CNA denuncia “la jugada adelantada de JOH” valorada en 60 millones de lempiras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A una semana de conocer la resolución final en torno a la extradición de Juan Orlando Hernández, la ex primera dama de la nación, Ana García, realizó el traslado de dos propiedades a un banco hondureño en concepto de pago de deuda. Su valor asciende en alrededor a los 60 millones de lempiras. Así lo denunció el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) este martes.

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De acuerdo a lo desvelado por el ente, García habría hecho el traspaso de tres propiedades en total en nombre de Juan Orlando Hernández e Inversiones del Río S. de R.L.

Una de ellas el 6 de octubre de 2020. En la denuncia el bien inmueble aparece como San Francisco del Corral y San Felipe, por un valor de 41.2 millones de lempiras (L 41, 220, 000.00).

La segunda en el Hato de Enmedio y Villa Palmeras por 28.2 millones (L 28, 255, 075.96) y con fecha 21 de marzo de 2022, siete días antes de ser ratificada la extradición del expresidente.

En ese mismo día, Ana García trasladó la propiedad Finca Rústica ‘El Higuerito’ a dicha institución financiera como dación en pago. Esta última a un valor de 31.8 millones (L 31, 864, 220.00).

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En total, los tres bienes inmuebles representan un monto de 101, 339, 295.96 millones de lempiras.

Al respecto, el CNA cuestionó que el Ministerio Público (MP) no haya aplicado la acción de privación de dominio, “cuando existen indicios de que son producto del narcotráfico”.

La entidad calificó como de “jugada adelanta de JOH” el movimiento de propiedades hecho con ayuda de su esposa y que en un solo día alcanzaron los 60 millones de lempiras.

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Es preciso recordar que el pasado 17 de marzo, un día después de que el juez de primera instancia diera luz verde a la extradición de JOH, la Procuraduría General de la República (PGR) instó al Ministerio Público proceder -de inmediato- al aseguramiento e incautación de los bienes muebles e inmuebles a nombre de Juan Orlando.

En el escrito firmado por Manuel Antonio Díaz Galeas, procurador general, se solicitó al fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla, dar paso a la aplicación de los artículos 8, 32 y 33 de la Ley de Privación de Dominio.

Sin embargo, ese mismo jueves, el MP comunicó que actuaría al igual que en otros procesos de extradición.

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“El Ministerio Público es un organismo independiente, funcionalmente de los poderes y entidades del Estado y que actúa en representación y defensa de los intereses de la sociedad hondureña”, dijo Yuri Mora, portavoz del MP.

“Tal y como se ha procedido en casos similares, en coordinación con agencias de investigación nacionales e internacionales, está realizando las diligencias pertinentes conforme a lo establecido con el ordenamiento jurídico nacional y conforme también a los convenios internacionales de los cuales Honduras es firmante”, reiteró para entonces.

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