Ana García: Contamos con los argumentos suficientes para evitar extradición de JOH

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La ex primera dama de Honduras, Ana García de Hernández aseguró este sábado que cuentan con los argumentos suficientes para demostrar que su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández, no puede ser extraditado a los Estados Unidos.

Lo anterior, a pocas horas de conocerse la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en torno a la apelación interpuesta por la defensa legal del exmandatario en contra del fallo del juez natural que aprobó su extradición, luego de una solicitud presentada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

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“Con el equipo se ha estudiado cada uno de los argumentos y todos tienen el peso de ley para que la Corte Suprema de Justicia analizándolos dentro de toda la argumentación que hay, sin ningún tipo de presiones, sin ningún tipo de condicionamientos, sino con una aplicación justa de la ley poder otorgar esta apelación y denegando esa solicitud de extradición”, dijo García.

A su vez, enfatizó en que el tratado suscrito entre Honduras y Estados Unidos “no habilita bajo ninguna circunstancia la extradición de nacionales, de ninguno de los dos países. El artículo 8, literalmente dice: ‘Ninguna de las partes contratantes aquí citadas estará obligada a entregar a sus propios ciudadanos en virtud de las estipulaciones de este convenio’”, alegó.

Para la esposa de Hernández, esta es una de las vías que brindaría la posibilidad de que el expresidente se quedara en suelo hondureño, pese a que es acusado de tres cargos de narcotráfico por la corte neoyorquina.

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García añadió que el equipo de abogados también se ampara en el nuevo Código Penal que establece que si un hondureño tiene causas abiertas en Honduras no podrá ser extraditado.

“El mismo Ministerio Público señaló que hay 32 denuncias en contra de mi esposo, la mayoría relacionadas con su función de funcionario público, como ser abuso de autoridad, violación de los funcionarios públicos... traición a la patria y otros más”, argumentó. Dejando claro que esto no confirma que Hernández sea un delincuente.

“Él es inocente. Nosotros hoy estamos siendo víctimas de una conspiración, de una venganza de los mismos narcotraficantes que fueron perseguidos, que se entregaron, que fueron extraditados o que salieron del país, asesinos confesos que tienen negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para rebajar sus condenas”, expresó García, tal y como lo ha hecho en ocasiones anteriores.

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Estos “son testimonios de hombres llenos de venganza y de maldad que por años cometieron todo tipo de delitos en nuestro país, causando muerte y dolor, y que fueron combatidos de frente por Juan Orlando y por el gobierno de la República”, prosiguió.

El pleno de la CSJ ha sido convocado para este lunes en horas de la mañana. Los magistrados decidirán si ratifican o no la decisión tomada por el juez natural el pasado 16 de marzo, donde se dio luz verde a la extradición del dos veces presidente de Honduras.

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“La ley nos da tres días hábiles a efecto de poder realizar el pleno”, afirmó el presidente de la CSJ, Rolando Argueta. El titular del Poder Judicial argumentó sobre este proceso de extradición que “debemos de darle curso en torno a la Constitución (de la República), la legislación, los convenios y el auto acordado (de extradición)”.

Al consultarle si el lunes sería el día en que se tomaría la decisión final de la extradición o no del exmandatario hacia los Estados Unidos, reconfirmó: “Así es, el próximo lunes”.

En relación con que si es casi un hecho de que el exgobernante se irá extraditado, expresó: “No. Nosotros tenemos que hacer una verificación y para eso es la sesión del pleno de la CSJ”.

La postura de la defensa

El viernes, a eso de las 2:00 de la tarde, los apoderados legales del exmandatario acudieron a la CSJ para notificarse de que el recurso de apelación con los agravios presentados fue recibido por Argueta.

De confirmarse la extradición, la normativa legal no establece ningún plazo para la fecha del traslado. Dependería de la coordinación entre las fuerzas de seguridad del Estado hondureño y la Embajada de Estados Unidos en Honduras.