La amnistía favorece a acusados de corrupción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La puerta se está abriendo de par en par a beneficio de muchos exfuncionarios acusados de corrupción para que puedan salir de prisión o recibir el indulto aduciendo que sufrieron persecución política luego del golpe de Estado de 2009.

El viernes pasado inició su proceso hacia la libertad absoluta del exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, a quien se le imputaban los delitos de abuso de autoridades y malversación de caudales públicos en el caso conocido como “Carretillazo”.

El mismo proceso está siguiendo Marcelo Chimirri, extitular de Hondutel, quien en el año 2018 fue sentenciado a ocho años y seis meses de prisión por el delito de abuso de autoridad y fraude y nueve años de prisión por enriquecimiento ilícito.

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Todos estos procesos se están ejecutando bajo el amparo de la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, que ha sido bautizada como un nuevo pacto de impunidad.

El decreto abarca a todos los requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el golpe de Estado y por actos propios del ejercicio de su función pública, procesos que fueron calificados como políticamente motivados.

Lester Ramírez, representante de Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), recomendó estructurar un protocolo o procedimiento para elegir a los beneficiarios de una amnistía. “Esto es necesario para que quienes apliquen presenten a las instancias judiciales y de derechos humanos todas las pruebas que ameriten otorgar o denegar la amnistía y así haya transparencia y un debido proceso”, expresó.

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“Las buenas prácticas en otros países indican que se debe establecer una comisión interinstitucional que revise las solicitudes de amnistía y poder demostrar que donde hay indicios razonables de los casos de corrupción u otros delitos, no se concede el perdón”, dijo.

Por ejemplo, en el caso de Chimirri se debe demostrar que hubo persecución política en su contra y eso implica presentar testimonios, documentación, denuncias que se hayan hecho a instancias internacionales de esa persecución y que afectó a esa persona.

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