Inversión de Inprema en Palmerola
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La Comisión Especial de Transición y Normalización del Inprema, habiéndoles asegurado una espera tanto a los representantes de los colegios magisteriales, como a varios miembros de la Comisión de Transición del nuevo gobierno presidido por doña Xiomara Castro de Zelaya, incumplió su palabra y terminó transfiriendo 110 millones de dólares estadounidenses a favor de Palmerola International Airport (PIA), cuyas siglas son enteramente sugestivas.
Lo curioso de la transferencia aludida reside en la celeridad mediante la cual se efectuó la operación, ya que en apenas siete días antes de la toma de posesión de la nueva mandataria del país se trasladaron US$50 millones el 20 de enero, otros US$40 millones el 24 de enero y US$20 millones el 26 de enero, apenas un día antes de la asunción presidencial.
La prisa con la cual se realizó la referida transacción no puede menos que generar numerosas sospechas, especialmente si se tiene en cuenta que únicamente los últimos US$20 millones se destinaron a la compra de acciones de PIA, mientras los restantes US$90 millones se refieren a deuda.
Lo relativo a la deuda no está muy claro, ya que algunos voceros magisteriales han denunciado que se trata de pagar deuda contraída por PIA con los bancos del sistema financiero hondureño. De ser cierta esta acusación, las cosas se complican demasiado, ya que normalmente al comprar una cartera de deuda o adquirir simples préstamos documentados por los bancos comerciales se acostumbra transarlos mediante un ‘descuento’, que suele ser mayor en la medida que los plazos del financiamiento sean más extensos.
A partir de la obligación del inversionista de realizar una buena diligencia financiera, surgen tres interrogantes: ¿se realizó la gestión debida para obtener el descuento pertinente? ¿El descuento fue el adecuado de acuerdo con las mejores prácticas contables? ¿Quién se quedó con el descuento?
De no producirse un descuento sino una simple operación de inversión en obligaciones emitidas por PIA, todavía queda la necesidad de efectuar una buena diligencia, que entre otras cosas supone invertir ganando una tasa de interés superior a la inflación publicada por el Banco Central de Honduras (BCH), que para diciembre de 2021 ascendió al 5.32%. De no lograr tasas mayores al porcentaje de interés mencionado, se incurre en responsabilidad judicial.