Xiomara Castro reconoce sentencia por crimen de mujer trans y ordena cumplir medidas de reparación

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La presidenta Xiomara Castro reconoció este lunes la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se condenó al Estado de Honduras por el asesinato de Vicky Hernández, una mujer transgénero que fue asesinada el 28 de junio de 2009, en el marco del golpe de Estado.

Vicky Hernández tenía 26 años cuando caminaba por un sector de San Pedro Sula y fue asesinada de un disparo en la cabeza por miembros de la Policía, quienes habían comenzado a patrullar las calles desde muy temprano, el mismo día en el que se ejecutó el golpe de Estado. De ese modo, ella se convirtió en la primera víctima mortal en medio de la crisis política de ese momento.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió estudiar el caso, pues Vicky, además de ser una mujer trans, era activista por los derechos de la comunidad LGTBI en Honduras y era una trabajadora sexual. En junio de 2021, se emitió la resolución que condenó a Honduras por el crimen y culpó al Estado por la “violación del derecho a la vida y la integridad de Vicky, y en especial, contra las mujeres trans trabajadoras sexuales”.

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Entre las medidas de reparación que la corte le solicitó al Estado de Honduras estaba continuar las investigaciones del homicidio, llevar a cabo “un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional”, la implantación de una beca educativa para mujeres trans, que debía llevar el nombre de Vicky Hernández, la creación de un plan para la capacitación para los cuerpos de seguridad, la adopción de un procedimiento para reconocer la identidad de género en los documentos de identidad y en los registros públicos y la adopción de protocolos para el seguimiento y la investigación de casos de violencia contra las personas LGBTI.

Es por eso que este día se llevó a cabo un acto conmemorativo en la ciudad de San Pedro Sula, en presencia de la madre de Vicky y otros familiares. El evento también contó con la representación de autoridades nacionales como la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, el canciller Enrique Reina, representantes de colectivos LGTBI y la presidenta de la Fundación Robert F. Kennedy “Human Rights”, Kerry Kennedy.

En Tegucigalpa, de manera simultánea, participó la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien reconoció la sentencia y se comprometió a cumplir con cada una de las medidas de reparación exigidas.

“Reconocemos ante la comunidad internacional, el pueblo hondureño y la familia de Vicky Hernández la responsabilidad del estado de Honduras en los hechos que habrían llevado a su muerte, ocurrida el 28 de junio de 2009 al encontrar que la violencia ejercida en su contra fue en razón de su expresión e identidad de género”, manifestó la mandataria.

Ante esto, pidió disculpas por el crimen y recalcó que su muerte no fue investigada con la debida diligencia, vulnerando los derechos a las garantías del debido proceso, porque las circunstancias de la misma siguen sin haberse establecido.

“En nombre del estado de Honduras y como presidenta de la República, primero, se asume la responsabilidad de este vil crimen cometido contra Vicky y su familia, como una flagrante violación a los derechos humanos”, comenzó diciendo Xiomara.

Castro, dijo que se tomarán acciones para promover y continuar con las investigaciones, se emitirá una beca de estudios para Argelia Johana Hernández, sobrina de Vicky, se realizará un documental audiviosual sobre la situación de violencia que enfrenta la comunidad LTBI y las mujeres trans, se otorgará una beca educativa denominada “Vicky Hernández” y será destinada para que las mujeres trans puedan estudiar.

Además, se impartirán capacitaciones para los agentes de seguridad y se diseñará un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los caso de violencia contra las personas LGTBI, y pagar las cantidades fijadas en las sentencias por concepto de indemnizaciones y gastos.

Por otro lado, ordenó la creación de un procedimiento de identidad de género, que permita a las personas adecuar sus datos de identidad en los documentos y registros públicos, en conformidad con su identidad de género autopercibida.

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