‘Chimirri no es un preso político’, dice diputada Ligia Ramos

En cuestión de minutos, su tweet abrió debate entre los internautas, quienes emitieron su postura ante la amnistía aprobada en el Congreso de Luis Redondo

La congresista aseguró que Marcelo Chimirri “tiene procesos judiciales antes del golpe de estado”.

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Amnistía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Marcelo Chimirri, exgerente de Hondutel, resultó beneficiado con la nueva Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho o ley de amnistía aprobada por el Congreso Nacional, pues este jueves recobró su libertad.

Ante ello, Ligia Ramos, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), emitió su opinión a través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter. “Chimirri tiene procesos judiciales antes del golpe de estado! No es un preso político!” dijo. “Que cosas, le deniegan al Cofadeh amnistía para verdaderos presos políticos y por otro lado sueltan delincuentes.”, agregó.

En cuestión de minutos, su tweet abrió debate entre los internautas, pues hay quienes catalogan como un nuevo pacto de impunidad la amnistía aprobada en el Congreso de Luis Redondo.

La amnistía refiere que al menos 22 figuras delictivas comprendidas en el conjunto de normas en materia penal que estuvo en vigor desde 1983 y otros 31 ilícitos del nuevo Código serán objeto de absolución.

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Favorecido

La defensa legal de Chimirri, también familiar de Xiomara Castro, se amparó en la mencionada ley para lograr que recobrara su libertad este día. ”De conformidad con lo resuelto por la juez, se consideró pertinente decretar la extinción de la responsabilidad penal a favor del sentenciado y extender la carta de libertad definitiva”, informó Bárbara Castillo, portavoz de los Juzgados en la capital.

Además, explicó a través de una grabación difundida en redes sociales que “la postura del ente acusador del Estado y la PGR fueron que se resolviera conforme a derecho y a la Legislación vigente en el país”.

Chimirri había sido condenado a ocho años de prisión por abuso de autoridad y fraude, y a nueve años de prisión por enriquecimiento ilícito.

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