Defensa de JOH presenta un recurso de amparo contra fallo de la Corte Suprema de Justicia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La defensa legal del expresidente Juan Orlando Hernández interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con la finalidad de frenar su extradición.

En el escrito, los apoderados legales de Hernández solicitan que sea admitido con suspensión del acto reclamado, es decir, que se suspenda la entrega del exgobernante a Estados Unidos.

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En otras ocho peticiones de extradición, la Sala Constitucional resolvió que no procede un recurso de amparo en estos procesos.

Algunos juristas aseguraron que el escrito deberá ser declarado inadmisible, porque el pleno de magistrados de la CSJ ya emitió una resolución al respecto.

Los abogados justifican que a su cliente se le violentaron los derechos reconocidos en la Constitución de la República y los tratados internacionales de protección de los derechos humanos.

Juan Orlando Hernández es acusado de los delitos de conspiración para importar y distribuir una sustancia controlada a Estados Unidos, uso y porte de armas de fuego y conspiración para usar armas de fuego.

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras autorizó el lunes la extradición a Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), donde será procesado por narcotráfico, delito que en ese país puede ser castigado hasta con cadena perpetua.

Luego de analizar todos los elementos, la Corte “ha resuelto no ha lugar el recurso de apelación planteado [por la defensa del expresidente]”, lo que significa “que se confirma la decisión del juez de primera instancia, de conceder la extradición del ciudadano Juan Orlando Hernández”, dijo el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte. Esta decisión es inapelable.

Hernández será juzgado por tres delitos. El primero, referido a “conspiración para importar y distribuir una sustancia controlada a Estados Unidos”. En este caso, los 15 magistrados de la CSJ votaron unánimemente para conceder la extradición.

En el caso de los delitos de “uso y porte de armas de fuego” durante la importación de narcóticos, y de “conspiración para usar armas de fuego”, el voto fue de 13 a 2. En caso de extradición, el imputado solo puede ser juzgado por los delitos que autoriza la justicia del país de origen.

“Estamos listos y confiados de poder demostrar ante la justicia norteamericana que estas acusaciones son una trama de venganza de narcotraficantes hondureños” contra Hernández, dijo la familia del expresidente en una declaración.

“Esos narcotraficantes que no pudieron amedrentar a Juan Orlando (...) ahora tienen la oportunidad de golpearlo por otras vías, pero confiamos en la justicia y sobre todo en Dios”, agregaron.

Estados Unidos solicitó el 14 de febrero la extradición de JOH -como se conoce por sus iniciales-, a quien acusa de conspirar para exportar unas 500 toneladas de cocaína a su territorio, desde 2004.

Un día después fue capturado y permanece en una prisión del cuartel de las fuerzas especiales de la Policía, conocido como Los Cobras.

A partir de este momento, las autoridades estadounidenses pueden enviar a sus agentes para buscar a Hernández.

Desde la cárcel, Hernández se defendió, reiterando que es “inocente” y “víctima de una venganza y una conspiración”.

“Estoy seguro que Dios me hará justicia”, dijo en una carta escrita a mano que difundió este lunes.

Reconoció estar viviendo un momento “doloroso” y que es “duro estar separado” de sus seres queridos. “Tres cadenas perpetuas podrían llegar a constituirme en un muerto en vida”.

“Nunca creí que esta lucha por la paz de nosotros los hondureños nos llevaría a ser conocidos como narco-Estado. Sabía que esta lucha no sería fácil, tendría muchos riesgos”, dijo el mandatario.

Estados Unidos lo destacaba inicialmente como un aliado en la lucha contra el narcotráfico y fue uno de los primeros en reconocer su reelección en 2017, cuando la oposición reclamaba fraude, en medio de protestas que dejaron una treintena de muertos.

Hernández calificó las acusaciones en su contra como “una venganza de los carteles” que su gobierno ayudó a extraditar y que ahora buscan rebajar sus penas: “Una trama orquestada para que ningún gobierno vuelva a hacerles frente”.