AMC rechaza “abusiva” iniciativa de obligar a medios de comunicación a difundir mensajes del Estado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Asociación de Medios de Comunicación de Honduras (AMC) rechazó la iniciativa “abusiva y populista” presentada en el Congreso Nacional para obligar a la prensa hondureña a la difusión obligatoria de mensajes ordenados por decreto desde un Poder del Estado.

A través de un comunicado, la AMC sostuvo estar en contra de la conducta antidemocrática que atenta contra la garantía de libertad de expresión.

La asociación afirmó que no puede permitir “una disposición de tal naturaleza porque no sólo es atentatoria a las garantías constitucionales de la libertad, sino que es una expresión de fuerza impositiva”.

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Al mismo tiempo lamentó que los diputados hondureños jueguen con lo ajeno y manipulen para engañar. Además, señaló que la “absurda” intención de legislar en contra de los medios violenta artículos constitucionales.

Aquí el comunicado íntegro de la AMC:

“La Asociación de Medios de Comunicación de Honduras (AMC) rechaza de manera contundente la abusiva y populista iniciativa presentada recientemente en el seno del Congreso Nacional por la diputada Claudia Ramírez en representación del partido Salvador deHonduras (PSH), con el fin de imponer a los medios de comunicación privados la difusión obligatoria de mensajes ordenados por decreto desde un Poder del Estado.

Este asomo de conducta antidemocrática claramente atenta contra la garantía a la libertad de expresión, de prensa y de opinión. Asimismo, se constituye en una amenaza a una actividad protegida por la Constitución de la República y la Ley de Libre Emisión del Pensamiento emitida en 1959 al pretender obligar a los medios electrónicos a que cedan espacios gratuitos en una manifiesta intervención a la empresa privada dedicada a la comunicación.

Los medios de comunicación aglutinados en la AMC, organización que siempre ha defendido las libertades y que ha desempeñado un papel fundamental en la defensa de los valores democráticos del país, no podemos permitir una disposición de tal naturaleza porque no sólo es atentatoria a las garantías constitucionales de la libertad, sino que es una expresión de fuerza impositiva que mañana con el mismo ánimo de ganar notoriedad y quedar bien con el recurso ajeno, la pueden trasladar a otros sectores para obligar a empresas a que den gratis sus productos o servicios.

Esta arbitrariedad se lleva de encuentro la principal causa de bienestar económico: La libertad. Los controles propios de dictaduras de principios del siglo XX no son consecuentes con las aspiraciones y esperanzas de los hondureños que acompañan nuestros medios ya que la prensa sirve de válvula de escape a la sociedad.

Lamentamos que legisladores que juegan con lo ajeno y que manipulan para engañar, no aprecien ni comprendan el valor de derechos intrínsecos a la persona humana como la libertad de expresión. La Constitución de la República salvaguarda esta libertad y significa la función social inigualable e insustituible de los medios de comunicación en el contexto de pesos y contrapesos indispensables para el bien democrático del país.

Esta absurda intención de legislar en contra de los medios y su uso en beneficio del bien común violenta artículos constitucionales; la Ley de Emisión del Pensamiento, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración de Chapultepec.

¿No les parece que desde el Congreso los legisladores mejor se deberían dedicar por ejemplo a buscar soluciones para el creciente desempleo?”.

La propuesta se presentó en el Congreso Nacional por la diputada suplente Claudia Ramírez en representación del partido Salvador de Honduras (PSH).

También, propuso que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) instruya a las empresas de radio y televisión nacional para que estas “de forma obligatoria y gratuita brinden anuncios de flagelos sociales, cumpliendo así una función educativa dentro de las sociedades”, subraya la iniciativa.

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Además, estipula la restricción de actos que hagan alegoría relacionados con la producción, distribución y consumo de drogas a través de canciones (narcocorridos) y hasta narconovelas.