad mercantil de Responsabilidad Limitada. En esta compañía, Gustavo Sánchez (hijo) figura como el director creativo de la agencia.

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Kraken Digital Studio figura desde 2022 dentro del registro de proveedores del Estado de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE). La constancia de inscripción detalla que Valeria Loret Sánchez es la propietaria de la empresa.

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Según la ficha de ONCAE, la empresa se dedica a la elaboración de boletines de compras, servicios de publicidad o televisión, publicidad en televisión, internet, revistas y periódicos, así como servicios publicitarios en pancartas.

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Algunos de los contratos, adjudicados la mayoría como contratos directos, con los que fueron beneficiados los hijos del ministro de Seguridad no cumplieron con las normativas legales en el proceso de selección, violentando la Ley de Contratación del Estado.

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La empresa se llevó el contrato por 234,035 lempiras para la realización de “16 videos reel TikTok, cinco videos pantalla verde con animación estilo informativo para explicar el proceso de acompañamiento y noticiero, manejo de redes sociales, influencer o embajador de marca que acompañe toda la campaña, cuatro casos de éxito (mini documental de seis minutos), arte gráfico (45) y honorarios de la empresa”.

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De igual forma, Kraken Digital Studio cobró 59,602 lempiras al INAMI por “servicios de publicidad y propaganda” para otro proyecto enfocado en una campaña institucional de prevención.

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Los hijos de Sánchez no solo adjudicaron contratos con el INAMI. En 2022, la empresa fue contratada por el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (Senprende), devengando una suma de 247,250 lempiras por servicios publicitarios y de propaganda.

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Tras la publicación de la investigación, Gustavo Sánchez reaccionó, aseverando en su cuenta de X que “La Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional no tienen presupuestado ningún centavo para pagar pauta publicitaria”.

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“No se le ha pagado ningún contrato a mis hijos con presupuesto de esta secretaría, en ese rubro y en ningún otro” afirmó Sánchez, pese a las evidencias presentadas con información de acceso público a través de ONCAE y el Portal de Contrataciones Abiertas.

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Tanto la Ley de Contratación del Estado como el Código Penal establecen las prohibiciones contra los funcionarios públicos en altos cargos para beneficiar a familiares con contratos. En el caso de comprobarse tráfico de influencias se aplica una pena de dos a cinco años de prisión.

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Por su parte, el ministro de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC), Sergio Vladimir Coello, informó que se comenzó un proceso de investigación sobre estos contratos. Por su parte, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) también que investigarán por medio del departamento de veeduría social.

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