Sindicato del SANAA considera obsoletala Ley Marco de Agua

La Asociación de Juntas de Aguase declaró en contra de la municipalización

Los empleados del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) se trasladaron a la sede del sindicato del Sitrasanaays para emitir el pronunciamiento.

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Pronunciamientos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La mala administración del agua potable y la falta de ejecución de leyes clave han provocado la reacción de diversos sectores.

Uno de ellos es el Sindicato Nacional de Trabajadores del SANAA y Similares (Sitrasanaays), que mediante un pronunciamiento expone cinco puntos en relación al tema del agua de la capital.

El presidente de Sitrasanaays, César Castellanos, fue el encargado de dar a conocer la postura de este ente.En el primer punto detallan que los convenios, programas y préstamos del Banco Mundial y la ayuda de otro organismo internacional se ponen en riesgo con la corrupción y el mal manejo de los fondos. Esto en respuesta a lo que se divulgó en algunos medios de comunicación por la pretensión de frenar el proceso de municipalización en la capital.

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También manifestaron el respaldo a todas las gestiones que realizan las nuevas autoridades del SANAA y gobierno central para el mejoramiento y sostenibilidad de los sistemas que actualmente administran.

Asimismo, indican que se oponen a los procesos de privatización de agua como lo ocurrido en San Pedro Sula y que no pueden entregar la inversión que ha realizado el pueblo hondureño en manos de una empresa privada.

También consideran que la Ley Marco del Sector de Agua y Saneamiento es una ley desfasada y lamentan que una ley que tiene 19 años desde su aprobación no se ha podido concretar por la falta de dinero.

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Por último, exponen que el SANAA no es una empresa en quiebra y aseguraron que son autosostenibles.

Sobre esta situación también se pronunciaron representantes de la Asociación Hondureña de Juntas Administradoras de Agua, quienes se oponen al traspaso del SANAA a la municipalidad y recomiendan que se debe evitar la entrega de obras de captación de agua a empresas privadas.

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