Procuraduría solicita asegurar bienes de Juan Orlando Hernández

Lo anterior a razón de la autorización del pedido de extradición otorgado por el juez natural Edwin Ortez a la Corte del Distrito Sur de Nueva York

Entre las propiedades de JOH figuran varias casas ubicadas en Tegucigalpa, así como empresas familiares.

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AL MINISTERIO PÚBLICO

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó este jueves al Ministerio Público iniciar el aseguramiento e incautación de los bienes muebles e inmuebles a nombre del expresidente Juan Orlando Hernández.

Lo anterior a razón de la autorización del pedido de extradición otorgado por el juez natural Edwin Ortez a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la noche de este miércoles.

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En el escrito firmado por Manuel Antonio Díaz Galeas, procurador general, se insta al MP, liderado por Óscar Fernando Chinchilla, proceder a la aplicación de los artículos 8, 32 y 33 de la Ley de Privación de Dominio.

“En aras de velar y defender los intereses del Estado de Honduras, le insto que proceda de manera inmediata a solicitar ante el órgano jurisdiccional competente medidas de aseguramiento e incautación de todos los bienes que posea a su nombre el ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado”, señaló el oficio.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) reveló a inicios de semana su informe “La caída de un expresidente”, donde expone, en 49 páginas, cómo el exmandatario hondureño habría construido su imperio financiado por el narcotráfico y la corrupción.

En el capítulo 3, el CNA detalla que él y su familia lograron obtener numerosas propiedades tanto en Honduras como en el exterior en muy poco tiempo.

Según las investigaciones, el expresidente registró propiedades y empresas junto a su esposa, Ana García de Hernández y junto a sus hermanos y cuñados.

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Algunas de sus posesiones en Honduras se ubican en Tegucigalpa, Lempira y Olancho y estarían compuestas por 109 bienes inmuebles, 11 empresas y 267 millones de lempiras en inversiones, según el documento.

El CNA hace referencia desde un inicio a que fue un rápido crecimiento económico, debido a que a partir de 2010, cuando fue elegido como presidente del Congreso Nacional siendo diputado del Partido Nacional, Hernández y su esposa habrían registrado siete empresas y 60 bienes inmuebles, cuyo valor ronda en 7.8 millones de dólares.

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El expresidente Juan Orlando Hernández está a las puertas de ser extraditado a Estados Unidos para responder por una grave acusación de tráfico de drogas.

El juez natural Edwin Ortez ordenó extraditar al exmandatario de 53 años tras valorar que la carga probatoria enviada por la Fiscalía de Manhattan es suficiente para que sea juzgado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

A las 9:05 de la noche, el Poder Judicial informó de manera oficial la determinación de Ortez, que daba luz verde para la entrega de Hernández.

“Se recalcó que este es un proceso de segundo grado, donde se requiere un mínimo de carga probatoria. El juez determinó coincidir que es precedente la solicitud de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Además el juez estableció que el ciudadano no podrá ser juzgado por delitos distintos en la petición y que no podrá ser juzgado por delitos registrados antes de 2012”, informó Melvin Duarte, vocero del Poder Judicial.

Tras el fallo del juez de primera instancia, el cuerpo de abogados de Hernández anunció que interpondrá un recurso de apelación con la finalidad de revertirlo.

“Se interpondrá el recurso de apelación como está establecido ya que hay puntos muy importantes que pueden ser rectificados por el pleno de la CSJ”, declaró el abogado Félix Ávila, defensor del expresidente, que tiene tres días hábiles para apelar la resolución.

Este recurso se convertirá en la última carta de JOH, el cual será presentado en un máximo de tres días hábiles -hasta el lunes- y de forma inmediata el presidente de la CSJ convocará al pleno para ratificar, revocar o modificar la resolución del juez de primera instancia.

Se prevé que los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia -ocho nacionalistas y siete liberales- sean convocados para emitir la sentencia. De esta convocatoria se excusará el juez Ortez y será sustituido por un magistrado de Corte de Apelaciones Penal.

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