Resurge necesidad de ciudadanizar las JRV vía reforma a la Ley Electoral

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una reforma que quedó en deuda de parte del tripartidismo en la Ley Electoral fue la ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) para despolitizar estos organismos, en los que quedó evidenciada la adulteración de resultados en las pasadas elecciones generales.

En tal sentido, el diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, presentó el jueves un proyecto de decreto orientado a reformar el artículo 46 de la normativa en vigor referente a la integración de las JRV -anteriormente conocidas como Mesas Electorales Receptoras (MER)- y que sean designados por cada centro de votación.

Aunque la clase política tuvo la oportunidad de propiciar cambios radicales previo al proceso democrático del 28 de noviembre de 2021, las irregularidades detectadas en las actas de cierre de urnas que afectaron con más énfasis a excandidatos del partido de la estrella solitaria ahora se pretende modificar la conformación de esos organismos electorales, donde se originan acciones fraudulentas.

Sin embargo, para que esta enmienda sea procedente requiere 86 votos a favor (mayoría calificada) y de no haber consensos entre las principales fuerzas representadas en el Congreso Nacional solo quedará en “buenas intenciones”.

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Restablecer bono

El Bono Tecnológico para la Productividad (BTP) que se concedía en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales sería restablecido en el agro hondureño por medio de una iniciativa de ley que introdujo el congresista de Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento.

Con la propuesta se crearía un marco legal que busca fortalecer la seguridad alimentaria nacional a través de un programa de carácter permanente, distribuyéndose anualmente al pequeño productor unos 150,000 bonos para siembra de granos básicos.

Por otra parte, se hizo la presentación de un proyecto para dar condecoración póstuma a Orlan Chávez -conocido como el fiscal de oro- consistente en medalla de oro y pergamino especial. Además, la proposición de la distinción abarca otorgar una pensión vitalicia de 15,000 lempiras a Reina Margarita Morales, viuda de quien fue un baluarte en la lucha contra la narcoactividad en el país.

En respuesta a múltiples solicitudes de extradición que llegan al Poder Judicial para su ejecución se nombró el juevesuna comisión especial para investigar a los órganos operadores de justicia en cuanto al cumplimiento de los tratados de extradición.

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