Fiscalía de EUA presiona para confiscar $15.5 millones a Juan Orlando Hernández

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- La Fiscalía de Estados Unidos reiteró su exigencia para que al expresidente de Honduras (2014-2018 y 2018-2022) Juan Orlando Hernández le sean confiscados más de 15.5 millones de dólares.

Además, a eso suman la confiscación de 1 millón de dólares adicionales.

“El 17 de julio, Estados Unidos reiteró su exigencia de confiscación de 15 millones de dólares: sobornos que el acusado recibió personalmente, incluido 1 millón de dólares”, dice parte del escrito que fue compartido por la agencia de noticias Inner City Press.

De acuerdo al gobierno de Estados Unidos, Hernández recibió esa cantidad como pago de sobornos para financiar su campaña política y llegar a la presidencia de Honduras tras una megaconspiración con otros cárteles de droga en el país.

Además, el escrito informa que esta postura por parte de la Fiscalía de EUA se mantiene luego que el exmandatario hondureño presentara su escrito de apelación.

Cabe resaltar que JOH el pasado -10 de julio-, mediante su abogado Renato Stabile, presentó a través de su defensa una apelación contra su sentencia y el millonario decomiso.

Hernández se opuso a la confiscación de más 15.5 millones de dólares y aseguró, mediante su defensa, que durante el juicio no se pudo acreditar los supuestos sobornos recibidos.

“El gobierno (la Fiscalía) no ha podido probar que el señor Hernández recibió personalmente $15,525,000 como producto de algún delito. En la mayoría de los casos anteriores, no hay evidencia alguna de que el dinero pagado por varias DTO (organizaciones criminales) a terceros llegara al propio Hernández”, señala la moción presentada por el abogado Renato Stabile, apoderado legal del exmandatario.

Agrega que, “en los casos en los que el gobierno presentó pruebas de que se pagó dinero directamente a Hernández, las pruebas son insuficientes para satisfacer la carga de la prueba del gobierno al solicitar el decomiso y el Tribunal debería negarse a ordenar cualquier cantidad de decomiso en este caso”.

Según el escrito de Stabile, la evidencia en el juicio mostró principalmente que otras personas recibieron dinero de varias organizaciones; Los Valles, Los Cachiros, Ardón, El cartel de Sinaloa, pero hubo poca evidencia de que parte de ese dinero fuera recibido por Hernández.

“En la medida en que hubiera evidencia de dinero pagado directamente a Hernández, este Tribunal tendría que acreditar plenamente el testimonio no corroborado de narcotraficantes y asesinos en masa, como Alex Ardón, Leonel Rivera, Luis Pérez y Fabio Lobo, para poder concluir que se pagó dinero a. Hernández”, establece el documento.

Los fiscales argumentan que estos 15,525,000 dólares son el total de los bienes que el acusado obtuvo personalmente a través de la comisión del delito de conspiración para importar cocaína, según se detalla en el Primer Cargo de la Acusación.

El documento judicial establece claramente los procedimientos para el cumplimiento de la sentencia monetaria.

Todos los pagos deberán realizarse mediante giro postal, banco o cheque certificado, pagadero al United States Marshals Service y enviado a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York.

De no cubrir el monto de la sentencia, Estados Unidos podría solicitar el decomiso de activos sustitutos de Hernández, por lo que también se solicitó autorizar a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos a realizar cualquier descubrimiento necesario para identificar, localizar o disponer de los bienes confiscables.

Esto incluye la posibilidad de hacer declaraciones, interrogatorios, solicitudes de presentación de documentos y la emisión de citaciones.

JOH fue sentenciado el 26 de junio a 45 años de prisión y 60 meses de libertad supervisada por importación de cocaína y delitos relacionados con armas.

El expresidente, que gobernó el país durante dos mandatos, estuvo en el cargo hasta semanas antes de su extradición a Estados Unidos en abril de 2022.

Hernández fue declarado culpable el 8 de marzo tras un juicio con jurado de tres semanas, por el delito de usar o portar armas de fuego, ayudar e instigar al uso y el porte y la posesión de armas de fuego, conspiración para usar o portar armas de fuego incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos.