Comisión tripartita firma acuerdo para solucionar conflicto en el Aguán

COLÓN, HONDURAS.- LA Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras integrará una comisión tripartita junto al gobierno y los campesinos para ayudar en la solución del conflicto de fincas de palma africana en el Bajo Aguán que ya ha dejado víctimas mortales.

“La oficina está dando seguimiento al conflicto de tierras en el país, uno de los niveles más altos del continente, un conflicto de larga data que tiene sus orígenes en la desigual distribución de la tierra, pero además en la falta de seguridad jurídica en torno a la tenencia, propiedad y uso de la tierra y los recursos naturales”, confirmó Isabel Albaladejo, representante de la OACNUDH en el país.

La oficial indicó que hay múltiples conflictos en el país generados por la labor de proyectos extractivos que se llevan a cabo en muchos casos con incumplimiento de las garantías de derecho de las comunidades afectadas.

En ese sentido, informó que “nuestra oficina va a integrar una comisión tripartita donde estará el gobierno y las víctimas del Bajo Aguán” en la búsqueda de solución.

Primer acuerdo

El martes, tras cuatro días de negociaciones, se firmó un importante convenio con las cooperativas aglutinadas a la Plataforma Agraria, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Bajo Aguán, y el sector agroindustrial de Colón, como primer paso para solucionar la disputa de estas tierras.

Las reuniones fueron coordinadas por la comisión gubernamental enviada por la presidenta Xiomara Castro, que se trasladó desde el fin de semana a Tocoa, Colón.

El ministro de Seguridad, Ramón Sabillón encabezó la delegación y fue acompañado por el ministro y viceministro del Instituto Nacional Agrario (INA); Francisco Fúnez y Rafael Alegría, respectivamente, al igual que el titular de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) José Carlos Cardona.

Puntos acordados

El convenio establece realizar una exhaustiva investigación sobre la tenencia de la tierra, ya que los campesinos y los inversionistas de las empresas invadidas aseguran tener los títulos legítimos de propiedad. Una comisión jurídica de 12 juristas nacionales y de organismos internacionales, debe efectuar las indagaciones sobre las tierras en disputa.

En el acuerdo también se estipuló investigar las violaciones a los derechos humanos del sector campesino y para constatar las denuncias se integrará otra comisión con la participación directa la comisionada de Derechos Humanos y la OACNUDH.

Mientras duren las investigaciones, los campesinos seguirán en poder de las fincas invadidas y cosecharán la fruta bajo la supervisión del INA y la secretaría de Seguridad.

“Acordamos que las partes, campesinos y agroindustriales, deben exhibir sus títulos de propiedad ante los juristas porque ambos alegan ser dueños. Vamos a darle el derecho a quien corresponda porque ya es tiempo que haya paz”, apuntó Francisco Fúnez, ministro del INA.

“Tenemos varios años que no se nos escuchaba y la presidenta Xiomara Castro ha delegado esta comisión muy importante. Hemos logrado un acuerdo muy significativo para los campesinos”, manifestó Johny Rivas, dirigente campesino.