Sindicalistas de la UNAH y exfuncionarios: ¿Quiénes son los requeridos por corrupción?

El requerimiento presentado en horas tempranas de este lunes incluyen al excomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) Lisandro Rosales y sindicalistas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Foto: Redes sociales

Las acciones del MP son en contra de exfuncionarios de gobierno, una congresista, exmagistrados, operadores de justicia, sindicalistas, miembros de la Policía Nacional y particulares implicados en actos de corrupción.

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La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) acusó a Lisandro Rosales Banegas, excomisionado de Copeco, y a otros exfuncionarios y empresarios por el desvío de fondos destinados al programa “Prevención y Mitigación de Desastres Naturales”, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con 18 millones de dólares.

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De igual manera, en contra de la diputada Gladys Aurora López, por el delito de malversación por uso diferente, junto con otras tres personas, entre ellos dos exfuncionarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

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Las investigaciones indican que la congresista gestionó un proyecto de energía en estatal eléctrica para la comunidad de La Ceibita en Opatoro, La Paz, que ya contaba con alumbrado público; sin embargo, se le dio un uso diferente al propósito original, siendo utilizado para un proyecto privado ubicado en San Pedro Sula.

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Otro caso presentado es contra Norma Agripina García, secretaria municipal de Tocoa, Colón, acusada de falsificar una certificación del acta de un cabildo abierto realizado en el año 2016.

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Según el MP, García incluyó información falsa para avalar proyectos mineros a favor de la empresa Ecotek/Pinares, con el objetivo de obtener de forma ilícita una licencia ambiental, según las investigaciones del MP.

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Otro caso es el de Bayron Hernández Castañeda, juez municipal de Santa Rosa de Copán, quien fue señalado por concusión. Las autoridades lo acusan de utilizar a privados de libertad y menores infractores, quienes debían realizar trabajos comunitarios, para que construyeran su residencia.

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De igual manera, también se le acusó al juez ejecutor, Germán Ubaldo Flores Matamoros, y Carlos Manuel López Lizardo, presidente del Sindicato de Docentes de la UNAH (Sidunah).

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Los implicado también son: Germán Ubaldo Flores Matamoros (Juez ejecutor nominado por la Sala de lo Constitucional), Carlos Manuel Moreno Lizardo (presidente del Sidunah), Ena Yolanda Figueroa (Vicepresidenta del Sidunah), Andrés Donaldo Mendoza Rojas (Miembro de la junta directiva), José Expectación Almendares Lizardo (apoderado legal de Carlos Moreno), Jesús Antonio Ferrera Matute (exapoderado legal de Sidunah), Óscar Danilo Gonzáles Rosales (firma autorizada en las cuentas bancarias donde se acreditó el primer embargo), Roberta Dolores Martínez AmadorLuis Roberto Palomo Martínez, Eduardo José Macías Moreno (sobrino de Carlos Moreno), Yuni Maribel Gómez, José Luis Umanzor, Rina Isabel Gonzáles Martínez.

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Se conoce que formaban parte de una estructura que, mediante resoluciones arbitrarias, desvió más de 80 millones de lempiras de las arcas de la UNAH, hacia cuentas personales.

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Héctor Ramón Ventura Henríquez y José Alberto Zelaya Guevara, también son acusados por lavado de activos, al utilizar recursos provenientes del desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

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