Su estrategia, su condena: 16 claves para entender la captura del expresidente Hernández

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Como si se tratara del escenario para grabar una película o serie de televisión, cientos de policías irrumpieron en la residencial Palmeras de San Ignacio, una de las zonas más exclusivas de Tegucigalpa, capital de Honduras. Su objetivo: resguardar la casa del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, luego de conocerse que fue solicitado en extradición por las autoridades de Estados Unidos; casi 18 horas después, fue sacado esposado y con chaleco antibalas, ante la sorpresa de todos.

Hernández Alvarado, es quizás el expresidente más polémico de los últimos tiempos en el país, en parte por su reelección en 2018, por las cuestionadas leyes aprobadas en su gestión y por ser mencionado más de 100 veces en los juicios contra narcotraficantes confesos en Estados Unidos.

Sumado a ello, su hermano, el exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado, fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, acusado de narcotráfico y otros delitos.

A continuación repasamos los puntos claves de la orden de captura girada por la Embajada de Estados Unidos a la Cancillería hondureña para su captura y extradición.

Uno de los puntos que ha quedado claro es que las autoridades estadounidenses nada más esperaban que Juan Orlando Hernández saliera de la presidencia para poder hacer efectiva la solicitud de extradición, pues el documento señala que la misma fue emitida el 27 de enero de 2022 a las 3:30 de la tarde, en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, mismo día en el que su sucesora, Xiomara Castro, tomaba posesión en el Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino, en la capital hondureña.

Otro hecho que lo demuestra es la revocación de su visa el pasado 7 de febrero, pero cuya decisión había sido tomada desde julio del año pasado, según explicó el Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Creemos que estos temas son clave para un futuro mejor para Centroamérica. Para avanzar en esta prioridad, estamos desclasificando y publicitando la inclusión del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández a lista de actores corruptos y antidemocráticos de los Estados Unidos, bajo la Sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte-Estados Unidos”, comunicaron, desde el 1 de julio de 2022.

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Pese a que tras su salida del poder se rumoró que Hernández había sido visto en Nicaragua, donde se creía podría refugiarse con su reciente aliado regional, Daniel Ortega, la solicitud de extradición era clara en asegurar que “Hernández ha sido localizado en Honduras”.

El exmandatario, originario de Lempira, es señalado por tres delitos dentro de los que se incluyen distintos cargos, el primero es conspiración, el cual se desglosa de la siguiente manera:

I. Para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo. II. Fabricar y distribuir una sustancia controlada, con la intención y el conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos y III. Fabricar, distribuir y poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos, en violación del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

2. Usar o portar armas de fuego o ayudar e instigar al uso, el porte y la posesión de armas de fuego, a saber: ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluidas las ametralladoras y los dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos de la que se le acusa en el cargo uno de la acusación de reemplazo y ayudar a instigar a la misma, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

3. Conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con o poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos desde al menos en, alrededor de 2004 hasta el 2022 o a proximadamente esa fecha.

En ese último cargo se precisa que el expresidente “participó en una conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares, por rutas aéreas y marítimas, y para transportar las drogas hacia el oeste de Honduras, hacia la frontera con Guatemala, y finalmente a los Estados Unidos. En total, desde aproximadamente el 2004, la conspiración transportó más de aproximadamente 500,000 kilogramos de cocaína a través de Honduras con destino a Estados Unidos.

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La petición de Estados Unidos también refiere que “Hizo que se proporcionara información sensible de las fuerzas policiales y militares a los narcotraficantes para ayudarles en sus actividades delictivas; hizo que miembros de la Policía Nacional de Honduras y de las fuerzas militares protegieran cargamentos de droga en Honduras y permitió que se cometieran actos de violencia brutales con consecuencias”.

Esa misma petición de extradición cita que “según las pruebas y el testimonio jurado en el curso de procedimientos en el Tribunal de Distrito de los EE.UU, Hernández y sus co-conspiradores participaron en numerosos actos para promover los delitos de los que se le acusa por tráfico de cocaína y armas, entre otras cosas.

En ese mismo punto detalla a profundidad las veces en las que “JOH” -como se le conoce popularmente- aceptó dinero procedente de narcotráfico para sus actividades políticas o a cambio de favores de protección.

2005: En el año 2005 o alrededor de la fecha, Hernández, que entonces era diputado y participaba por una reelección para legislar en el Congreso, “aceptó aproximadamente 40,000 dólares en concepto de ganancias del narcotráfico de Víctor Hugo Díaz Morales, alias “EL Rojo””, quien es el antiguo líder de un cartel que operaba en Honduras y Guatemala. Según el documento, su hermano “Tony” fue quien recibió el dinero del pacto, cuya condición era que se les brindara información y protección de las fuerzas del orden.

2009: Para este año, el abogado de profesión comenzó su campaña para convertirse en presidente del Congreso Nacional, entonces, nuevamente, “El Rojo” le habría proporcionado aproximadamente 100,000 dólares para que “si la elección de Hernández tenía éxito, los funcionarios amenos al narcotráfico de Díaz Morales y Hernández Alvarado serían colocados en los principales puestos de aplicación de la ley”.

Entre 2004 y 2016: Según Estados Unidos, Díaz Morales recibió información sensible sobre la aplicación de la ley y las fuerzas militares en Honduras, sus operaciones, los entrenamientos, el alcance de los radares, etc, lo que les permitió burlar las actividades contra el narcotráfico.

El documento sigue detallando que en 2009, Porfirio Lobo Sosa, conocido como “Pepe Lobo” (quien buscaba ser presidente del país mientras Hernández, presidente del Congreso) “comenzó a hacer campaña para convertirse en presidente de Honduras. Alrededor de esa época, Hernández y Lobo Sosa trabajaron juntos para obtener aproximadamente 2,000,000 de dólares de ganancias del narcotráfico de Amílcar Alexander Ardón Soriano, alias “Chande”, narcotraficante juzgado en Estados Unidos y que antes se desempeñó como alcalde de El Paraíso, Copán.

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Según Estados Unidos, a cambio de esa suma ambos líderes del Ejecutivo y del Legislativo acordaron darle protección a “Chande” y además, nombrar a un pariente suyo en un puesto del Estado. Luego, cuando ambos alcanzaron el poder en 2010, el pacto se cumplió y ese familiar de Ardón, identificado únicamente como “CC-1”, pasó a dirigir una agencia gubernamental desde donde, según las autoridades estadounidenses, se adjudicó contratos a compañías ficticias controladas por narcotraficantes, desde donde, se les ayudó a lavar dinero.

Tiempo después, Ardón y el expresidente Hernández habrían participado en el traslado de “múltiples cargamentos de cocaína al mes”, usando varios medios de transporte como barcos, helicópteros y aviones, de los cuales, al menos uno de los helicópteros tenía registro estadounidense.

Durante esa alianza entre el exalcalde de El Paraíso, Copán y el expresidentde de Honduras se estima que se trasladó 30,000 kilográmos de cocaína con destino a Estados Unidos, varios de esos paquetes habrían sido sellados con las iniciales “TH” y “AA”.

Luego, en 2012, siendo presidente del Congreso, JOH, aprobó una ley que autorizaba la extradición de ciudadanos hondureños a Estados Unidos, para ser procesados por cargos de narcotráfico, pero según el Distrito Sur, esto solo sería aplicado a sus adversarios, pues seguía en pie la promesa de proteger a sus aliados en el narcotráfico, además, estaba próximo a su candidatura presidencial y nuevamente necesitaba apoyo de ellos.

Es esa misma ley la que ahora podría permitir su extradición hacia Estados Unidos, tras su captura realizada este martes 15 de febrero en horas de la tarde.

LLegó el 2013, y según los investigadores, nuevamente Hernández Alvarado recibió dinero del narcotráfico para financiar su campaña, esta vez, de Joaquín Guzmán Loera, conocido mundialmente como “El Chapo”, líder del cártel de Sinaloa, que opera mayoritariamente en México.

Aproximadamente 1,000,000 de dólares habrían sido entregados al expresidente hondureño para su primera campaña presidencial, “envió a Hernández Alvarado (Tony) y a un socio, armados con ametralladoras, a recoger el soborno de 1,000,000 dólares estadounidenses de Guzmán Loera, Hernández (JOH) prometió seguir protegiendo las actividades del narcotraficante del cártel de Sinaloa en Honduras”, cita el documento en poder de las autoridades hondureñas y enviado por Estados Unidos.

Para 2013 y 2014, el expresidente se habría asociado con Geovanny Fuentes Ramírez, quien fue catalogado por Estados Unidos como “un violento narcotraficante hondureño que operaba un laboratorio de cocaína en Honduras”. Según la información en su poder, Fuentes le dio a JOH 25,000 dólares a cambio de protección, ante lo que el mandatario también le habría pedido el control de un laboratorio cercano a Puerto Cortés y además, acordaron el uso de personal de las Fuerzas Armadas para custodiar las actividades de narcotráfico de Fuentes Ramírez. Además de ello, el expresidente le habría dicho que su hermano Tony era quien estaba dominando el negocio ilícito en el país, por lo que ahora él debía reportarle sus actividades y habría manifestado que iba a “meterle droga a las narices a los gringos”.

En ese mismo año, 2014, el expresidente se habría reunido con Ardón y CC-1 para planificar la forma de extraditar a Miguel Valle y Luis Valle, líderes del cártel de los “Valle Valle”, con quienes habrían sido socios, pero que según las autoridades estadounidenses, querían asesinar al expresidente, por lo que este al darse cuenta, tomó cartas en el asunto.

Nuevamente para 2017, cuando Juan Orlando Hernández buscaba la reelección, pidió ayuda económica a Ardón. Este habría aceptado a cambio de continuar con la protección que se le venía brindando y le dio 1,500,000 dólares, para, entre otras cosas, “sobornar a otros políticos y funcionarios electorales”, según el documento.

Finalmente, las acusaciones señalan que tras la captura y condena de su hermano,”Tony”, Juan Orlando “continuó coordinando estrechamente con los narcotraficantes en Honduras, para promover la conspiración, tanto así que Geovanny Fuentes, quien posteriormente fue extraditado, habría visitado la residencia presidencial para pagarle un nuevo soborno, según la solicitud de extradición.

El documento también detalla que entre las pruebas que están siendo usadas contra el exmandatario hondureño se encuentra una fotografía rescatada del teléfono celular de su hermano, donde se observa una ametralladora con el nombre del expresidente y un libro de anotaciones de otro narcotraficante, donde se incluían las iniciales “JOH” y las cantidades de dinero a cambio de las entradas de droga.

Además, se menciona la muerte violenta de un reo en Honduras, identificado como “CC-2”, que corresponde a Magdaleno Meza, quien fue asesinado con armas de fuego y machetes el 26 de octubre de 2019, y quien se presume fue atacado para evitar su posible colaboración con las autoridades, en contra de entre otros, Juan Orlando Hernández.

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