La pandilla 18 y la MS-13 controlan a funcionarios penitenciarios en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde hace varios años, investigadores del Estado están dando seguimiento a la estrategia montada por la Pandilla 18 y la MS-13 para controlar a jueces, fiscales, funcionarios penitenciarios y hasta defensores de derechos humanos.

Gracias a este control, mediante sobornos a las autoridades judiciales, penitenciarias y valiéndose de relaciones maritales con empleadas del Centro Penitenciario Nacional de Támara, los cabecillas de estos grupos criminales se fugan u obtienen medidas cautelares distintas la prisión, indican indagaciones de investigadores consultados por este medio.

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Los investigadores relataron que se han topado con una mafia bien estructurada donde por millones de lempiras los jueces hacen su trabajo para dejar vencer los plazos de prisión preventiva y los fiscales simulan que no se dan cuenta, mientras que la estructura dentro de la penitenciaría se pone en acción para agilizar las fugas, haciendo a un lado que algunos internos no podían ser liberados por tener cuentas pendientes por otros delitos.

A una exdirectora y a un exsubdirector del Instituto Nacional Penitenciario (INP) se les investiga por recibir sobornos de la Pandilla 18. Según los hallazgos de los agentes, ellos retiraban grandes cantidades de dinero de un anexo carcelario, de donde operaban los extorsionadores, con la complicidad de un militar que fue jefe de la Policía Antiextorsión.

“Testigos de este hecho sí hay, unos ya fueron eliminados”, relató a EL HERALDO Plus una de las fuentes, que pidió no se le identificara por seguridad.

Los pandilleros también han logrado controlar a los jefes de las prisiones, principalmente los del Centro Penitenciario de Támara.

Dos coroneles, que fungieron como directores de esta cárcel, fueron relacionados con la MS; uno de ellos habría facilitado los uniformes y armas para el violento escape de Alexander Mendoza, alias “El Porky”, el 14 de febrero de 2020. Otro coronel, también exdirector de la cárcel de Támara, tuvo participación directa en la fuga de Osmin Steven Rodríguez Medina, también peligroso pandillero de la MS, a quien el 21 de agosto de 2020 mandó a dejar en un carro del INP a la altura del sector de El Durazno.

Las Fuerzas Armadas dieron de baja a los dos oficiales, pero no enviaron los expedientes al Ministerio Público. Actualmente, los coroneles Mariano Obdulio Pacheco Flores y Edwar Arnaldo Padilla, último exdirector y subdirector del Centro Penitenciario de Támara, respectivamente, son investigados por haber recibido supuestas regalías de la MS.

Según los investigadores, a Pacheco Flores este grupo delictivo le habría regalado una camioneta Honda CR-V, color negro, año 2017, cuyo número de placa aparece a nombre de una dama.

Asimismo, le habrían obsequiado un vehículo pick-up, cabina y media, color anaranjado, año 2019, el cual también está registrado a nombre de una mujer. Tras la destitución de Pacheco Flores y llevado como asesor del entonces director del INP, coronel Javier Portillo, la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus encontró este carro estacionado frente al edificio que ocupaba el Instituto Nacional Penitenciario en la colonia San Carlos de Tegucigalpa.

Los agentes también están tras las cuentas bancarias a las cuales este militar giraba constantes depósitos que superan los 30,000 lempiras cada uno.

De igual manera, los investigadores apuntan a que Pacheco Flores, abusando de su autoridad como director del penal, utilizó a reos, personal y equipo penitenciario para remodelar su residencia en Santa Rita, Yoro. De la misma manera tienen testimonios sobre cómo este oficial se llevó una estufa industrial de la penitenciaría y una gran cantidad de quintales de carne de pollo, arroz, frijoles y harina que era para la alimentación de los reos. Todo esto, presuntamente, fue a parar a un restaurante que él posee en Santa Rita.

Vía telefónica, EL HERALDO Plus trató de conocer la versión de Pacheco Flores, pero no respondió.

Por otro lado, los agentes corroboraron los abusos que Padilla, subdirector de la Penitenciaría, cometía en materia de derechos humanos, torturas, tratos crueles e inhumanos, por lo que está a punto de ir a juicio. También está en la mira por haber, supuestamente, recibido de la MS un vehículo con número de taxi 6276, que los delincuentes usaban para delinquir. Este carro, plaqueado, fue pintado en las afueras del centro carcelario por dos reos, cuyos nombres están en poder de los investigadores.

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Los informes muestran cómo trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas y agentes (mujeres) hacen vida marital con pandilleros de la MS, recibiendo a cambio carros y dinero de estos grupos criminales.

Los investigadores también le han dado seguimiento a un enfermero del hospital a lo interno de la penitenciaría de Támara que se presta para conducir un busito, sin placas, de la MS, y a un administrador que, usando su camioneta Van sin placas, les introduce mujeres prepago a los internos.

De igual forma tienen identificado a un abogado que, estando preso, mantiene relaciones sentimentales con una funcionaria de la penitenciaría; y que además litiga a lo interno de la prisión relacionándose con los abogados del penal para agilizar los casos de los pandilleros.

También poseen una lista del personal del reclusorio que ha ido a vacacionar a Tela y a Roatán, financiados supuestamente por los dos grupos delictivos.

Este control que ejercen los criminales ha dado como resultado, aseguran los investigadores, la fuga o liberación de varios líderes de estas asociaciones ilícitas. El último caso fue el intento por sacar de la cárcel a Carlos Alberto Álvarez, más conocido como el “Cholo Houston”, cabecilla de la MS, tras el supuesto pago de cinco millones de lempiras. En este caso se involucra a una defensora de derechos humanos que lo visita frecuentemente y a un defensor de derechos humanos que habría solicitado equipo para su oficina.

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De este caso, ayer se informó que el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, a petición de la defensa, reprogramó el juicio contra el “Cholo Houston” y otras nueve personas entre el próximo lunes 9 de mayo y viernes 13 de mayo.

Para el defensor de derechos humanos Carlos del Cid, el problema principal de los centros penales “es la corrupción; funcionarios públicos coludiéndose con crimen organizado que no solo son los pandilleros, sino también con esas bandas de empresarios que sobornan para que les asignen la compra de la comida de los presos, u otras tareas que son millonarias dentro de las prisiones”.

“En este momento el sistema penitenciario, es penoso decirlo, pero está en manos del crimen organizado. Las autoridades policiales y militares que han estado ahí anteriormente, por un lado, han tenido miedo y por otro han decidido coludirse con ellos”. Otro aspecto es que la gente que va ahí no tiene la capacidad para dirigir el sistema, sostuvo Del Cid.

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