Expresidentes hondureños acorralados por la justicia de Estados Unidos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La solicitud de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández no es la única que se ha recibido contra una persona que ostentó el máximo cargo en Honduras, pero sí la primera que se concretó desde el país.

Hernández es el segundo exmandatario solicitado para ser juzgado por la justicia estadounidense y el tercero al que le revocan la visa por estar involucrado en actos de corrupción o vinculado con el narcotráfico, según fiscales de esa nación.

Desde el retorno a la era democrática, en 1982, los expresidentes Rafael Leonardo Callejas, Porfirio Lobo Sosa y Hernández (2014-2022), los tres del Partido Nacional, fueron sancionados con esa medida, pero solo el primero y el último entraron en la lista de extraditables.

Rafael Leonardo Callejas, quien ocupó la silla presidencial desde 1990 hasta 1994, fue el primer exgobernante pedido por la justicia norteamericana, pero antes de que el proceso se concretara se entregó a las autoridades de ese país.

Así, de la noche a la mañana, pasó de ser quien en algún momento tuvo el poder absoluto a su disposición a terminar en una cárcel estadounidense, donde falleció esperando su sentencia.

Bajo otras condiciones, pero siempre señalado por una Fiscalía de Estados Unidos, el expresidente Juan Orlando Hernández fue solicitado en extradición, proceso que se concretó hasta este jueves después de permanecer 65 días detenido en Honduras.

Al expresidente Hernández el gobierno de Estados Unidos le revocó la visa y lo pidieron en extradición en febrero de 2022. El 15 de febrero, un día después de que la solicitud llegó a Honduras, fue capturado.

Según analistas, la detención de Hernández daba indicios de que el país era un “narcoestado”, especialmente después de que en marzo del año anterior condenaron a su hermano Antonio “Tony” Hernández a cadena perpetua más 30 años por narcotráfico a gran escala.

“Estados Unidos está promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer públicas las restricciones de visa contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, debido a acciones corruptas. Nadie está por encima de la ley”, escribió el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York mencionó sumas de dinero provenientes del narcotráfico que fueron usadas para financiar las campañas Hernández. El acumulado llegaba a los 7,415,000 dólares (al cambio actual 182,186,550 lempiras), según un análisis que hizo el equipo de EL HERALDO Plus.

De acuerdo con los documentos oficiales, en 2005, cuando Hernández era diputado del Congreso Nacional y buscaba la reelección en el cargo, aceptó aproximadamente 40,000 dólares de Víctor Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo”, quien guarda prisión en Estados Unidos desde 2018.

A cambio, Díaz Morales, que trabajaba en ese momento con “Tony” Hernández, recibió información y protección para transportar grandes cantidades de droga con destino a Estados Unidos a través de Honduras y hacia Guatemala.

Pero no solo eso, las acusaciones mencionan que recibió dinero del narcotraficante “El Chapo” Guzmán, quien paga una condena de cadena perpetua más 30 años, similar a la de “Tony” Hernández.

El exmandatario fue acusado de tres cargos: (1) Conspiración para importar sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, así como fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y el conocimiento que dicha sustancia sería importada ilegalmente a ese país. De igual manera, fabricar, distribuir y poseer con la intención y distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos.

Asimismo, (2) de usar o portar armas de fuego, ayudar e instigar al uso y el porte y la posesión de armas de fuego, a saber: ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluidas las ametralladoras y los dispositivos destructivos en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos de la que se le señala en el cargo uno de la acusación de reemplazo y ayudar e instigar a la misma.

Y, por último, (3) de conspiración para utilizar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos.

El caso de Porfirio Lobo Sosa es completamente diferente, ya que aunque le revocaron su visa y ha sido señalado en juicios de excapos de la droga, Estados Unidos no ha pedido su extradición.

Lobo Sosa, quien fungió como presidente desde 2010 hasta 2014, dijo en 2019 que desde hace dos años atrás le habían cancelado la visa. En 2019 Estados Unidos lo incluyó en la Lista Engel, una divulgación sobre funcionarios y políticos involucrados en actos de corrupción.

“Yo tengo visa, no tengo nada”, declaró Lobo hace tres años en un programa de televisión y agregó entre risas: “No voy, ni modo, ¿voy a llorar por eso?, ¡nombre!”.

Según Blinken, Lobo aceptó sobornos de Los Cachiros y “actos de corrupción socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas”.

Además, “Pepe” es el padre de Fabio Lobo, condenado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York a 24 años de prisión por delitos de narcotráfico en septiembre de 2017.

En esta lista también figura el extinto expresidente Rafael Leonardo Callejas, a quien también le revocaron la visa en 2006.

El caso de Callejas no fue precisamente por narcotráfico, sino porque en su gobierno (1990-1994) fue considerado corrupto y posteriormente extraditable por suponerlo responsable de recibir sobornos por más de 1.6 millones de dólares en los casos de corrupción de la FIFA, cuando era presidente de la Concacaf.

En septiembre del 2006, el embajador de EE UU, Charles Ford, comunicó que a Callejas se le había cancelado la visa aplicándole la sección 212 F de la Ley Migratoria de Estados Unidos, la cual provee la autoridad para negar la entrada a personas por corrupción oficial pública.

Callejas determinó viajar en diciembre de 2015 hacia el país norteamericano luego que recibiera la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos tras aparecer en un listado de 16 personas involucradas en el FIFAgate.

Desde entonces estuvo en una prisión norteamericana y a la espera de su sentencia, pero falleció en abril de 2020.

En el juicio contra “Tony” Hernández varios excapos de la droga aseguraron que tanto Hernández como “Pepe” Lobo se mantuvieron involucrados en el narcotráfico.

Interrogantes como si estos testimonios son las únicas pruebas o por qué las autoridades hondureñas no sabían nada dejan inquietud entre la sociedad civil.

Para los analistas consultados por EL HERALDO, esto surge por varias razones: una de las premisas que sostienen es que las autoridades norteamericanas al no servirle la persona que sale del poder los castigan por sus actos ilícitos.

“Los actos de corrupción de estos gobiernos, el lavado de activos y narcotráfico no afectan a los Estados Unidos, lo que sí les afecta es la causa por la cual este país no se ha desarrollado por la corrupción”, manifestó el analista Augusto Aguilar.

En esa misma línea de respuesta se mantiene el experto Raúl Pineda Alvarado, quien sostiene que “esto es un mensaje para las personas que están en el poder actualmente, que deben de actuar correctamente o les pasará lo mismo”.

Agregó que “esto es un castigo al salir del poder porque ya no funcionan a Estados Unidos”.

Para el exasesor presidencial Marvin Ponce, un grupo de congresistas y senadores de Estados Unidos han hecho una campaña de odio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, que responde a intereses políticos en el marco de una lucha ideológica entre la izquierda y la derecha del continente.

“Un grupo de senadores y congresistas de Estados Unidos han hecho una campaña de odio tremenda contra el presidente Hernández en el marco del Foro de Sao Paulo, en el marco de las luchas ideológicas de izquierdas derechas. Ha habido una campaña fuerte aprovechando estas menciones que han habido”, sostuvo Ponce.

“Esa diputada Norma Torres pasa tirando candela todos los días, parece más diputada hondureña que senadora norteamericana. Hemos visto realmente motivaciones políticas en este juicio, que han presionado la campaña de odio”, puntualizó.

De los 11 mandatarios que han estado en la silla presidencial desde 1982, solo a integrantes del Partido Nacional les han revocado la visa o solicitado en extradición para pagar condena en Estados Unidos.

Para expertos no se trata de una motivación por ideología, pues hay situaciones puntuales como la del también expresidente de izquierda Manuel Zelaya Rosales, quien ha sido nombrado en la Fiscalía del Distrito sur de Nueva York por narcotraficantes hondureños confesos que ya están pagando una condena.

La acusaciones más recientes son del líder del cartel de Los Cachiros, Devis Loenel Rivera Maradiaga, quien reveló ante un juez y fiscal de Estados Unidos que sobornó en “2006 con medio millón de dólares a Manuel Zelaya Rosales (para) poner de ministro de seguridad a un primo mío”.

Pese a estas declaraciones, las autoridades estadounidenses no revocaron la visa al que ahora es el Primer caballero de la nación, es decir, esposo de la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya.

Ante este escenario, especialistas descartan que conlleve distinción de ideologías políticas, pues los de derechas sí fueron castigados con la revocación y el personaje de izquierda no.

“Ellos saben por qué lo hacen, hay que creer en los fiscales y jueces de Estados Unidos. No creo que ellos se dejen llevar por cuestiones ideológicas, a menos que sea gobiernos que afecten los intereses de Estados Unidos”, explicó Aguilar.

Los hondureños han elevado la pregunta de por qué las autoridades locales no han iniciado una investigación en función de las declaraciones de capos hondureños que han salpicado a estos políticos.

“Esto indica la debilidad del Poder Judicial, Fiscalía, organismos controladores del Estado y hasta la misma policía”, dijo Aguilar, pero hay que entender que en estos entes “hay infiltrados con la complacencia de algunos políticos, ese es el gran problema”.

“Estas personas que se han extraditado no son por iniciativa de Honduras, es por investigaciones de los Estados Unidos, esto demuestra cuán frágil son el Poder Judicial y el Ministerio Público”, analizó.

Para el exfiscal general de la República y actual ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, la Fiscalía y Ministerio Público tienen lo necesario para realizar estas investigaciones, pero el problema es que los políticos sitúan a sus personas de confianza en estos entes y entorpecen cualquier ación que se quiera ejecutar.

“El problema ha sido el sistema de justicia que no ha hecho su tarea correctamente. Si ya tenían denuncias y ya había señalamientos internacionales como el de los fiscales de Estados Unidos, era deber del Ministerio Público iniciar las investigaciones para luego proceder si había causa o no criminalmente”, explicó Orellana a EL HERALDO.

No obstante, reconoció que “el Ministerio Público tiene toda la dotación e instrumentación legal para poder actuar”.

“Desde el momento que se manoseó el Ministerio Público colocando a políticos o a incondicionales de los políticos, la impunidad comenzó a construirse. El problema que tenemos son los funcionarios que han sido nombrados por cuestiones estrictamente políticas partidarias porque el presidente de la república de momento los impuso”, argumentó el exfiscal.

Lo anterior demuestra que el legado de la presidencia en Honduras está manchado y por las primeras acciones del nuevo gobierno de la izquierdista Xiomara Castro tendrán similitud a lo anterior, pero el reto de la mandataria seguirá siendo desmontar el “narco-Estado”.

La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, dijo “que ningún país se siente orgulloso que un expresidente esté en esas condiciones; como país es muy lamentable”

“He escuchado versiones de abogados y personas que en este país luchan porque la justicia funcione, y la opinión es que se aprobó un auto acordado para que los jueces no tuvieran liberalidad de decidir o no debido a las presiones o amenazas que puedan recibir porque sabemos que en el país la justicia no funciona por muchas razones, y sobre todo en un ángulo que va en corrupción, presiones o miedo a tomar una decisión”, añadió.

El nuevo gobierno de izquierda de Xiomara Castro, a través del Congreso Nacional, tiene la crucial tarea de nombrar los titulares de la CSJ y el Ministerio Público (MP), entes que custodian el cumplimiento de la ley y, en específico, combaten la corrupción en Honduras.