Transportistas de Honduras y Guatemala trabajan para pagar extorsión a maras

La profesión de conducir un taxi o un autobús en Guatemala y Honduras se ha convertido en un oficio de alto riesgo, viéndose los conductores muchas veces asediados entre el pago de las extorsiones o la muerte, con más de 5.000 choferes asesinados entre 2010 y 2024 en estos países.

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A finales de agosto pasado, un conductor de un bus extraurbano fue sorprendido por sicarios en una motocicleta y asesinado a tiros cuando apenas llevaba 10 kilómetros de haber salido de la Ciudad de Guatemala e iniciado su recorrido habitual.

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Los pasajeros alertaron a los bomberos y compartieron imágenes del crimen en redes sociales. Esta escena se repite en las carreteras de Guatemala y Honduras, donde los choferes se sienten a la deriva sin apoyo de sus autoridades o incluso de sus patronos, quienes en muchos casos se niegan a pagar la extorsión pedida por las pandillas que operan en ambas naciones del norte de Centroamérica.

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Estas pandillas o ‘maras’ formadas por jóvenes y adultos dominan algunos barrios de Honduras y Guatemala con un ‘modus operandi’ basado en el asesinato y las extorsiones, prácticas a las que se suman la amenaza y la persecución.

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Estas organizaciones criminales han obligado a muchas empresas de transporte a cerrar temporalmente sus operaciones por el cobro de extorsiones, así como a suspender sus labores a decenas de taxistas y choferes de transporte urbano en las principales ciudades y departamentos.

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En Honduras, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) registró entre 2010 y septiembre de 2024 unas 2.300 muertes violentas de personas vinculadas al sector del transporte.

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Además, en el mismo periodo un estimado de 1.140 conductores de taxis y mototaxis fueron asesinados, de acuerdo con el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (Conadeh).

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En Guatemala, entre 2014 y 2024 la PDH local sumó 2.000 homicidios contra personas en transporte público, entre estos unos 640 conductores de buses extraurbanos que atraviesan el país.

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Juan José, un conductor de taxi en Tegucigalpa al que no se identifica con su nombre completo por seguridad, explicó a EFE que la profesión se ha vuelto “peligrosa” por la violencia y el cobro de extorsiones de parte de las pandillas.

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“Es preocupante la cantidad de compañeros que nos matan todos los meses, eso nos tiene de rodillas, porque no sabemos qué hacer ni a quién recurrir para encontrar una solución”, lamenta Juan José, que trabaja como taxista desde hace 20 años.

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Lo mismo vive Jorge, un conductor de taxi en uno de los municipios aledaños a la capital de Guatemala, que durante una década condujo transporte extraurbano.

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“He pagado extorsión casi toda mi vida (...) No hay atención del Gobierno, lo que nos toca es respaldarnos como gremio e incluso nos organizamos para pagar el impuesto de forma grupal, cada semana, según el acuerdo que tengamos con ellos”, dice en referencia a los extorsionistas.

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En el caso hondureño muchos taxistas han sido asesinados por pandillas porque los propietarios de las unidades “se niegan a pagar extorsiones o porque no están dispuestos a pagar más dinero”, afirma Juan José.

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Muchos conductores han perdido la vida por no pagar “el impuesto de guerra” que les cobran las pandillas, mientras que otros se han visto obligados a desplazarse forzosamente, denunció la coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes.

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Desde 2016 a la fecha, el Conadeh atendió unas 300 quejas de transportistas que denunciaron estar en riesgo o ser víctimas de desplazamiento forzado.

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Reyes indica que “se ha identificado que los transportistas son una de las poblaciones con alto desplazamiento forzado” debido a las amenazas y atentados que sufren cuando “no pagan la extorsión”.

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Los transportistas alegan ser víctimas de amenazas y extorsión, y los principales responsables fueron desconocidos o miembros de pandillas.

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En Guatemala, la Gremial de Transporte Extraurbano denunció que durante 2024 unos 500 choferes y ayudantes decidieron dejar sus puestos de trabajo ante la amenaza de ser asesinados en sus rutas de trabajo.

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En agosto, Carlos Vides, presidente de la Gremial de Transporte Extraurbano explicó que el flagelo de la extorsión le cuesta unos 600 millones de dólares anuales a unas 1.500 unidades de diferentes empresas que operan en toda Guatemala.

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