Piden más de 16 años de cárcel contra ex primera dama Rosa Elena de Lobo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La audiencia de individualización de la pena en el juicio contra la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo y su ex secretario privado, Saúl Escobar, continúa este lunes en espera que se dicte una sentencia.

Mientras la Fiscalía solicita más de 16 años de cárcel contra “Rosita”, como la llama su esposo, el expresidente Porfirio Lobo Sosa, su defensa pide se le dicte la pena mínima que ronda los nueve años.

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Este 28 de marzo las partes solicitaron al Tribunal imponer las penas concretas para los imputados, quienes fueron hallados culpables de los delitos de fraude continuado y apropiación indebida. Previamente, la Corte Suprema de Justicia debe resolver un recurso de amparo presentado por la defensa de Bonilla de Lobo.

Pena que podría recibir Rosita

El Ministerio Público solicitó al Tribunal imponer a Bonilla de Lobo una pena de 9 años y cuatro meses de prisión, más multa del triple del valor defraudado por el delito de fraude continuado y por el delito de apropiación indebida 7 años, un mes y diez días más la responsabilidad, por lo que la pena concreta solicitada es de 16 años cinco meses y un día.

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Asimismo, la inhabilitación para obtener subvenciones, ayudas públicas, contratar con el sector público y gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social por el doble del tiempo de pena de prisión impuesta, así como la responsabilidad civil.

Entretanto, para el exsecretario privado los fiscales piden 9 años y cuatro meses por fraude más la multa de hasta el triple del valor defraudado, también a la pena accesoria de inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la pena de prisión, así como la responsabilidad civil. Por su parte la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó las mismas solicitadas por la fiscalía.

La defensa de la ex primera dama solicita 6 años y un día (por fraude) y por apropiación indebida continuada 3 años y un día. Para Saúl Escobar la defensa solicita 6 años de prisión más el pago mínimo de multa.

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Los encausados entre los años 2010 al 2014 habrían iniciado un proyecto denominado “Calzando y uniformando la niñez hondureña” de donde se hicieron falsas contrataciones con el objetivo de desviarlos fondos que eran destinados para este proyecto.