Dictan arresto domiciliario contra cinco excongresistas implicados en el caso “Red de Diputados”
De acuerdo a las investigaciones, los imputados solicitaban fondos al Poder Ejecutivo, estos eran entregados a una ONG, la cual enviaba los fondos públicos a los propios diputados.
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TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un juez de letras designado dictó un auto de formal procesamiento y arresto domiciliario contra cinco excongresistas y un representante de una Organización No Gubernamental, implicados en el denominado caso “Red de Diputados”.
“Juez natural designado en resolución de audiencia inicial dicta auto de formal procesamiento contra seis imputados de malversación de caudales públicos y les dicta arresto domiciliario, entre ellos el diputado al Parlamento Centroamericano, Augusto Cruz Asencio”, informó el Poder Judicial.
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Los imputados en este caso son los exdiputados Augusto Domingo Cruz Ascencio; Héctor Enrique Padilla Hernández; Audelia Rodríguez Rodríguez; Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia.
En 2017 el equipo integrado del MP y a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) descubrieron a una Red de Diputados que presuntamente se apropió ilegalmente de fondos públicos destinados a proyectos sociales que fueron desviados para uso personal.
De acuerdo a las investigaciones, los imputados solicitaban fondos al Poder Ejecutivo, estos eran entregados a una ONG, la cual enviaba los fondos públicos a los propios diputados.
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Los diputados recibieron 15 cheques directamente desde la cuenta de la Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras, ente que recibió varias transferencias desde la Secretaría de Finanzas por L. 3´300,000, el 14 y 21 de diciembre de 2015. En total se trasladaron a la ONG L. 8.3 millones de lempiras, incluyendo fondos del Congreso, cuyo destino sigue en investigación.
Los fiscales siguieron la ruta del dinero y se ha comprobado que los recursos públicos fueron desviados hacia los diputados, quienes no tenían ninguna autorización para recibir esos fondos, con lo que se habría perfeccionado el delito de malversación de caudales públicos.
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