Juan Orlando, del poder casi absoluto a extraditable
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TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Su porte es respetable. Sus 1.71 metros de estatura encierran en un hombre esbelto, con un peso menor a las 175 libras (80 kilogramos), físicamente activo a sus 53 años y con una peculiar nariz.
Tan impecable con su vestimenta como tan meticuloso para hablar. Juan Orlando Hernández entraba diariamente en su oficina ubicada en Casa Presidencial emanando un aroma extravagante, pero agradable.
“Desde que sentía su perfume sabía que estaba por entrar”, dice uno de sus asistentes a EL HERALDO Plus. “Perfumes hay muchos, pero el de él es particular”, añade.
Atrás quedaron esos días: primero porque sus dos administraciones concluyeron y, segundo, porque lo que parecía suceder año tras año en los últimos 40 meses, desde que fue arrestado en 2018 su hermano Antonio “Tony” Hernández por narcotráfico, ocurrió.
Estados Unidos solicitó a Honduras la extradición del expresidente Hernández, sobre quien pesan señalamientos por narcotráfico y corrupción, y que inició con la su detención para seguir el debido proceso.
Hernández es el segundo expresidente pedido en extradición por Estados Unidos, pero el primero por narcotráfico.
La vida del hombre, popularmente conocido como JOH por sus iniciales, se podrían dividir en cuatro periodos: dotes de influencia durante fue estudiante, cargos políticos mientras estuvo en la universidad, su desarrollo en el Congreso Nacional y el poder casi absoluto como presidente de Honduras.
En todas sus facetas fueron varias características las que destacaron, por ejemplo, su terquedad para mantener sus férreas posturas como la Ley de las ZEDE, que la implementó mientras era presidente del Congreso y la echó andar cuando fue titular del Ejecutivo; sus pensamientos para cumplir con sus propósitos, como la reelección presidencial y su disciplina para mejorar en sus puntos débiles, como los más de 50 cursos de dialéctica que aprobó.
Marcado por sus notorias características de liderazgo, según cuenta uno de sus maestros, Hernández, el hijo 15 de 17, completó sus estudios secundarios en el Liceo Militar del Norte, en San Pedro Sula, de donde egresó con el grado de subteniente de infantería.
“Él, desde que estuvo en el Liceo, mostró características de un líder. Durante esa etapa mostró sus convicciones de una gran figura”, relata.
“Se notaba que no sería alguien más del montón, que quería destacar”, detalla.
Y fue así. En sus estudios superiores lo concretó: su andadura en la política empezó desempeñándose como presidente de una asociación estudiantil de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Honduras entre 1988 y 1989, como el primer peldaño de su escalada.
Ochos años después, su habilidad política lo posicionó en un grupo selecto, al que trabajó para llegar: en el cuarto proceso electoral (1997), desde el retorno a la democracia, con unos 28 años de edad se convirtió en diputado para el periodo 1998-2002 representando al Partido Nacional por el departamento de Lempira, un cargo que empezó a edificar su camino diez años atrás.
“Juan Orlando no improvisa”, definió Ismael Moreno, coordinador del Centro de Investigaciones y Análisis de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC), a Hernández, años atrás a un medio internacional.
Y durante su segundo período legislativo (2002-2006) fue elegido como primer secretario de la junta directiva del Congreso Nacional.
Fue en esa misma gestión que propuso junto con Porfirio Lobo Sosa, presidente del Parlamento, que los diputados rindieran obligatoriamente una declaración jurada de bienes ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), así como derogar la inmunidad.
Durante su tercer periodo en el hemiciclo legislativo (2006-2010) fue parte de la Comisión de Presupuesto, en la que logró que la Secretaría de Finanzas rindiera cuentas sobre el estado de los desembolsos a municipalidades y pidió, además, al presidente Manuel Zelaya que solicitara una disculpa pública al mandatario venezolano Hugo Chávez por ofender al cardenal Óscar Andrés Rodríguez.
Además, se desempeñó como jefe de bancada del Partido Nacional de 2005 a 2009 y como secretario general de su institución política tras celebrarse una convención el 15 de marzo, a tres meses del derrocamiento de Zelaya.
Para su cuarto período como diputado, en enero de 2010, el pleno del Congreso Nacional lo eligió como presidente de ese poder del Estado, en el gobierno de Lobo Sosa, quien inició su mandato presidencial en ese mismo tiempo.
Hernández, que dicen era el delfín político de Lobo Sosa, logró la titularidad del parlamento, pese a ser el plan B porque los diputados que buscaban ese cargo eran Antonio Rivera, Celin Discua y Fito Irías.
“Él es una persona que planifica a largo plazo”, asegura uno de sus exasesores. “Y claro, tenía el apoyo del poder”.
Durante la presidencia de Hernández se aprobaron una serie de medidas, como la Tasa de Seguridad, la ley para la creación de Zonas Especiales de Desarrollo, conocidas como Ciudades Modelo, en ese entonces.
El 19 de enero de 2012, el Congreso Nacional de Hernández aprobó la reforma constitucional que permitió la extradición de ciudadanos hondureños, pero solo los involucrados con el narcotráfico, terrorismo y el crimen organizado.
Esa misma acción que él implementó, paradójicamente lo tiene al borde la extradición.
Otros de los hechos es que Hernández maniobró para destituir a cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2012, bajo el argumento que bloqueaban iniciativas planteadas por el Ejecutivo de Lobo y respaldadas por el Legislativo de Hernández.
Sus cuatro períodos como diputado y el liderazgo en el Congreso lo catapultaron a lanzarse en las elecciones internas de 2012, en las que su movimiento, el de los Azules Unidos, fue señalado de fraude.
Ahí iniciaron las acusaciones en su contra, en medio de un caso denunciado por el candidato opositor de esas elecciones, Ricardo Álvarez, por presunta alteración de resultados electorales y compra de votos.
Hernández llegó a la Casa Presidencial por primera vez en 2014 luego de derrotar por 250,000 votos a Xiomara Castro, la esposa del hombre (Manuel Zelaya Rosales) cuyo derrocamiento respaldó por supuestamente intentar reelegirse.
Esa elección, que fue la primera en la participó la actual presidenta, estuvo manchada por denuncias de fraude.
Durante su primer mandato inició un proceso de depuración de la Policía Nacional así como del Partido Nacional, acelerando un cambio generacional que lo ha consolidado como su líder indiscutible.
Favorecido por un fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2015, en el que cualquier expresidente puede aspirar nuevamente al cargo, Hernández se convirtió en el primer mandatario en funciones en ser reelecto desde el año 1980, cuando el país retornó a la democracia después de dictaduras militares.
JOH hizo en la práctica lo que el filósofo y político Nicolás Maquiavelo trató de plasmar en el capítulo XVlll de su libro “El Príncipe”: solo el resultado justifica la acción.
La decisión fue algo que molestó a los principales partidos de oposición y especialmente al exmandatario destituido en 2009, Manuel Zelaya, afirmando que la decisión es ilegal.
Ante estos reclamos, el Poder Judicial se mantuvo firme en su posición.
Tras las elecciones generales de 2017 fue declarado oficialmente como ganador el 17 de diciembre, con el 42.9% de los votos, que representaron 1.4 millones de marcas, casi 50,000 más sobre su oponente más cercano: Salvador Nasralla, de la oposición.
Uno de los dirigentes del transporte pesado cuenta a EL HERALDO Plus cómo JOH apaciguó una catastrófica tormenta. El epicentro era que los involucrados exigían que el gobierno les diera un subsidio.
Hernández los contactó, los hizo llegar a su despacho presidencial, los escuchó, los trató con suma cordialidad y cierto grado de cariño, hasta que los convenció sin una propuesta de solución que desistiera de su objetivo.
“Nos envolvió de una manera que no nos dimos cuenta. Y al final no tuvimos respuesta a lo que queríamos, pero nos trató de una forma diferente”, recuerda Elder, un hombre que habló por cuarenta minutos con Hernández en 2018.
Para Marvin Ponce, exasesor de Hernández, “el presidente fue un verdadero estadista, un hombre con un panorama claro y amplio”.
En cambio, otras personas que fungieron en su círculo cercano de trabajo lo describen como “alguien que sabe imponer sus decisiones con base en sus argumentos”.
Si inició su segundo mandato en medio de disturbios por la polémica reelección, el final de su administración vivió un momento mucho más álgido: señalamientos en una corte de Nueva York por dos poderosos narcotraficantes como el hombre que les dio protección a cambio de sobres con miles de dólares.
Hernández figura ligado al cártel de Los Cachiros, el que en la última década ha controlado el negocio de la droga en Honduras.
Dos de sus líderes, Geovanny Fuentes y Devis Leonel Rivera Maradiaga, quienes esperan sentencia tras ser declarados culpables por narcotráfico, con sus declaraciones han puesto al mandatario contra las cuerdas.
Las confesiones no solo señalan a Hernández, sino que, a Ricardo Álvarez, exdesignado presidencial, al Ejército, a la Policía, así como a otros mandatarios: Manuel Zelaya (2006-2009) y Porfirio Lobo (2010-2014).
Ellos son acusados de recibir coimas para hacer fácil el tránsito de la droga en Honduras.
Los narcotraficantes dijeron, además, que Los Cachiros entregaron a Hilda Hernández, hermana de Hernández, 250,000 dólares en efectivo en 2012, cuando él presidía el parlamento.
Los narcotraficantes pedían a cambio “protección para que ni los militares ni la policía preventiva los arrestaran ni fueran extraditados a Estados Unidos”, dijo Rivera.
Presuntamente Álvarez había prometido eliminar la ley de extradición entre Estados Unidos y Honduras en caso de ser elegido presidente a cambio de 500,000 dólares.
Sobre Manuel Zelaya, Los Cachiros dijeron que pagaron también 500,000 de dólares en 2006 para que nombrara a su primo para el cargo de secretario de Seguridad, algo que no pasó.
Para Hernández, las palabras de los narcotraficantes son porque tratan de reducir su pena.
El hermano de Hernández, ”Tony”, fue condenado a cadena perpetua y, en un documentado elaborado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Hernández fue mencionado al menos 104 veces como CC-4.
Un testigo incluso contó que asistió en 2013 a una reunión en la que Joaquín “El Chapo” Guzmán, exjefe del cártel de Sinaloa, entregó a Tony Hernández un millón de dólares para la campaña presidencial de Hernández.
Hernández hasta hace unas semanas había salido bien librado de todos los señalamientos en función de la relación que tuvo con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Y otro motivo sería porque Estados Unidos no procesa a jefes de Estado en función, pero la situación cambió.
El pasado 7 de febrero el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó que Hernández fue incluido el 1 de julio de 2021 en el listado de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras, por lo que le revocaron la visa.
“Estados Unidos está promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer públicas las restricciones de visa contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, debido a actos corruptos”, detalló Blinken. “Nadie está por encima de la ley”, subrayó.
Hernández, quien dejó la presidencia de Honduras el 27 de enero tras ocho años en el cargo, había implicado por fiscales de Nueva York en nexos con el narcotráfico, pero nunca acusado de manera formal, hasta que, finalmente, Estados Unidos lo pidió en extradición.
En un comunicado, Blinken apuntó que “según múltiples informes creíbles de los medios”, Hernández “se ha involucrado en corrupción significativa al cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico, y al utilizar las ganancias de actividades ilícitas para campañas políticas”.
“Además, Hernández fue identificado por su nombre en el testimonio de un testigo bajo declaración jurada en un proceso penal federal de Estados Unidos por haber recibido ganancias del narcotráfico como parte de la financiación de su campaña”, agregó.
Fiscales estadounidenses se han referido al exgobernante como “co-conspirador”, antes de que se le acusara por tres cargos: uno relacionado a conspirar para importar drogas droga y dos por armas de fuego.
El expresidente Hernández niega todos los cargos y asegura que las acusaciones son una venganza impulsada por los mismos capos de la droga que su gobierno capturó o extraditó a Estados Unidos.
Argumentó que entre 2014 y 2021 se extraditaron 28 capos y otros 31 se entregaron a Estados Unidos, en tanto se decomisaron 41,240 kg de cocaína, entre otros logros de su lucha contra el narcotráfico.
El curso sigue: un juez ordenó la captura del expresidente Hernández para cumplir una petición de extradición de Estados Unidos que lo acusa por narcotráfico, según informó el portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte.
El juez en sus facultades tenía “que decidir si se emite la orden de detención y ya se ha emitido”, dijo el portavoz en rueda de prensa, mientras la vivienda del expresidente seguía rodeada por unos 600 policías desde la noche del lunes cuando se informó de la solicitud.
Hernández, apodado como el “ejecutivo” porque resolvía problemas a su círculo, ostenta el sello de haber sido el presidente más joven, el primero en ser reelecto y el primero en ser pedido en extradición por narcotráfico.
Según los analistas jurídicos, que Estados Unidos haya pedido en extradición a Hernández “es un golpe para la justicia hondureña que siga sin ser efectiva”.
Pero lo cierto es que Hernández, de ser la principal cabeza del país hace exactamente un mes, está al borde de la extradición por narcotráfico, pasando por un proceso de vituperio debido a las acusaciones formales que le ha hecho el gobierno estadounidense.
JOH, el apodo que enmarca al presidente más joven de Honduras por sus iniciales, al único reelecto y al primero pedido en extradición por narcotráfico, bien se personifica en las ideas políticas de Maquiavelo.
Estuvo en contra del continuismo de Manuel Zelaya, pero él se reeligió. Aprovechó el poder de Porfirio Lobo Sosa y cuando no lo ocupó, lo desechó. Usó el lema de “caiga quien caiga” y a su hermano le dieron cadena perpetua en Estados Unidos. En su gestión como presidente se depuró a Ramón Sabillón, quien ahora es el Secretario de Seguridad que lideró su captura. Y pregonó la transparencia, aunque nunca hizo pública sus declaraciones juradas.
Al final, Hernández, de una amplia trayectoria política y siendo un líder con capacidades de influir en los demás, fue derribado tras destruirse su castillo de arena, que duró ocho años y que en las primeras lluvias se diluyó.
El exmandatario hondureño, acostumbrado a derrotar enemigos, materializar planes -de los más perversos a los más altruistas- y resistir embates, se quedó sin su armadura al salir del trono.