Defensa de JOH apela para que cumpla arresto en casa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El exmandatario Juan Orlando Hernández cumple hoy 96 horas de arresto, solo, en una amplia pero vacía habitación de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales.

El equipo de abogados que lleva su defensa apeló la decisión del juez Edwin Francisco Ortez Cruz de dictarle detención provisional. A pocas horas de que se cumplieran los tres días hábiles tras la audiencia de información, los profesionales del Derecho presentaron una solicitud de apelación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que el exmandatario deje las instalaciones de los Cobras y siga con su sentencia en arresto domiciliario.

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El Poder Judicial deberá responder a la solicitud en los próximos tres días hábiles. Aunque los abogados no ofrecieron mayor información sobre los argumentos, el acuerdo de extradición entre Honduras y otros países establece que se debe garantizar el debido proceso, el respeto a la integridad física, psíquica y moral del o los reclamados, así como los demás derechos y garantías.

En la audiencia de información, el exmandatario le expresó al juez natural que lleva su causa que sentía miedo por las turbas que se formaban en los alrededores de los Cobras.

La defensa de Hernández afirmó que está “emocionalmente fortalecido”, mientras que su esposa, Ana García de Hernández, denunció que no se respetaron sus derechos.

En un comunicado, la Secretaría de Derechos Humanos afirmó que durante la detención no observaron uso de la fuerza y tampoco que “el imputado haya resultado con lesiones por parte de los agentes al momento de su captura, traslado y presentación a medios”.

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Sin embargo, la defensa de Hernández insiste que su defendido estará más seguro en su residencia y aunque la petición fue denegada el mismo día que se solicitó, la defensa apeló la decisión.

Desde que entró en vigencia la extradición en 2014, Honduras ha recibido decenas de solicitudes de Estados Unidos, pero el Estado nunca ha negado ningún pedido, ni siquiera los que tenían procesos abiertos dentro del territorio nacional.

En estos casos la extradición fue diferida, pero el no mostrar negativa para que fueran juzgados en otra nación podría ser un presagio de lo que pasará con la solicitud de extradición del expresidente Hernández, según abogados y analistas consultados.

Desde 2014 hasta finales de 2021, el país extraditó a 27 hondureños, sin embargo, otros 31 casos prefirieron entregarse o fueron enviados desde Panamá, Guatemala, México, Costa Rica y Haití.

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También están los casos de Víctor Lorenzo Flores Pineda, José Rafael Sosa Méndez y Arnaldo Urbina Soto, quienes fueron pedidos en extradición. Las solicitudes fueron aprobadas y luego diferidas por tener procesos pendientes en Honduras.

“El 100% de los extraditados fueron declarados culpables en Estados Unidos. ¿Qué significa? Que cuando ellos solicitan a alguien tienen pruebas contundentes de esa persona”, argumentó el abogado y experto en temas internacionales, Graco Pérez.

En el caso de Hernández, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo acusa de conspirar para traficar una sustancia controlada a Estados Unidos, usar o portar armas de fuego o ayudar e instigar al uso y conspiración para usar o portar armas de fuego.

Estos delitos se equiparan con los de otros extraditados que hoy guardan prisión en cárceles de este país norteamericano.

Solicitudes aprobadas
Honduras recibió de Estados Unidos la primera solicitud de extradición el 27 de marzo de 2014. Carlos Arnaldo Lobo, conocido como “El Negro” Lobo, fue el primer extraditado tras la reforma al artículo 102 de la Constitución, que hasta ese entonces ordenaba que “ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero”.

La reforma permite que otros países procesen a hondureños si existe vinculación a negocios con el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo.

En el caso de “El Negro” Lobo, quien fue extraditado en mayo de 2014, Estados Unidos lo investigaba por cargos relacionados con el tráfico de droga vía marítima. Ese mismo año se declaró culpable y en diciembre fue condenado a 20 años de cárcel.

Juvin Alexander Suazo Peralta también recibió una sentencia igual, pero logró que la redujeran a ocho años. En 2019 salió libre tras colaborar como testigo en casos de otros narcos. Este hondureño fue extraditado a Estados Unidos el 28 de octubre de 2014, 48 días después de su detención en La Ceiba, Atlántida.

Un tercer extraditado fue José Inocente Valle Valle, quien formaba parte del clan Valle Valle. Fue detenido junto a su esposa, Marlen Griselda Amaya Argueta, el 2 de octubre de 2014. Ambos habían sido pedidos para ser procesados en Estados Unidos; el 23 de enero de 2015, un juez aprobó que fueran juzgados en la Corte Federal de Alexandria, Virginia, donde en 2016 fueron sentenciados por delitos de narcotráfico.

José Inocente Valle fue condenado a 10 años de cárcel, mientras que su esposa a seis. El apoderado legal de la pareja afirmó que recibieron esa pena por colaborar con las autoridades. El 5 de octubre de 2014, tres días después de la detención de su hermano, fueron capturados Luis Alonso y Miguel Arnulfo Valle Valle. Los hermanos Valle, quienes formaban parte de una organización que traficaba cocaína desde Colombia, a través de Honduras y Guatemala -según los cargos de las cortes de Virginia y Florida-, fueron extraditados el 18 de diciembre de 2014.

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Dos cortes de Estados Unidos los sentenciaron a 55 años de cárcel. La captura de Héctor Emilio Fernández Rosa fue la última de 2014. En ese año hubo siete detenidos y seis extraditados, pues Fernández Rosa recibió la notificación hasta el 5 de febrero de 2015. En ese año solo fue extraditado él y el policía Wilmer Alonso Carranza. “Don H”, como también es conocido, antes de ser capturado era considerado como “uno de los más prolíficos y violentos traficantes de droga”, según dijo Geoffrey Berman, fiscal general del Distrito Sur de Nueva York, en Manhatan.

Muchos de los narcos hondureños que se entregaron a la justicia estadounidense afirmaron pagar millones de dólares en sobornos para no ser extraditados, pues era uno de sus mayores miedos. En 2016, cuando Honduras se preparaba para elecciones, las autoridades admitieron la extradición de cinco personas, entre ellas Carlos Emilio Arita y Juan Carlos Arbizú.

El primero, que fue enviado a Estados Unidos a mediados de 2016, recibió 20 años de cárcel, mientras que Arbizú fue condenado a 30 años de prisión. Para 2017, Honduras aprobó otras cinco solicitudes de varias cortes de Estados Unidos.

El caso de Sergio Neptalí Mejía Duarte fue uno de los más emblemáticos, ya que se convirtió en la segunda sentencia ejemplar contra un extraditado: recibió cadena perpetua.

Su detención ocurrió el 20 de agosto de 2017 y para el 25 de octubre de ese mismo año, Honduras ya había aceptado que fuera procesado en otra nación por distribuir más de cinco mil kilogramos de droga con el conocimiento que sería transportada ilegalmente a Estados Unidos. Mejía Duarte también fue ligado con Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cartel de Sinaloa, a quien le proveía droga.

Este hondureño fue mencionado por Devis Leonel Rivera, alias “Cachiro”, durante su comparecencia ante una Corte Federal en Nueva York sobre su vinculación en el crimen del zar antidrogas, Julián Aristídes González.

La caída de cada uno de estos hondureños está ligada con otros casos, pues a medida Estados Unidos ahondaba en los testimonios de los extraditados, nuevos nombres salían a relucir. Así como ocurrió en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue mencionado 104 veces en el juicio de su hermano, Antonio “Tony” Hernández.CC-4, como aparece identificado Hernández en las declaraciones recopiladas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, fue uno de los promotores de la reforma a la Constitución de Honduras para aprobar la extradición, pero, entre las paradojas de la vida, ahora está en el banquillo de los acusados.

Desde que fue mencionado por narcos confesos, Hernández se defendió diciendo que se trataba de una venganza, ya que él había promulgado la extradición y que en ese proceso casi una treintena de hondureños fueron enviados a Estados Unidos, incluidos cuatro casos ocurridos entre 2018 y 2020, así como cuatro de 2021.

La extradición de Hernández es la primera solicitada en 2022. Con cuatro reconocidos abogados defendiendo su caso, analistas afirman que al juzgar por las acusaciones y otros casos similares “es inevitable” su condena, según afirmó Graco Pérez. Por su parte, el abogado Ramón Barrios aseguró que “el presidente Hernández no solo va a enfrentar un juicio sino que indudablemente a partir de eso, que se establece una sentencia, va a ser condenado en los Estados Unidos.