Allanamientos a exfuncionarios corruptos en Día Internacional contra la Corrupción

El Ministerio Público, a través de las fiscalías del Circuito Anticorrupción, presentó este lunes -9 de diciembre- requerimientos fiscales, por lo que ejecuta órdenes de captura en el marco del Día Internacional contra la Corrupción para exfuncionarios de Gobierno.

Entre los exfuncionarios de Gobierno acusados están una congresista, exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), operadores de justicia, sindicalistas, miembros de la Policía Nacional y particulares que cometieron perjuicio contra el Estado hondureño.

La Fiscalía Especial Contra la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presentó requerimiento fiscal contra la diputada Gladys Aurora López por el delito de malversación por uso diferente, junto con otras tres personas, entre ellos dos exfuncionarios de la ENEE.

Las investigaciones revelan que la congresista gestionó un proyecto de energía eléctrica estatal para la comunidad de La Ceibita en Opatoro, La Paz, que ya contaba con alumbrado público.

Según el requerimiento fiscal contra López, se le dio un uso diferente al propósito original, siendo utilizado para un proyecto privado ubicado en San Pedro Sula.

Asimismo, Norma Agripina García, Secretaria Municipal de Tocoa, Colón, es acusada de falsificar una certificación del acta de un cabildo abierto realizado el 30 de junio de 2016.

Según la acusación, la funcionaria municipal manipuló documentos para incluir información falsa sobre la aprobación de proyectos mineros a favor de la empresa Ecotek/Pinares, con el propósito de obtener una licencia ambiental de forma ilícita.

Se acusa además por concusión a Bayron Hernández Castañeda, juez municipal de Santa Rosa de Copán, por utilizar a privados de libertad y menores infractores, quienes debían realizar trabajos comunitarios, para trabajar en la construcción de su casa.

También son acusados cinco exmagistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 2016-2023 por el delito de prevaricato judicial.

Asimismo, son acusados el juez ejecutor Germán Ubaldo Flores Matamoros; Carlos Manuel López Lizardo, presidente del Sindicato de Docentes de la UNAH (SIDUNAH), y varios particulares, por formar parte de una estructura que desvió más de 80 millones de lempiras de las arcas de la máxima casa de estudios.

Adicionalmente, la FEES-SJ inició causas penales contra empleados del Ministerio Público y miembros de la Policía Nacional por diversos delitos.

La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) presentó requerimiento fiscal contra Lisandro Rosales Banegas, excomisionado de COPECO, junto a varios exfuncionarios y representantes de empresas privadas por el desvío de fondos en la construcción de puentes financiado con un préstamo del BID por 18 millones de dólares.

Además, se acusó a Héctor Ramón Ventura Henríquez y José Alberto Zelaya Guevara por lavado de activos, acusándolos de dar apariencia lícita a fondos provenientes del desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Cabe destacar que las órdenes de captura se ejecutaron por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en conjunto con otras fuerzas de seguridad.