Ministerio Público interroga a encargada de la UCP por irregularidades en Residencial Morazán

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las investigaciones sobre el fallido proyecto de casas contenedores para los daminificados por las tormentas Eta y Iota continúan. Este miércoles, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) comenzaron una serie de interrogatorios para recabar más elementos que permitan esclarecer el caso.

Según informó el Ministerio Público (MP), los fiscales y agentes del Departamento de Investigación de los Delitos en Contra de la Administración Pública y Patrimonial citaron a declarar a Cristy Dayana Sánchez, quien se desempeñó como encargada de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP).

Sánchez compareció en calidad de testigo para detallar la forma en que se pretendía desarrollar este proyecto, que fue denominado Residecial Morazán y que se ubicó en la salida al sur de Tegucigalpa, en la capital de Honduras.

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Anteriormente, un equipo acudió a las casas contenedores para recabar indicios y evidencias que pudieran comprobar que tal como lo denunció EL HERALDO, existió un desvío de fondos que fueron asignados a la Secretaría de la Presidencia en la administración anterior para que desde ahí se ejecutara el proyecto habitacional.

El Ministerio Público detalló que en dichas inspecciones se procedió a revisar los contratos que fueron firmados entre la UCP y la Secretaría de la Presidencia y se revisaron los contenedores, para comprobar que se encuentran en mal estado, si están todos los que se compraron o como lo denunció el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) hacen falta 15 de ellos que nadie sabe dónde están.

A mediados de 2021, este rotativo destapó, a través de varios reportajes, la falta de transparencia encontrada en todos los procesos en Ciudad Morazán, lo que despertó interés en el CNA, quien tras las investigaciones presentó un informe que detalló que de las más de mil familias que deberían haber sido beneficiadas con el proyecto, solo 23 se encuentran habitando en la zona y de estas, únicamente 10 en realidad fueron afectadas por los huracanes. Además, el órgano de veeduría presentó una denuncia formal ante el MP contra Ebal Díaz, ex secretario de la Presidencia y otros cuatro implicados.

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Por otra parte, según los documentos revisados, hay 286 contenedores respaldados con su acta de recepción, pero fueron comprados 301, misma cifra por la que fueron emitidos los cheques, por lo que Gabriela Castellanos, directora del CNA, preguntó “¿Dónde están los otros 15 contenedores que representan más de un millón 220 mil lempiras?”.

Además, de esos 286 contenedores encontrados solo se utilizaron 118, por lo que los otros 186 no fueron usados, lo que sumado a los 15 que no se sabe dónde están el perjuicio representa L 14,888,338.00.

Este proyecto estuvo a cargo de la Secretaría de Estado en los Despachos de la Presidencia por medio de la Unidad Especial de Ejecución de Proyectos (UEEP) y la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), como un órgano auxiliar encargado de la parte técnica y sería dirigido a familias que vivían en las orillas del río Choluteca, específicamente, en la colonia Las Brisas, La Betania, Brisas de Santa Bárbara y de otras zonas de riesgo.

Ebal Díaz, quien anunció a finales de 2020 que las viviendas serían construidas, es denominado en el caso como “El hombre de atrás” y sería el líder del caso de corrupción; debajo o al frente a él estarían los demás implicados: Erasmo Virgilio Padilla Carías (exasesor de la Secretaría de la Presidencia), Mario León Goméz Marini (exdirector Técnico UEEP), Óscar Rolando Mendoza (exgerente administrativo y adquisiciones UCP) y Dino Francisco Rietti López (exgerente de proyectos Residencias Morazán).

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